Empresas de Centroamérica desarrollarán políticas de CTI

La convocatoria “Fortaleciendo un sistema de ciencia e innovación inclusivo en las Américas”, lanzada por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC, por su sigla en inglés), dará oportunidad a empresas de Panamá, así como a empresas de Centroamérica y de República Dominicana, para destacarse en el desarrollo de políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI).

La convocatoria está abierta a las empresas constituidas por al menos dos personas jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen realizar diagnósticos y aprender a utilizar la ciencia y la tecnología para encontrar soluciones prácticas y a largo plazo para el desarrollo social y económico, así como para los problemas ambientales que los países de Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá) y República Dominicana enfrentan hoy.

Se trata de desarrollar diagnósticos y planes de desarrollo en cuanto a políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI), un taller presencial de trabajo en la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) ubicado en Ciudad del Saber.

La hora límite para la entrega de las propuestas es el próximo lunes, a las 8:00 a.m., a las cuentas: cmsalinas@senacyt.gob.pa y echong@cdspanama.org en donde habrá que identificarse según el número de bloque al que se pertenece. Los países están divididos en cuatro bloques. El primer bloque está compuesto por Guatemala y Belice, el segundo bloque por República Dominicana y el Salvador, el tercer bloque por Costa Rica y Nicaragua y el cuarto bloque por Panamá y Honduras.

Los resultados obtenidos y presentados por las entidades incluyen un borrador inicial de recomendaciones de acciones y políticas públicas regionales enfocado en CIT, así como recomendaciones para promover sistemas más equitativos e inclusivos, con respectivos indicadores de seguimiento y evaluación.

Desde hace 53 años, el IDRC, que fue creado por el Parlamento de Canadá en 1970, busca ayudar a los países en desarrollo a fomentar sus conocimientos en ciencia y tecnología para encontrar soluciones a largo plazo para el desarrollo socioeconómico. El enfoque del estudio es llevar a cabo ocho diagnósticos en pares de la situación actual de cada país de acuerdo con esos parámetros.

Según un análisis macroeconómico ofrecido por Datosmacro de 2022, algunos de los países de Centroamérica cuentan con ingresos que están entre los más bajos de América Latina y el Caribe (ALC), con variantes que van desde un promedio del producto interno bruto (PIB) per cápita de $1.943 en Nicaragua, $2.389 en Honduras, $3.779 en El Salvador, hasta niveles tan altos como $12.057 en Costa Rica y $12.373 en Panamá.

En la convocatoria publicada en la página web oficial de Ciudad de Saber se lee: “La generación de conocimientos, así como los procesos de ciencia, tecnología e innovación (CIT) son considerados esenciales para el desarrollo y apalancamiento de la productividad y el crecimiento de los países; por esto, es necesario diseñar mecanismos que aseguren un sistema de cooperación de los actores que lo integran, asegurar una comprensión de los involucrados y generar elementos que le den seguimiento a los avances obtenidos en cada uno de los países y que, a su vez, los resultados puedan permear a los grupos sociales más vulnerables de la sociedad”.

Los cinco objetivos principales del estudio son: hacer una revisión documental de las políticas de CIT, identificar a los actores principales de CIT, realizar entrevistas a un grupo selecto de actores relevantes de CIT, identificar las redes de colaboración de CIT y generar un informe con la información acumulada según las investigaciones pertinentes de cada bloque.

El monto total patrocinado a solicitar para los estudios es de $75.000 por cada bloque, e incluye gastos, viáticos, impresiones, traducciones, visas, seguros, trabajo de campo, software, equipo, honorarios, impuestos locales e internacionales, comisiones bancarias por transferencias bancarias, y otros.

Para poder participar, los consorcios deben contar con por lo menos una persona jurídica legalmente constituida de cualquier nacionalidad, con 10 años de experiencia en la realización de estudios de diagnóstico de políticas públicas o de diseño de planes, programas, agendas o instrumentos de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación; y una entidad dentro del consorcio con una formación académica de maestría o doctorado en ciencias económicas o técnicas.

Los criterios de evaluación de las propuestas se enfocarán en la experiencia del consorcio proponente; la formación profesional, conocimientos y experiencia del miembro técnico del consorcio, tanto de la clave uno como de la clave dos del equipo de trabajo; y evaluación de la propuesta técnica.