La SBP prevé posible impacto en la economía y en el sistema bancario

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) advirtió sobre el impacto económico y financiero al Sistema Bancario Nacional por las situaciones de conflicto social, el revés del contrato minero y la posible pérdida del grado de inversión del país.

“Los acontecimientos sociales traerán un impacto negativo a la economía, como también al sistema bancario”, dijo la SBP en su análisis de Amenazas Macrofinancieras para el Sistema Bancario Nacional.

Las protestas sociales de las últimas semanas se dieron luego de que el presidente Laurentino Cortizo aprobó la Ley 406 de 2023 del contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A. (First Quantum Minerals Ltd.) a mediados de octubre, lo que derivó en un fallo de inconstitucionalidad de la Ley por parte de Corte Suprema de Justicia el 28 de noviembre.

A finales de octubre, la calificadora de riesgo Moody’s Investors Service bajó las calificaciones de emisor y de deuda senior no garantizada de largo plazo del Gobierno de Panamá a Baa3 “estable” desde Baa2 y sugirió que, “si se revoca el contrato, la percepción de Panamá como un destino propicio para los negocios podría deteriorarse”.

Advirtió que ello “incrementaría el riesgo de que el país pierda su calificación de grado de inversión a corto plazo”, a pesar de que actualmente cuenta con una de las evaluaciones dos escalones por encima del grado de inversión (S&P) y con perspectiva estable en dos de las evaluaciones realizadas.

Al mismo tiempo, la SBP indicó que de perder el grado de inversión, el gobierno podría adoptar una estrategia de ajuste progresivo en las finanzas públicas y que ello sería una consecuencia de una disminución lenta del déficit fiscal y en particular de la deuda pública.

Como consecuencia, dijo que el gobierno podría verse obligado a reducir el gasto público, lo cual afectaría los apoyos económicos a las poblaciones vulnerables y los presupuestos asignados a estos, pues, según experiencias previas, los recortes en inversión social y programas de subsidios suelen presentar desafíos políticos y sociales significativos.

Adicionalmente, de cara al futuro, anticipó un “panorama más complejo” para la realización de reformas estructurales, tales como la reforma del sistema de seguridad social o una reforma fiscal integral. Estas no podrán depender de la financiación por deuda pública como eje central.

De acuerdo con las cifras públicas, la empresa Minera Panamá aporta $4,683 millones anuales al Producto Interno Bruto (PIB) del país, el 4.8% del total, mientras que el efecto multiplicador en el ingreso (remuneraciones) es de $447 millones, es decir, 2.6% del total nacional.

Los empleos asociados (directos, indirectos e inducidos) a la operación minera ascienden a 40,793, lo que equivale al 2.3% de la ocupación total del país. “Sin duda, las repercusiones, producto de la posible caída del PIB, reducción en ingresos tributarios, deterioro de las finanzas, traería consecuencias que pudieran derivar en la pérdida del grado de inversión”, aseveró la SBP.

La regente del sistema bancario destacó que desde el 24 de octubre de 2023 al 30 de octubre de 2023, la percepción de riegos de inversión de Panamá, EMBI (Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes), que refleja la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por países menos desarrollados y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, aumentó 44 pbs (también denominado spread o swap).

En ese sentido, la SBP alertó que “el risk premium panameño se continúa incrementando, lo que podría suponer que el mercado está valorando de manera anticipada, la posibilidad de que el país pueda perder el grado de inversión, en caso de que se deje sin efecto el contrato con First Quantum Minerals Ltd.”.

El informe arroja que los efectos de la posible pérdida de grado de inversión, cambiaría todo el panorama, trayendo consecuencias al sistema bancario, tales como: reducción de la cartera doméstica, incremento de morosidad, mayores provisiones, pérdidas en el estado de resultados y afectaciones en la solvencia de los bancos.

De darse una baja de calificación soberana, producto del deterioro de los indicadores económicos y sociales, añadió, nuestro país podría sufrir el impacto del encarecimiento de los fondos que se recibirían del exterior, así como una reducción de la inversión externa directa.

El financiamiento externo no sólo se encarecería, sino también podría reducirse, ya que, al ser más costoso, se solicitarían montos menores. El financiamiento puede ser solicitado por el gobierno o por empresas privadas, entre ellas, los bancos. “Al disminuir el monto de financiamiento que se recibiría, se reducirían las inversiones gubernamentales. Esto, por un lado, impactaría en el desempleo y, por el otro, en el dinero que circularía en la economía. El financiamiento recibido por parte de los bancos, al ser más costoso, podría darse un racionamiento de este. Quien lo recibiría, lo haría de forma más onerosa, costo que sería transferido a los clientes. Las empresas que no reciban financiamiento disminuirán sus operaciones, por lo cual requerirían menos personal. Y como ya se mencionó, afectaría el nivel de empleo y el dinero circulante en la economía”, sentenció la SBP.

En cuanto al impacto en el sistema bancario nacional, según al SBP, aunque existen activos productivos que se deteriorarán, según los análisis de sensibilidad, “la banca podrá absorber dichos choques, sin embargo, lo que sucederá en las variables económicas, pudiese tener un mayor nivel de afectación”.

El análisis arrojó que el componente de riesgo de crédito, actualmente, no es una variable con impacto sistémico, sin embargo, si se observa que el valor de los títulos del estado tendrá una mayor sensibilidad y posible deterioro producto del riesgo de mercado.

Además, se prevé que con el panorama social actual los créditos nuevos mantengan a los mismos niveles o menos que el año anterior. El crédito sectorial doméstico a septiembre asciende a $60,572 millones.

En cuanto a la salud de la cartera, por actividades, se observa que el sector hipotecario es el que mantiene mayor nivel de atrasos (suma de los créditos morosos y vencidos); el sector hipotecario, a pesar de tener el mayor peso en la cartera, muestra un nivel bajo de castigos, comparado con su tamaño.

El sector de mayor preocupación es el sector inmobiliario, que históricamente mantenía niveles de mora inferior a 5% y ahora está por encima de 10%, mientras que el sector agropecuario, el cual venía presentado una leve mejora en la mora con relación año 2022, se prevé un deterioro importante en 2024 producto de las manifestaciones y cierres de vías relacionadas al tema minero.

“Dada la situación económica laboral de un conjunto de deudores, es comprensible que el nivel de mora se incremente y más tomando en cuenta el ambiente social económico del país”, aseveró la SBP.

Para el vicepresidente de Finanzas de Banistmo, Juan Gonzalo Sierra Ortiz, en general, el sistema financiero panameño ha mantenido unos niveles de mora “bastante buenos”, comparado con otros pares de la región e incluso con algunos países del mundo.

En su opinión, aunque los índices de la cartera que se observan hoy todavía tienen algo de rezago por la pandemia, claramente lo que va a determinar el nivel de cartera vencida hacia el futuro es el desempeño económico y el empleo, ya impactado por la crisis sanitaria.

“Lo que estamos previendo es eventualmente un posible deterioro pero no estamos viendo algo demasiado significativo de cara al 2024”, aseveró Sierra Ortiz en el panel del LatAm: Panamá 2023 de Moody’s.

El vicepresidente financiero del Banco General, Eduardo Domínguez, por su parte, destacó que históricamente la banca panameña, por no tener un banco central, siempre ha sido muy prudente en el manejo de su patrimonio, los bienes de patrimonio y liquidez.

“Ahora tocará cumplir nuestro rol y participar activamente y proactivamente en apoyar todo lo que venga para apoyar en la recuperación del país en general”, expresó Domínguez.