Moody’s: ‘Panamá mantendrá el control del Canal’

La calificadora de riesgo Moody’s Ratings pronostica que Panamá seguirá manteniendo la soberanía sobre el Canal de Panamá, afirmó en el informe “Gobierno de Panamá: la consolidación fiscal y la reforma de políticas son clave para frenar el deterioro del crédito”, fechado 19 de marzo y publicado ayer, jueves.

Desde la compañía de servicios financieros señalaron que “un cambio en la propiedad del Canal, que resulte en menores ingresos para la Autoridad del Canal de Panamá [ACP, A3 negativa] tendría importantes implicaciones crediticias para el soberano”.

“Consideramos que se llegará a algún acuerdo para abordar las inquietudes de Estados Unidos sobre la presencia de China [A1 negativa] cerca del Canal, lo que mantendrá prácticamente sin cambios los ingresos del gobierno procedentes del Canal”, aseguraron.

“Nuestro escenario base supone que Panamá mantendrá el control”, reiteraron.

El documento reconoce que, pese a esto, no se puede ignorar que las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Panamá, pueden afectar la imagen financiera de la nación.

Entre 2020 y 2024, la ruta marítima representó más de una cuarta parte de los ingresos del Gobierno central entre 2020-2024.

Las próximas decisiones que el gobierno del presidente José Raúl Mulino tome en materia de políticas públicas serán “críticas” para determinar el impacto que la recién aprobada reforma previsional tendrá sobre la salud de las finanzas públicas.

El escrito sostiene que las “medidas legislativas para establecer condiciones para una consolidación fiscal creíble y las medidas presupuestarias para apoyar la estabilización de los indicadores de deuda serán fundamentales para frenar el debilitamiento del perfil crediticio soberano”.

Desde la casa calificadora alegaron que, adicional a la reforma del sistema de pensiones, es fundamental que el país consiga reducir su rigidez presupuestaria para poder mejorar la situación económica de la nación.

La perspectiva negativa que mantiene Moody’s sobre Panamá (Baa3 negativa) deja al país ante la posibilidad de que, si no se corrige el rumbo de las finanzas estatales, la nación continúe deteriorando su fortaleza fiscal.

Esto en un contexto en el cual el déficit fiscal del sector público no financiero se amplió al 7,4 % del producto interno bruto (PIB), lo que supera los 6,4 % del PIB que pronosticó la calificadora, para 2024.

“Los ingresos disminuyeron 7,1 % interanual, y la recaudación tributaria cayó 8 % respecto al año anterior, lo que demuestra resultados considerablemente inferiores a los estimados en el presupuesto del gobierno anterior debido a expectativas optimistas de ingresos tras las ganancias extraordinarias de 2023”, detallaron.

Otro aspecto al cual se hizo referencia fue al intento del presidente Mulino de reducir el gasto público, con relación al presupuesto de 2024. Algo que no fue completado con éxito, dado que se experimentó un gasto interanual de 11,7 %.

En parte, esto se debió al pago de $786 millones en concepto de cuentas por pagar (0,9 % del PIB). A la par de evidenciar una elevada carga de intereses, los cuales alcanzaron los $2.500 millones, lo que se traduce en un aumento del 17,3 % interanual.

“La carga de la deuda subió al 62 % del PIB en 2024, por encima de nuestra estimación de mayo de 2024 del 59 % y del 56 % registrado en 2023. En este nivel, la carga de la deuda de Panamá ha comenzado a divergir de la mediana de Baa [58 % del PIB]”, señalaron.

El lado positvo es que la administración del presidente Mulino ha aumentado la frecuencia de los informes fiscales y reconoce las cuentas por pagar, algo que ayuda a incrementar la transparencia y mejorar la confianza.

El desafío radica en hacer más flexible el gasto público, en un contexto de leyes especiales, como la del 7 % del PIB destinado a educación, que limitan la capacidad del Ejecutivo de aplicar recortes fiscales.

Si Panamá apunta a lograr sus metas fiscales, Moody’s cree que será crucial una fuerte restricción del gasto y una buena recaudación de ingresos a través de medidas administrativas.

“Nuestro supuesto actual es que el déficit probablemente superará el límite, pese a cierta restricción del gasto, ya que los ingresos aumentarán, pero es posible que sigan siendo inferiores a las expectativas presupuestarias de 2025”, puntualizaron.

La calificadora de riesgo se mostró positiva con los avances del nuevo gobierno, el cual creen que “está comprometido” con aplicar cambios políticos que corrijan la senda del deterioro fiscal y la falta de credibilidad en la que está envuelta la nación.

“La reforma previsional recientemente aprobada ilustra esta situación. El déficit del programa de beneficio definido empeoró durante la pandemia y aceleró el uso de sus reservas en los años posteriores debido a una fuerte disminución de las contribuciones, sin que se lograra ningún progreso durante el gobierno de Cortizo [2019-2024] para abordar este problema. El gobierno de Mulino priorizó la reforma previsional y propuso que el Gobierno central aumentara el gasto en pensiones a $966 millones [el 1,1 % del PIB de 2025] al año, además de las contribuciones de los empleadores y la edad jubilatoria para equilibrar la sostenibilidad del sistema previsional a largo plazo”, plantearon.

Desde la casa calificadora abogan por la necesidad de que haya “voluntad legislativa” para acompañar el proceso de ajuste presupuestario y, de esta forma, poder reforzar la credibilidad en la gestión fiscal.