Gobierno emplaza a Minera Panamá

El Gobierno panameño, representado por el ministro de Comercio e Industrias (Mici), Federico Alfaro, emplazó a First Quantum y Minera Panamá a que firmen el acuerdo alcanzado en enero pasado para la suscripción de un nuevo contrato para la mina de Cobre Panamá antes del 14 de diciembre próximo. Lo anterior se comunicó en una nota de prensa, luego de una reunión sostenida entre las partes este lunes en la Cancillería panameña.

De no hacerlo, la empresa puede correr el riesgo de que el Gobierno finiquite el contrato y llame a una nueva licitación para explotar el yacimiento de cobre que tiene bajo su dominio la empresa.

A pesar de que ambas partes habían alcanzado un acuerdo, la redacción del contrato se tornó más complicada de lo esperado. A esto se suma la presión que recibe el Gobierno por parte de la opinión pública, primero ante la demora, además de la ausencia de un documento que defina responsabilidades y ganancias.

La Estrella de Panamá conversó con una fuente ligada a las negociaciones que contó parte de las interioridades que obstaculizan un entendimiento. Indicó que el Gobierno preveía que se dilatara la firma, considerando que se trata de una empresa internacional con ciertos protocolos jerárquicos.

El encuentro de ayer, no obstante, mostró un ingrediente adicional. Alfaro apareció respaldado por dos firmas de abogados internacionales de renombre: Squire Patton Boggs y Allen & Overy. Bufetes especializados en contratos de esta naturaleza y en solución de disputas internacionales, lo que parece enviar un mensaje a los mineros sobre el futuro que pueden acarrear estas conversaciones.

La primera firma cuenta con oficinas en más de 40 países del mundo, mientras que Overy, con sede en Londres (Inglaterra), lista entre sus experiencias haber actuado para algunas de las principales empresas internacionales de minería y metales del mundo con un equipo de expertos de renombre internacional.

La posición del Gobierno, según la fuente consultada que solicitó reserva de su nombre, es que la empresa no puede continuar trabajando bajo las condiciones actuales. Si bien se había permitido su funcionamiento –dado el paso del tiempo de la negociación y la redacción del contrato– su expectativa es que la compañía suscriba el acuerdo bajo los parámetros alcanzados que hasta ahora se mantienen bajo cierto hermetismo.

“Lo que la Minera está buscando en la redacción es colar las prerrogativas que tenía en el contrato de 1997, que el Gobierno rechaza”, indicó la fuente. El Mici no quiere que la nueva redacción se parezca al antiguo contrato por las constantes excepciones fiscales y prerrogativas que contiene, en comparación con la viabilidad económica del proyecto, cosa que durante las negociaciones –dijo– quedó demostrado por la vida útil de al menos 70 años que gozan los yacimientos.

Este medio se comunicó con los representantes de Minera Panamá para conocer su versión, pero hasta el cierre de la edición no emitieron una posición oficial sobre la reunión sostenida, o si aceptará el negocio bajo las condiciones impuestas.

El detalle de las concesiones que busca la empresa no se ha dado a conocer oficialmente. Pero, extraoficialmente, La Estrella de Panamá conoció que la minera intenta rasguñar los $370 millones que se había comprometido otorgar al Estado en la eventualidad de que el precio del cobre se cotice en $2,75 la libra o por debajo. Con esto buscan descontar ciertos costos por el uso de agua, además de las inversiones que pretenden ejecutar en beneficio de comunidades aledañas. Para el Gobierno no tiene sentido que la empresa reste lo anterior de esta cifra.

En la fórmula internacional, las regalías se calculan con base en el beneficio operativo y la relación sugiere que, si se aprecia el precio del cobre, el Estado debe recibir más dinero. En la medida en que baje la cotización del cobre, algo que los analistas no ven en un futuro inmediato dada la demanda del metal, la minera debe garantizar la cantidad de dinero estipulada que equivale como mínimo a los $370 millones. De este monto, el Gobierno ya anunció que destinaría $190 millones para el rescate del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social.

Es así como cada parte tira y jala de la cuerda, aún sin lograr humo blanco.

La empresa podría defender su postura ante un tribunal internacional. Es una posibilidad, pero también correría el riesgo de ocasionar nerviosismo entre sus accionistas ante una eventual ruptura de las negociaciones.

Para el Mici, este contrato está fuera de la norma internacional, “partiendo del hecho de que no pagan el impuesto sobre la renta, algo inédito a nivel mundial”, señaló la persona vinculada a las negociaciones.

“Hay gente que está mirando esa mina, que tiene duración para dos o tres generaciones todavía”, advirtió esta persona. Sobre todo, tomando en cuenta que el cobre puede cotizarse a mejor precio por ser considerado un aliado en la lucha contra el cambio climático.

A toda esta negociación se suma que en diciembre de 2017 la Corte Suprema de Justicia publicó el fallo en el que declaró inconstitucional la Ley 9 del 25 de febrero de 1997 por la cual se aprueba el contrato celebrado entre el Estado y Petaquilla S.A., empresa de la que en 2014 First Quantum adquirió los terrenos e infraestructura.

El dilema jurídico y técnico que se discute es si el fallo declaró inconstitucional el contrato firmado o si fue el proceso mediante el cual la Asamblea Nacional aprobó el contrato ley bajo los requisitos que debería conllevar dicho proceso.

El contrato como tal refiere a un asunto administrativo entre el Gobierno y la empresa. En 1997, un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo determinó que en el lugar había un sitio con una mineralización de cobre viable para evaluar con mayor detalle y determinar si se trataba de un yacimiento rentable. En esas condiciones se firmó el contrato. “Era una sorpresa lo que se iba a encontrar”, dijo el negociador. Posiblemente hallarían una botija, pero cuando las empresas mineras canadienses comenzaron a explorar, se percataron de que había un yacimiento más jugoso. El antiguo dueño, Inmet Mining Corp, había identificado tres yacimientos y posteriormente se identificó un cuarto con una vida útil de 70 años.

Posteriormente, en junio de 2021, la Corte negó una aclaración de la sentencia y nulidad presentada por la firma Morgan y Morgan, y mantuvo su posición al declarar inconstitucional la ley, y por ende, el contrato.

En este contexto se iniciaron las conversaciones para renovar el compromiso entre ambas partes. Aunque la empresa defendía la vigencia del documento inicial, el Gobierno considera que al momento en que la Corte declaró el proceso nulo corrió la misma suerte el contrato. “En un principio aceptaron, e iniciaron las discusiones a partir de septiembre de 2021 cuando el presidente Laurentino Cortizo nombró una comisión de alto nivel”, recordó la fuente. Antes habían ocurrido conversaciones informales.

La empresa alega que ha invertido más de $7 mil millones en el proyecto, pero la contraparte aduce que se hizo bajo condiciones de un contrato “obsoleto”, anormal para lo que se contempla actualmente en la industria internacional.

Al finalizar la reunión el ministro Alfaro calificó de “franca la conversación” sostenida con los representantes de Minera Panamá y First Quantum. Añadió que “el futuro de Cobre Panamá es de vital importancia para el país, el pueblo panameño, y sus trabajadores”. “Hemos sido muy claros con Minera Panamá y First Quantum sobre la necesidad de avanzar en la hoja de ruta para la firma del contrato a más tardar el 14 de diciembre de 2022”, sostuvo, según el comunicado del Mici emitido este lunes.