Implementación de ley de APP estaría lista en el primer trimestre del año

El Secretario Nacional de la Asociación Público-Privada (APP), Saleh Asvat, dijo este jueves que esperan que en el primer trimestre de este año ya tengan lista la reglamentación de la Ley 93, que crea este régimen, el cual busca incluir al sector privado en inversiones de interés social que ejecuta el gobierno panameño.

“Queremos en el 2020, con la institucionalidad y la reglamentación que estamos desarrollando, colocarlos como uno de los mejores países” para hacer APP en Latinoamérica, puntualizó Asvat a periodistas dentro del marco de celebración del Foro “Experiencias de las Asociaciones Públicos-Privadas en Latinoamérica, Chile. Colombia y Perú”, que organizó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), en conjunto con la Cámara Chilena de Comercio Panameña.

Expertos en el tema ponderan las valoraciones que hace el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), al señalar que las APP son un instrumento eficaz para impulsar el desarrollo de los países de la región, en varios de los cuales han tenido una aplicación exitosa.

Al ser preguntado por cuáles serían los sectores que tendrían prioridad una vez comienza a aplicarse la ley de APP, Asvat indicó que serían los que tendrían que ver con infraestructura y transporte, dirigidos principalmente por el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Hasta el momento se tiene programado que la cartera del MOP pueda licitar cuatro proyectos este año bajo el régimen de APP, de los 17 proyectos que tiene programado desarrollar el actual gobierno bajo este mecanismo de inversión mutua con el sector privado.

Se trata del metro cable (San Miguelito-Panamá), la carretera costanera (Panamá Oeste), el corredor del Atlántico (Colón) y el corredor norte de David (Chiriquí).

En cuanto a la seguridad jurídica que pueda garantizar este mecanismo, el secretario de la APP sustentó que estudios internacionales revelan que hay buen clima de inversión en Panamá y en ese sentido lo que hace falta es poyar a las entidades públicas y desarrollar proyectos bien estructurados y diseñados con información técnica, que se puedan justificar correctamente.

Asvat recalcó que hay un buen escenario para las inversiones en Panamá y que hay muchos países vecinos interesados, que incluso se han dado conversaciones con empresarios de Estados Unidos y Europa.

Añadió que las empresas locales no deben temer sobre su participación en las licitaciones y administraciones de obras que se realicen, porque los proyectos que se ejecuten van desde los $15 millones en adelante. “La idea es complementar la creación de trabajo local con inversión de capital , lo que significa que las empresas locales también pueden participar”, afirmó Asvat.

La Ley 93 del 19 de septiembre de 2019 fue creada con el propósito principal de reactivar la economía panameña y atraer mayores inversiones al país.

José Ramón Icaza, miembro de la junta directiva de la Cciap, destacó que con esta ley Panamá debe avanzar en temas como regulación e institucionalidad, por un lado, porque se establece todos los requerimientos necesarios para instaurar una APP en el país, ya que se está trabajando con una ley de 1995 de Concesiones Administrativas; y por otro aspecto, porque se crea la Secretaría Nacional de APP, que son dos grandes indicadores en los cuales Panamá se había quedado rezagado.

Los otros indicadores son madurez, clima, inversión y financiamiento, donde el país está relativamente bien, subrayó Icaza, aunque adujo que hay que trabajar un poco más en la madurez, pero en los otros puntos “hay un apetito de realizar inversiones privadas a través de infraestructuras públicas”.

El directivo de la Cámara de Comercio apuntó por otra parte que la normativa de APP establece de que el gobierno puede invertir a través de este mecanismo hasta 7% del producto interno bruto (PIB ), lo que representa inversiones por más de $4,000 millones.

Indicó Icaza que esto quiere decir que las APP van a ser una de las grandes herramientas que va utilizar el Estado panameño para infraestructura pública con el apoyo de la empresa privada, que invierte en este país más de $24,000 millones, seis veces más de la capacidad de inversión del gobierno.

El ejecutivo empresarial subrayó además que los beneficios que genera la modalidad de APP son que se liberan fondos públicos para ejecutar infraestructura de uso social, se genera empleo inmediato, aumenta la capacidad de inversión y con las obras que se levanten se brindan soluciones al pueblo panameño.

Mientras que Francisco Cruz, exembajador de Chile y director de la Cámara de Comercio Chile-Panamá, manifestó que lo importante del tema de las APP es aterrizar bien en el concepto, que la Ley 93 tenga una buena reglamentación y que se aprenda con la implementación de esta figura en países donde lleva años de ejecutarse.

“El cambio ha sido muy positivo”, señaló Cruz cuando se le preguntó sobre los resultados en su país sobre la aplicación de esta modalidad. “La verdad es que hemos tenido una experiencia de infraestructura pública, es decir, puerto, carreteras, terminales; y fuimos moviéndonos y transitado hacia lo que se llama calidad contratable, es decir, APPs más sofisticada y complejas”, apuntó.

Informó que luego de 26 años aplicando este régimen en Chile tienen actualmente una cartera de 90 proyectos con una ejecución presupuestaria de unos $31 millones.

El ex diplomático dijo que el mejor consejo que le daría a Panamá al abocarse hacia este mecanismo es tener un fuerte compromiso de Estado, que debe haber gobernabilidad y capacitación del personal humano; y el más importante que se genere políticas públicas estables, de tal manera que las APP tengan un equipo que permita impulsarlas en el tiempo más allá de cada ciclo político.

“Las APP son políticas de Estado y no de gobiernos. No podemos estar bailando con la música que pone el gobierno de turno, tiene que tener una mirada de largo plazo”, afirmó Francisco Cruz, quien fue parte del panel de expertos que participaron del foro sobre la implementación de la APP en Panamá.