La raíz de todas las crisis de deuda soberana

NUEVA YORK. Ante la crisis crediticia de Grecia, muchos se preguntan si el euro podrá sobrevivir sin una centralización de la política fiscal (algo casi inimaginable). Pero hay una solución más fácil. Los gobiernos no pueden endeudarse irresponsablemente en los mercados de crédito internacionales si no hay alguien dispuesto a prestar irresponsablemente.

De modo que las autoridades encargadas de vigilar a los bancos deberían impedir que las instituciones bajo su control otorguen créditos de esa manera.

Prestar dinero a gobiernos extranjeros es, en muchos sentidos, inherentemente más arriesgado que invertir en títulos de deuda privada no asegurados o en bonos basura. Cuando un ente privado necesita un préstamo, por lo general debe empeñar algún tipo de garantía, por ejemplo, una vivienda.

La garantía sirve para limitar el riesgo de pérdida del inversor, a la vez que el temor a perder los activos empeñados incentiva a los deudores a actuar con prudencia.

Pero los gobiernos no ofrecen garantías, y su principal incentivo a devolver lo prestado (el temor de perder acceso a los mercados de crédito internacionales) se deriva de una adicción perversa. Los gobiernos que están obligados a pedir una y otra vez grandes sumas de dinero en el extranjero son precisamente aquellos que muestran una incapacidad crónica de financiarse con impuestos internos o con préstamos en el mercado local.

La necesidad imperiosa de recurrir a inversores extranjeros suele ser resultado de un desgobierno profundamente enraizado.

Por lo general, los préstamos mercantiles se rigen por contratos que limitan la capacidad de los deudores para correr riesgos. Las condiciones para la obtención de préstamos o para la emisión de bonos normalmente obligan al beneficiario a tener siempre disponible una cantidad mínima de capital propio o efectivo. Pero los bonos públicos no responden a contratos semejantes.

Además, si un particular tergiversa su situación financiera para acceder a un préstamo bancario, puede acabar en prisión. Y las leyes que rigen los mercados de valores obligan a los emisores de bonos corporativos a informar claramente sobre todos los riesgos posibles. Pero, como nos enseña la caída de Grecia, los gobiernos pueden falsear la realidad descaradamente o cometer fraude contable sin temor a sanciones.

Cuando un ente privado no paga sus deudas, se inicia un procedimiento de quiebra o reorganización bajo la supervisión de un tribunal competente, por el cual incluso los acreedores sin garantías que reclamar tienen alguna esperanza de recuperar una parte de lo invertido.

Pero para los estados soberanos no hay procedimientos de quiebra ni una jurisdicción legal donde renegociar sus deudas.

Peor aún, cuando los estados colocan títulos de deuda en el extranjero, suelen estar denominados en una divisa cuyo valor no pueden controlar. Por eso, en la mayoría de los casos no pueden apelar a devaluar su moneda en un intento encubierto de reducir gradualmente la carga de la deuda.

Se dice que la deuda pública es más segura, porque los estados pueden recaudar impuestos, mientras que los deudores privados no tienen un derecho legal a recibir ganancias o salarios que les permitan cumplir con sus obligaciones. Pero en la práctica, la capacidad de recaudar impuestos es limitada.