Juan Carlos Araúz: 'El negocio de las sociedades anónimas ha muerto y debe reiventarse'

Mundialmente, Panamá es conocido por la flexibilidad y ventajas de las sociedades anónimas, que atraen la inversión de nacionales y extranjeros. Desde la parte comercial, la sociedad anónima es considerada como uno de los mejores productos de exportación del país, pero en los últimos años las cifras han sido impactadas, arrastradas por un contexto de listas grises.

La regulación de las sociedades anónimas panameñas se remonta al año de 1927, a través de la Ley No. 32 de 26 de febrero de ese mismo año, y debido a su flexibilidad y capacidad de adaptación, hasta la fecha la normativa ha permanecido con muy pocas modificaciones.

Sin embargo, las presiones que ejerce el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) tras la entrada Panamá como miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, (Gafilat), en 2010, ha ocasionado grandes cambios que repercuten directamente en la forma en la que se constituyen y funcionan, como instrumentos financieros, las sociedades anónimas en el país.

Dos de estos importantes cambios se ven reflejados en la Ley 2 de 2011, que regula las medidas para conocer al cliente para los agentes residentes de entidades jurídicas existentes, de acuerdo con las leyes de la República de Panamá y en la ley 23 de 2015, para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, la cual establece la obligación de aplicar la debida diligencia.

La inclusión de Panamá en las listas discriminatorias implica que el mercado internacional de servicios, quien compra una sociedad anónima panameña, se vea sometido a controles adicionales y burocracia, que dificulta la "competitividad" en relación a otros instrumentos de jurisdicciones no discriminadas, esa realidad hace que el comprador de una sociedad anónima elija otra jurisdicción que no le cause incomodidades.

El presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, "no" duda de que "en el corto tiempo en Panamá se tenga que hablar con mucha responsabilidad de la derogatoria de la ley que regula las sociedades anónimas como una forma de reinventar el instrumento jurídico y volver a competir en el mercado internacional, porque las sociedades ya no son anónimas ni tienen ventajas competitivas en relación a otras jurisdicciones".

"El negocio de las sociedades anónimas ha muerto y debe reinventarse. Desde el primer día entrar en las listas causa un grave impacto de forma permanente, por eso la necesidad de poder salir", advirtió Araúz.

Panamá entró en la lista gris del Gafi en junio de 2019, en la cual ya había estado en 2014 y logró salir en 2016, luego de cumplir una serie de políticas y leyes encaminadas a cumplir con los 40 estándares o recomendaciones, exigidas por este organismo intergubernamental.

En estos momentos, por ejemplo, en Panamá existen alrededor de 740 mil sociedades anónimas, de las cuales, aproximadamente, 400 mil se encuentran suspendidas. Y solo de enero a septiembre de 2022, se registraron 13,811 sociedades anónimas versus las 15,134 unidades que se reportaron en igual periodo del 2021.

Hasta septiembre de 2022, el número de sociedades anónimas en el territorio nacional se redujo 8.7% comparado con igual periodo anterior, es decir que se reportaron 1,323 unidades menos que el año pasado, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Inec) que publica la Contraloría General de la República.

De las 13,811 sociedades anónimas que hay, 9,729 están inscritas, 3,831 fusionadas, 251 fusionadas y ninguna en la categoría de quiebra. Sin embargo, las inscritas se redujeron -14.3%, las disueltas aumentaron 7.0%, las fusionadas se incrementaron 21.8% y ninguna se ha reportado en quiebra hasta la fecha.

Proyecto

A inicios de agosto pasado, la Comisión de Economía y Finanzas, presidida por el diputado Ricardo Torres, aprobó, en primer debate, el proyecto de Ley 842 "Que modifica una disposición del Código Fiscal, presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer los aspectos relacionados con la materia de transparencia fiscal internacional y la prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva.

La normativa modifica el parágrafo 2 del artículo 318 A del Código Fiscal, que corresponde al tratamiento que se debe dar a las sociedades anónimas que se encuentran registradas como suspendidas en el Registro Público de Panamá.

Hoy en día, en Panamá existen alrededor de 740 mil sociedades anónimas, de las cuales, aproximadamente, 400 mil se encuentran suspendidas, lo cual da un resultado de un 55% de sociedades anónimas que se verían afectadas con la aprobación de este proyecto de ley.

La modificación busca crear procedimientos y procesos expeditos para ejecutar las liquidaciones forzosas administrativas y la disolución de las personas jurídicas creadas en la República de Panamá.