Las claves del mayor ajuste económico en décadas en Cuba que entra en vigor en 2024

Cuba aplicará este 2024 uno de sus mayores planes de ajuste macroeconómico en décadas, con subidas en servicios como la energía, el agua y el gas, incremento en los combustibles y el fin del subsidio universal en alimentos.

El Gobierno ha remarcado su urgencia -y ha subrayado que no afectarán al sector más pobre- para hacer frente a una grave crisis económica, con escasez de bienes básicos, una caída del PIB de entre el 1% y el 2% en 2023 y un déficit fiscal cerca del 19%.

Sin embargo, el paquete ha despertado críticas de economistas independientes y de la disidencia, quienes han apuntado que este solo acrecentará las ya más que visibles desigualdades económicas en el país socialista, y que lejos de ser un ajuste se trata de cambios cosméticos en reformas que no han caído de pie.

Tras anunciar por sorpresa el llamado Plan de Estabilización Macroeconómica en la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) a finales de diciembre, el primer ministro, Manuel Marrero, aseguró que dada la situación de “economía de guerra” de Cuba, el Estado no puede seguir con el “derroche” en ciertos subsidios.

Uno de los ejemplos es el de la energía eléctrica, que este año tendrá un aumento del 25% para el 6% que más gasta.

Otro de los cambios será en el cobro de los combustibles en divisa para los turistas y un ajuste en el precio para el resto de la población. Según anticipó el Gobierno, no aplicará para los transportistas.

El costo del abastecimiento de agua, por otro lado, se triplicará para quienes no tienen servicio cronometrado y repuntará un 25 % el precio del cilindro de gas licuado.

Uno de los puntos más destacados dentro del paquete del Gobierno es el fin del subsidio universal de los productos subvencionados a través de la cartilla de racionamiento, que en 2022 cumplió 60 años desde su creación.

El fin es similar al del resto de medidas. El Estado, en medio de su crisis de liquidez, buscará priorizar los subsidios en las personas que considera “vulnerables”.

Lo anterior no significa que la libreta se elimina, aclaró el Gobierno, sino que se pasaría a un sistema en el que los precios cambiarían en función de los ingresos de cada persona.

En una intervención en la televisión estatal, el ministro de Economía, Alejandro Gil, se preguntó hasta qué punto es factible “mantener” el mismo nivel de subsidio en los productos para toda “la población, cuando no todos están en la misma situación de solvencia económica”, reconociendo tácitamente las diferencias sociales en la isla.

A Cuba le cuesta cerca de $1.600 millones -en momentos en los que carece de divisas para acceder al mercado internacional, sumado a las dificultades del embargo económico de Estados Unidos- mantener el esquema de la cartilla de racionamiento, debido a que el país caribeño importa el 80 % de los alimentos que consume.

Cuba también cambiará su tasa de cambio oficial con respecto al dólar, que en el caso de las personas jurídicas se ha mantenido en 24 pesos cubanos (CUP) por billete verde desde la implementación de la reforma monetaria de 2021, que puso fin al peso convertible (CUC), una moneda cuyo valor equivalía al de un dólar. Para las personas físicas, el tipo está en 120 pesos por cada moneda estadounidense.

Desde la puesta en marcha de la llamada tarea de ordenamiento, hace ya tres años, y según han criticado economistas independientes, se potenció el mercado negro de divisas en la isla, en el que la tasa se ubica en torno a los 265 CUP por dólar este lunes.

El propio Gobierno ha reconocido que la reforma no ha cumplido con sus objetivos. “Entre las medidas planteadas está recuperar la gestión de las divisas por el Estado, porque parte de lo que nos está pasando hoy, el hecho de que hay menos oferta estatal y más oferta del sector privado, es porque el sector privado, de alguna manera, está adquiriendo esas divisas en el mercado informal, el mercado ilegal, y esas divisas no están entrando al sistema financiero nacional”, censuró el ministro de Economía.

El Gobierno, encabezado por su presidente, Miguel Díaz-Canel, ha salido al paso desde el anuncio del plan, para señalar que no se trata de un “paquetazo neoliberal” o un “plan de choque”.

El Ejecutivo ha repetido constantemente esta idea en los últimos días, respondiendo así a algunos señalamientos de la disidencia, que equiparó las medidas con las que han emprendido en las últimas décadas otros Gobiernos de la región, en su mayoría de derechas.

Desde el oficialismo se ha afirmado que lo que se busca es la “corrección de un conjunto de distorsiones” en la economía insular y que el objetivo es que el Estado tome las riendas en esas correcciones.

Al respecto, economistas cubanos críticos, como Pedro Monreal, han afirmado que “no necesariamente un paquete económico tiene que ser de corte neoliberal para producir efectos parecidos al de un paquete neoliberal tradicional”.