La factura económica de los bombardeos rusos a Ucrania

Adelita Coriat

El precio del crudo oscila al ritmo del conflicto armado entre Ucrania y Rusia, el segundo productor mundial de petróleo después de Estados Unidos. Ayer el viceprimer ministro de Rusia, Alexander Novak, advirtió que el barril (Brent) podría alcanzar los $300 ante el anuncio del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, –respaldado por Reino Unido– de prohibir las importaciones del oro negro ruso como parte de las sanciones a este país por la invasión a Ucrania.

Tal vez el precio del barril no se cotice tan alto si se logra una mediación: en este momento nadie se atreve a especular un valor, aunque la mirada del mundo esté puesta en el petróleo.

Lo que sí está claro es que el impacto del alza se sentirá en todos los productos derivados del petróleo, el gas, y en los alimentos.

La 'guerra económica' entre ambas potencias, Rusia y Estados Unidos, impacta a todo el planeta. Pero, “el aumento del petróleo no es a largo plazo, nadie aguanta eso, ni Rusia”, asegura el economista Adolfo Quintero.

Este escenario ocurre justo cuando el Gobierno de Panamá intenta retomar el arrastre económico que dejó la pandemia de la covid-19 y busca recaudar impuestos para nivelar sus finanzas. No obstante, los números no dejan mucho espacio para otorgar nuevas concesiones.

Ayer, el costo del barril West Texas Intermediate (WTI) que emplea Panamá para nutrir el 80% de la matriz energética de combustible, se cotizó en casi $130, un máximo en 13 años. La escalada del precio del crudo impactará directamente en el precio del combustible, que para el cierre de este viernes podría experimentar un alza de “entre dos y tres centavos por litro en la gasolina de 95 y 91 octanos o un cambio mayor según el comportamiento del precio del barril” en el próximo ajuste de precios que se realiza cada 15 días, indicó a La Estrella de Panamá, Jorge Rivera Staff, secretario de Energía.

Una estrategia para aliviar el bolsillo de los consumidores y de los transportistas es reducir el impuesto de importación de 60 centavos por galón para la gasolina y 25 centavos en el diésel. Esta medida se experimentó en 2012 cuando ocurrió una crisis de suministro y el gobierno determinó por un periodo temporal el sacrificio de estos cobros.

Los fletes locales tienen 4 años que no se ajustan, están congelados a pesar del aumento, lo que ha obligado a las autoridades a monitorear de cerca los precios.

“Aunque se termine el conflicto y haya un alto el fuego, por las sanciones que hayan quedado contra Rusia tendremos una limitación en la oferta para satisfacer la demanda”, añadió el secretario.

Lo que promete Rivera es garantizar el cumplimiento de precios tope, buscar alternativas a nivel financiero para conseguir contratos con los productores, “pero como gobierno no hay mucho espacio para hacer más reducciones”. A mediano y largo plazo hay “una batería de propuestas de eficiencia energética” para depender cada vez menos de la variación de los combustibles, explica el secretario Rivera.

Si surge un conflicto más fuerte y una reducción importante de la producción de Rusia que afecte el mercado petrolero, podría escalar de $130 a $140 por barril. “La mayoría no apuesta a que suba a $150, nadie lo ve pasando en este momento porque tampoco les conviene a los propios productores porque se destruye la demanda”, añade.

En este eje de intereses Estados Unidos ha volteado la mirada hacia Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, el país más rico del mundo en reservas de petróleo. En el pasado, Estados Unidos ofreció una recompensa de $15 millones por la cabeza de Maduro, lo acusó de narcoterrorismo y rompió relaciones con su gobierno en 2019 cuando asumió un segundo mandato en medio de unas elecciones consideradas fraudulentas por el norte.

Esta retórica, ante el escenario que vive Estados Unidos con Rusia, ha quedado prácticamente en segundo plano, prima el interés de Washington en revertir la sanción impuesta en 2019 a Caracas, que consistió en dejar de comprar el petróleo venezolano para adquirirlo de los rusos.

Una idea para subsanar la renta sustitutiva que puede emplear el Gobierno panameño para amortiguar la rebaja del impuesto del combustible al consumidor puede provenir de los “ingresos de Minera Panamá o de las navieras”, propone el economista. Una manera sería que el Estado negocie adelantos de pagos de $350 millones para cubrir los faltantes, cifra que se comprometió la empresa a pagar al país en enero, al momento de la renovación del contrato.

El gobierno también tendrá que meterse la mano al bolsillo para cubrir el subsidio del tanque de gas de 25 libras que actualmente es de $12. El año pasado destinó $150 millones a este renglón. Este subsidio se compensa con el cobro de los impuestos al combustible, que recauda una cifra muy similar, entre $100 y $120 anuales. Ante la posibilidad de bajar el impuesto de importación de combustible, se generaría un faltante para el gas.

El precio de la luz no escapa a la vorágine del petróleo. La matriz de generación eléctrica mantiene aún 83 contratos con empresas térmicas (aproximadamente 38% del total de la generación) “que tienen una cláusula sobre el combustible que utilizan”, recuerda Rivera.

Todo esto ocasionará inflación, y por tanto, aumento en los precios de la comida. El pan, por ejemplo. Rusia y Ucrania producen el 30% del trigo del mundo. El mercado del trigo subió más de un 40% la semana pasada.

No obstante lo anterior, la ventaja que tiene Panamá frente a las otras economías es que el 42% de los ingresos del Estado provienen de fuentes no tributarias, el Canal, las navieras, la minería, lo que puede aliviar la situación interna de las finanzas del Estado. Entre las ideas a corto plazo, Quintero sugiere aumentar la inversión en el sector marítimo y establecer un hub de distribución de gas para América Latina, lo que representaría un ingreso sustancial para el país.