Delegación del Gafi decidirá si Panamá sale de lista gris

Panamá está en la recta final para salir de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi). Una delegación del Gafi empezará mañana lunes una visita de varios días en Panamá para corroborar que el país efectivamente acató los 15 puntos de su plan de acción, puntos que desde junio de este año el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Asamblea Nacional han informado ser “largamente cumplidos”. Se esperan resultados positivos para fin de este mes o el mes de octubre.

Estar en la lista gris, en la que se encuentra Panamá desde 2019, no significa necesariamente que el país no es cooperativo, según indica un informe del Gafi, pero sí significa que no respeta todos los puntos necesarios para demostrar completa y total transparencia ante el organismo de control mundial del lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Esta semana, le corresponde a la delegación de ese organismo decidir si Panamá cumple y merece salir de una vez por todas de la lista gris.

Durante el XXVII Congreso Hemisférico para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción celebrado el mes pasado, el ministro del MEF, Héctor Alexander, dijo haberse modificado el capítulo quinto de la Evaluación nacional de riesgos y tomado ulteriores medidas para establecer nuevas sanciones, incluyendo una pena de prisión de cinco a ocho años para quienes realicen transferencias comerciales de dinero sin las licencias otorgadas por las autoridades competentes.

Además, Alexander recalcó un esfuerzo por parte de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) en colaboración con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para actualizar e implementar el Manual de Supervisión, así como el desarrollo de matrices de riesgo de supervisión extra situ, con el fin de que los sujetos obligados cumplan mejor sus obligaciones. Todo esto, reconoció Otto Wolfschoon, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, son pruebas del esfuerzo demostrado por Panamá de adherir a los estándares mundiales para una completa transparencia financiera de sus sujetos obligados.

La secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) Isabel Vecchio alegó el viernes pasado que acatar dichos compromisos juega un papel clave no solo para la protección del orden económico y financiero de un país, sino de toda una región.

Salir de la lista gris significa que Panamá atraerá más inversión extranjera, ya que inversionista de afuera sentirán menos presión en inyectar su dinero en el país. Esto ayudará al sector privado tanto como al público. La reputación de Panamá se verá impactada positivamente y en gran medida una vez fuera de la lista gris. Panamá tendrá una capacidad más ventajosa para acceder a los mercados financieros internacionales, lo que hará que la economía panameña funcione mejor en su totalidad.

Los recién creados Grupo de Acción por la Igualdad Financiera Internacional (Gapifi) y Comisión de Servicios Internacionales del Colegio Nacional de Abogados (CNA) se reunieron con el presidente panameño, Laurentino Cortizo el viernes pasado para exponer lo que para ellos es una redundancia burocrática que involucra a los agentes residentes en su deber de mantener registros contables de los clientes. Las dos entidades enfatizaron que no es una obligación ni por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ni para el Gafi.

Carlos Raúl Moreno, dirigente de la Comisión de Servicios Internacionales, alegó que “por parte de los abogados, hemos cumplido lo suficiente para lograr salir de la lista” y afirmó que la obligación de un abogado debería ser la de conocer el beneficiario final e informar sobre la contabilidad de una sociedad y no la de mantener esos registros, tarea que agobia al abogado.

El gremio de abogados también pidió a Cortizo la creación de una secretaría de servicios internacionales adscrita a la presidencia y una reforma integral de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), ambas para repostar algo de libertad al sistema administrativo en esos sectores, ya que, en el afán de acotar tantas reglamentaciones internacionales, los negocios se han visto afectados.