Peso económico de la planilla estatal supera los $2 mil millones hasta julio

El sueldo bruto de la planilla del sector público se incrementó 4,0%, de enero a julio de 2024, comparado con igual periodo del 2023, según el Informe de la Planilla del sector público al 31 de julio de 2024 de la Contraloría General de la Nación (CGN).

Hasta el séptimo mes del presente año, el sueldo bruto pagado de la planilla estatal ascendió a $2.986.962 superando los $2.871.217 reportados el año pasado, lo que muestra un incremento de $115.745 millones o 4,0% para este último periodo.

Para tener una idea del peso económico de la planilla estatal en los primeros siete meses del año, en el informe de la Contraloría se observa para julio 2024 un promedio total de 258.859 funcionarios, un aumento de 2.835 (1,1%) con respecto al 2023 (256.024). Ver gráfica.

Los 258.859 funcionarios del sector público representaron un sueldo bruto de $423,5 millones, de los cuales $394,7 millones corresponden al pago de 223.607 funcionarios permanentes y $28,8 millones a los 25.252 eventuales. Con respecto a junio de 2024, la planilla pagada del sector público disminuyó en 3.471 funcionarios.

Desglosado por sector, el monto de la planilla durante ese mes comprende $267.4 millones pagados a funcionarios del Gobierno Central y $156.1 millones a funcionarios del sector descentralizado, del cual $122.2 millones corresponden a instituciones descentralizadas, $21.3 millones a empresas públicas y $12.6 millones a los intermediarios financieros.

Según la Contraloría General, en el mes de julio, la planilla del sector público reflejó una baja tanto de empleados (3.471) como en salarios ($16.2 millones), producto del periodo de transición por la nueva administración presidencial de José Raúl Mulino.

Por ejemplo, la reducción de 3.471 funcionarios se dio principalmente en los de condición de permanentes y en instituciones como la Caja de Seguro Social, la Asamblea Nacional de Diputados y el Ministerio de la Presidencia.

Para los economistas Raúl Moreira y Raúl Bethancourt el aumento que tiene la planilla del Estado en casi nueve meses se debe a factores como las leyes especiales y las nuevas contrataciones con altos salarios.

Explicaron que las leyes especiales, por un lado, permiten que varias profesiones reciban automáticamente aumentos salariales, como es el caso de los educadores, trabajadores sociales y el cuerpo de salud, que a través de sus diferentes gremios han pactado con el Gobierno un incremento escalonado de sus salarios.

Para Bethancourt, quien es miembro del Colegio de Economistas, es importante que el gobierno defina de qué forma pretende controlar los gastos de su planilla si va a seguir honrando los compromisos que tiene con los diferentes gremios.

Criticó que “desde el gobierno pasado el entonces ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, venía diciendo que el aumento en la deuda pública se debía principalmente por los montos productos de los compromisos que tenía el gobierno con los diferentes gremios a partir de leyes. Esto ha obligado a la administración pasada y a la actual a cumplir con eso, estamos hablando de las leyes especiales”.

Moreira, por su parte, dijo que la otra causa del aumento de la planilla se debe a nuevas contrataciones, pero con mejores salarios, a costa del despido de otros. “Se ha despedido a una gran cantidad de funcionarios, pero los que están nombrando están siendo remunerados con salarios mayores a los que estaban anteriormente”, cuestionó el economista.

Bethancourt coincidió con Moreira y manifestó que más personal representa un aumento sistemático de los montos que están ganando los diferentes funcionarios, cuando es el propio gobierno el que ha anunciado que sus libros están en números rojos.

“Contratar más significa una contradicción, pero contratar más con más dinero, representa una contradicción mayor. Esto indica que se están pactando nuevas contrataciones con nuevos salarios, a costa del despido de un número considerable de personas alegando que no hay fondos”, subrayó el miembro del Colegio de Economistas.

Asimismo, Bethancourt indicó que el aumento de la planilla estatal también se debe al compromiso o los pactos que debe asumir el gobierno con los partidos políticos. “Si no hay un divorcio y no entramos a definir adecuadamente que el gobierno debe funcionar al margen de los intereses políticos, simplemente vamos a seguir ahondando en la crisis”, advirtió.

Moreira recordó que la planilla solo debe aumentar con base en lo que establece la Ley de Responsabilidad Social y Fiscal, en aquellos sectores como educación, salud, seguridad, y el resto hacerlo en función del crecimiento de la economía.

Por otra parte, el aumento de la planilla del Estado tiene mucho que ver con la deuda pública, ya que Panamá para poder sufragar sus inversiones y los gastos de funcionamiento tiene que recurrir a empréstitos, señaló el representante del Colegio de Economistas.

Agregó que con la pérdida del grado de inversión, el gobierno enfrenta el desafío de que cada vez que solicite nuevos empréstitos los costos serán más caros, es decir, las tasas de interés serán más elevadas y, por lo tanto, más onerosas para el pago de intereses y capital

“El aumento de la planilla comienza afectar de forma negativa los equilibrios que debe mantener el gobierno para poder lograr nuevos empréstitos porque si no mantiene los equilibrios y no cumple con la normativa y los pactos con bancos internacionales se alejaría de la esperanza de volver a alcanzar algún grado de inversión en el corto plazo”, manifestó Bethancourt.

Moreira comentó que un tema que hay que tomar en cuenta cuando se habla de la reducción del tamaño de la planilla estatal es analizar las consecuencias que habrá para la economía, porque independientemente del cargo que tenga en una institución, hablamos de personas que aportan a la Caja de Seguro Social, tributan para el Tesoro Nacional y realizan consumo de diferentes servicios. “Si ellos salen del sistema, también dejan de aportar al país, y al final estaríamos generando más informales y desempleados porque tampoco hay garantías de que el sector privado los pueda contratar, entonces, al final, estas personas no van a tener a dónde ir y eso tendría un efecto en la economía”, subrayó.

En este contexto, Bethancourt indicó que el sector privado se ve beneficiado cuando hay una mayor contratación, porque eso genera una circulación de dinero en el mercado y, por lo tanto, estos trabajadores pueden gastar más.

“Si se gasta más puede haber mejores contrataciones y si hay mejores contrataciones entonces se sigue produciendo y consumiendo más materia prima. Entonces, sí hay una repercusión favorable hacia la empresa privada con los aumentos o nuevas contrataciones que hace el Gobierno”, puntualizó.