Ocde, Banco Mundial y ONU Ambiente urgen inversión masiva en infraestructura sostenible

Un análisis de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), el Banco Mundial y ONU Medio Ambiente señaló que será necesaria una inversión anual de $6,9 billones en infraestructura, de aquí a 2030, para garantizar que ésta sea compatible con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París.

El nuevo informe, titulado “Infraestructura para un futuro resiliente al clima”, publicado en el contexto del Foro de Infraestructura de la Ocde, además detalla que la creciente presión de estos eventos climáticos sobre la infraestructura en todos los sectores –desde la electricidad, las redes de comunicación y transporte hasta el agua y el tratamiento de residuos– hace que los países en desarrollo se vean especialmente afectados.

“El tipo correcto de inversión en infraestructura puede ayudar a mejorar la calidad del crecimiento, apoyar la acción climática y al mismo tiempo proteger la biodiversidad y reducir la contaminación, y mejorar la resiliencia por los riesgos del cambio climático”, dijo en el informe el secretario general de la Ocde, Mathias Cormann.

El documento también hizo énfasis en la importancia de desbloquear las inversiones privadas en resiliencia climática, lo cual requerirá planificación de proyectos a largo plazo, reducción de barreras regulatorias, acuerdos efectivos de distribución de riesgos y, cuando sea necesario, el uso estratégico y específico del apoyo público para atraer financiamiento privado, particularmente cuando el cronograma para el retorno de las inversiones en resiliencia puede variar.

Paralelamente, agregó, los activos de infraestructura también representan una parte importante de los daños económicos, pues las pérdidas económicas derivadas de los desastres se multiplicaron por 7 entre los años 1970 y 2010, pasando de un promedio de $198.000 millones a $1,6 billón. Esto, a su vez, multiplica las pérdidas (por ejemplo, pérdida de ingresos) de las empresas cuyas operaciones se ven perturbadas.

Según el informe, los países en desarrollo están significativamente más expuestos a desastres relacionados con el clima, especialmente los países menos desarrollados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), entre 10 y 30 veces más que los países de la Ocde, ya que se enfrentan a una importante escasez de recursos y a mayores costos de financiación, lo que obstaculiza su capacidad para construir infraestructura de calidad.

En esa línea, recomendó que los gobiernos incluyan sistemáticamente la resiliencia climática en la planificación y toma de decisiones de infraestructura, incluso priorizando proyectos sostenibles para ayudar a reducir la vulnerabilidad social y económica, y evitar costos a largo plazo. Las medidas de resiliencia climática también pueden proteger el rendimiento de las inversiones, garantizar la continuidad del negocio y apoyar el crecimiento y el desarrollo económico continuo.

En la más reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), los países se comprometieron a aumentar la resiliencia de la infraestructura para 2030. “Los países deberán tomar medidas para abordar esto, y los gobiernos regionales y locales desempeñarán un papel esencial, siendo responsables del 69% del cambio climático”, sostuvo el estudio.

Subrayó que las temperaturas mundiales récord, alrededor de 1,4 grado Celsius por encima de los promedios preindustriales, provocaron más olas de calor e inundaciones, temporadas de incendios forestales más largas y sequías generalizadas en 2023.

Para abordar los desafíos, el análisis mencionó la necesidad de nuevas formas de asociaciones internacionales y una mayor movilización de recursos por parte de los bancos de desarrollo. Y, además de urgir recursos financieros, también destacó la eficacia de las soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, el uso de manglares o arrecifes de coral para reducir los riesgos de inundaciones costeras o marejadas ciclónicas, a la hora de proporcionar medidas rentables para proteger los activos y servicios de infraestructura.