Gobierno mexicano multa por más de $58,6 millones a 249 contratistas

Actualizado
  • 08/02/2024 10:58
Creado
  • 08/02/2024 10:58
También se incluyó 175 inhabilitaciones para participar en contrataciones públicas, que tienen periodos de tres meses a siete años

La Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno de México impuso 266 multas por más de 1.000 millones de pesos (unos $58,6 millones) a 249 licitantes, proveedores y contratistas durante 2023.

Mediante un comunicado, la SFP apuntó este miércoles, 7 de febrero, que del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 impuso estas multas a proveedor del Gobierno federal por incumplir las leyes en materia de contrataciones públicas.

Explicó que las sanciones fueron resueltas con base en las leyes de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y por la legislación federal anticorrupción en contrataciones públicas, vigentes al momento de los hechos.

Entre las conductas practicadas por los sancionados están: 209 por proporcionar información falsa en los procedimientos de contratación, 45 por no formalizar los contratos adjudicados y 12 por incumplimientos contractuales que causaron daños graves al erario público.

De las sanciones referidas, precisó la SFP, 237 fueron impuestas por los Órganos Internos de Control (OIC) y 29 por la dirección general de controversias y sanciones en contrataciones públicas.

Además de que en total se incluyeron 175 inhabilitaciones para participar en contrataciones públicas, que tienen periodos de tres meses a siete años.

La SFP cuenta con atribuciones para llevar a cabo procedimientos de sanción a licitantes, proveedores y contratistas cuando infrinjan las disposiciones en materia de contrataciones públicas, lo que contribuye a prevenir e inhibir actos de corrupción.

En México, la SFP es la institución que garantiza y facilita las condiciones para que la administración pública produzca resultados mediante normas, mecanismos, procesos y controles que aseguren eficiencia, economía, transparencia y honradez del servicio público.

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