Empresarios abogan por reforma y por un gobierno austero

Panamá está llamada a reformarse de manera fiscal, administrativa, aplicar un plan de austeridad y reactivar el diálogo nacional por la Caja de Seguro Social (CSS), para que la economía pospandemia siga repuntando y el país no pierda el grado de inversión ni pierda competitividad. Así coincidieron este jueves líderes del sector empresarial en el Foro Económico 2030 'Hablando claro', organizado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Aunque los organismos internacionales proyectan que el país creció 6,2% en 2022, liderando en la región, y que se apresta a crecer en 2023 un 4,2%, aún tiene varias tareas pendientes por temas de burocracia, la crisis financiera del programa de pensiones de la CSS, el desempleo y la elevación de la deuda de las últimas cuatro administraciones, entre otros factores que inciden negativamente.

El economista Carlos Araúz considera que una de las soluciones para contrarrestar algunos de los factores negativos antes señalados es impulsar una reforma fiscal, sin que esta represente un aumento en los impuestos.

En Panamá, los ingresos representan el 14% del PIB, cuando en los países OCDE es 39% y en Latinoamérica entre 23% y 24%.

Araúz, también socio fundador de Fidinem Financial Services, sugirió una revisión del Código Fiscal y más eficacia en la recaudación, además de la atención y aplicación adecuada de las exoneraciones. “Las reformas a veces implican otro tipo de acción, no solo aumentar impuestos”, recalcó.

Lo planteado por Araúz es apoyado por Rubén Castillo Gill, presidente del Conep, quien también puntualizó en que en Panamá la reforma debe ser administrativa y de urgencia notoria, ya que se requiere de un gobierno austero.

Según Castillo Gill, se debe promover una reforma administrativa, ya que se requiere más dinamismo y menos burocracia. “Es momento de que se generen oportunidades para que las personas desarrollen sus modelos de negocios y sus sueños los concreten en una actividad económica, lo que sin lugar a dudas repercute en el desarrollo del país”.

Al presidente del Conep le preocupa el endeudamiento, y considera que es uno de los principales retos por asumir. “La deuda pública implica que tengamos que construir al final un Estado austero, es decir, que los recursos que se obtienen se inviertan debidamente, sean auditados y que vayan dirigidos a producir nuevas oportunidades para la economía del país”.

Castillo Gill también hizo hincapié en el tema de la crisis del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS, diálogo pendiente de reactivación.

“El IVM está en una crisis y creo que en eso nadie puede objetar”, aseguró. El empresario cuestionó cómo será abordado el problema, cómo se solucionará y cuándo. Consideró que la solución no es que el Estado asuma esa obligación, ya que ese dinero se le restará a educación, a salud, infraestructuras y a otras inversiones que son básicas para sostener el desarrollo del país”.

Otra que reiteró su posición de que el Ejecutivo reactive el diálogo por la CSS fue Aida Michelle de Maduro, expresidenta del Conep y actual presidenta de la junta directiva de la CSS, ya que considera que es uno de los principales retos que tiene el país.

Según la empresaria, no se puede seguir pateando la pelota de un lado para otro, y es hora de que se tome una decisión, ya sea con nuevos integrantes o reconfiguración del tema, pero tiene que empezar.

La empresaria dijo que en agosto de 2022 la CSS ya debía contar con el tercer actuario para los informes; sin embargo, hasta la fecha esa posición no ha sido definida por el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen.

Maduro coincidió con el economista Araúz en que de no hacerse nada en el tema del IVM, el Estado deberá financiar el fondo que sería aproximadamente el 2,4% del PIB en 2030, unos $1.800 millones. Curiosamente el Canal de Panamá, el principal activo del país, aporta cada año al Tesoro Nacional $2.000 millones, cifra que se apresta a subir a $2.500 millones.

A lo anterior, Araúz se atrevió a sumarle los casi $2.100 millones que tiene el país en subsidios, y dijo: “Este país va a tener que sacar $2.000 millones de aquí a 2030, de algún lado, para evitar que haya una debacle transcendental en la Caja de Seguro Social en el programa de IVM”.