Crime Stoppers insistirá en plantear reformas al Código Penal sobre comercio ilícito

Históricamente, en todo el mundo siempre ha habido contrabandistas y traficantes, pero nunca vistos como hoy, con la capacidad de operar a nivel mundial conectando los lugares más remotos del planeta y las capitales más cosmopolitas, y con un poder económico y político acumulado sorprendente. Según la oficina regional de Crime Stoppers, con sede en Panamá,  mueve más del 10% del comercio mundial.

En medio de esta situación, el director regional de Crime Stoppers International para el Caribe, Bermuda y América Latina con sede en Panamá, Alejo Campos, dijo que  en 2023 tienen previsto plantear nuevamente en la Asamblea Nacional la propuesta de reformar el artículo 288  del Código Penal de Panamá.

La normativa establece las sanciones para los delitos de contrabando y defraudación aduanera, siempre y cuando la cuantía del contrabando sea igual o superior a los $500 mil. Sin embargo, en otros países de la región el monto es de $5 mil o $10 mil. Con la propuesta en mención lo que se busca es “bajar la suma a por lo menos $50 mil”.

Informó que el año pasado hicieron la propuesta de modificación y la misma quedó incluida en un paquete de reformas del Código.

Muchas de esas reformas se han ido discutiendo en forma independiente, por lo que el próximo mes van a presentar, a través de algunos diputados, la solicitud de la reforma en forma independiente (del artículo 288) para que pueda ser atendida.

“Ya hemos tenido reuniones con algunos diputados y diputadas al respecto”, adelantó Campos, quien insiste en que como está actualmente, $500 mil es “muchísimo producto” que se puede contrabandear y eso las organizaciones criminales lo saben. Apadrina la impunidad.

“El crimen organizado y los carteles del tabaco saben muy bien que pueden mandar grandes cantidades de contrabando de cigarrillos a Panamá, que siempre van a estar por la cuantía de $500 mil, y lo único que hay es una sanción administrativa, no hay  un hecho criminal, no hay un arresto y no hay absolutamente nada”, lamentó Campos.

El directivo afirmó que hay “preocupación” en el tema del comercio ilícito, porque si bien Panamá es considerado como un hub logístico para el comercio internacional, también es uno de los países con mayor nivel de contrabando en el continente y puerta de entrada y distribución para otros países en la región.

“El crimen transnacional se aprovecha de todo el sistema de transporte multimodal de Panamá. Es sumamente atractivo para él”, sostuvo Campos, señalando que “como no ven jurisdicciones, no ven fronteras, lo que hacen es estudiar los beneficios que tiene cada país para su cadena logística criminal y poder operar con total libertad en cada uno de ellos como más le convenga”.

Recientemente Crime Stoppers estuvo en el Senado de Estados Unidos, en Washington, participando en el Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad, donde como organización expuso estos temas con la intención de elevar el comercio ilícito a categoría de “riesgo”, al mismo nivel que el narcotráfico.

Según dijo, el diálogo que tuvo con las autoridades estadounidenses fue para exponer el problema y ver de qué forma ellas pueden estar más atentas y generar las “alertas rojas” en estos contenedores que vienen de Estados Unidos, porque se están mandando productos de contrabando desde los puertos de Asia, principalmente de cigarrillos, y cuando llegan, por ejemplo, a Nueva York, Galveston, Miami y toda la parte de la costa este, los descargan y se hace una reexportación.

El problema es que “en esa zona franca de Estados Unidos se le cambia el origen al producto y como viene de ahí, cuando ese contenedor se recibe acá en Panamá o en algún otro puerto en Guatemala, existe la falsa percepción de que si llegó desde Estados Unidos, entonces ya pasó por todos los controles necesarios existentes y no genera una alerta roja”, explicó Campos.

Otro tema que presentó ante las autoridades estadounidenses es el transporte de  cigarrillos en contenedores en los barcos, que por un tema de legislación, “no pueden mezclarse con ningún otro producto”.  El próximo paso es elevar formalmente estas peticiones.

Los productos sensitivos: cigarrillos, bebidas alcohólicas y medicamentos están entre los productos que más se contrabandean en Panamá. De esos, según Campos, el cigarrillo es el que más se comercializa de manera ilegal en el mercado local. En 2016, el 60,8% de los cigarrillos consumidos en Panamá era de contrabando, pero esta cifra aumentó. Hoy, más del 85% del cigarrillo que se comercia en el país “es ilegal”. ¿Qué quiere decir esto? Que solo el 15% del mercado “es legal”, según un estudio de mercado de cigarrillos ilegales realizado por Nielsen, en Panamá (2021). Mientras que en México, un 18% es de contrabando; en Colombia anda por el orden del 33%, y en Jamaica en 23%, por mencionar algunos.

Se estima que, a nivel mundial, entre el 10% y el 12% de los productos de tabaco consumidos cada año son de contrabando, lo que representa un volumen de más de 400.000 millones de cigarrillos que generan una pérdida fiscal de hasta $50.000 millones.

Además, es la punta de lanza para el comercio ilícito en gran escala que opera gracias a la intersección peligrosa entre el crimen organizado (una actividad a menudo subestimada que favorece la corrupción y cuyas ganancias financian el trasiego de drogas, pandillas, el blanqueo de capitales y otros delitos), la evasión fiscal (que implica una importante defraudación de impuestos) y presenta graves riesgos para la salud pública (se trata de insumos no regulados, sin controles sanitarios de fabricación).

“Es una situación preocupante porque el comercio ilícito, especialmente, el contrabando de cigarrillos, se presenta como un delito precedente para el blanqueo de capitales. Genera una economía ilícita, una economía criminal paralela y con esto pueden financiar otros delitos más grandes del crimen organizado como el tráfico de armas, municiones y trata de personas”, alertó Campos.

De hecho, uno de los motivos por los que Crime Stopper aborda el tema del contrabando es porque hay que entender que este para el crimen organizado y para las pandillas en nuestros países es “un suministro rápido, con bajo riesgo de dinero, de efectivo, incluso en el triángulo norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, que controla mercados grandes públicos y populares”.

La mayor cantidad de incautaciones de productos contrabandeados se realizan en Colón y en el corredor Colón-Panamá, en la ciudad de Panamá; en Chiriquí, especialmente, en la frontera de Paso Canoas y puntos ciegos, y en la zona de Chepo, donde hay mucho producto que trata de buscar camino hacia Colombia, según datos del “mapa de calor” de Crime Stoppers, elaborado según las incautaciones realizadas por Aduana, la Policía y el Sistema Nacional de Fronteras (Senafront).

Mientras que el mayor consumo de cigarrillos se registra en los centros urbanos, de mayor concentración de la población, sobre todo en los locales nocturnos, bares, discotecas, restaurantes, en donde muchas veces se observa una “doble violación de la normativa”, porque por un lado están vendiendo producto que es ilegal y, por el otro, están violando una reglamentación del Ministerio de Salud que dice que no se puede hacer publicidad de cigarrillos.

En junio de 2022 se sancionó y promulgó la Ley 315 que prohíbe el uso, importación y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y otros dispositivos similares, con o sin nicotina en la República de Panamá. Y, según Campos, por esto están “más preocupados aún”.

Su preocupación radica en que, según dice esta ley: “queda totalmente prohibida la comercialización de todo tipo de aparatos, de suministro electrónico que tenga nicotina o que no tenga nicotina, lo que comúnmente se conoce como cigarrillos electrónicos”.

Pero, ¿qué pasa con esto? En su opinión, las regulaciones excesivas y prohibitivas como esta, lo que hacen es “generar, promover y facilitar mucho más el comercio ilegal y el comercio ilícito”.

Un ejemplo de ello es lo que sucedió en la década de 1920 en Estados Unidos, cuando salió la ley seca, con la que no se podía destilar ni comercializar bebidas alcohólicas.

¿Qué generó esa ley seca? Generó uno de los grandes mafiosos que tuvo la historia y el mundo en Estados Unidos, que fue Al Capone. ¿Por qué? Lo que sucede es que “al prohibir totalmente el consumo de un producto, la gente lo que hace es buscar ese producto de alguna forma y lo va a encontrar en un mercado ilegal, no regulado y que no paga impuestos”.

Por consiguiente, lo que  se está haciendo con esta ley es “crear un mercado ilegal, no permitiendo la recaudación de impuestos para el gobierno y al mismo tiempo fortaleciendo las estructuras del crimen internacional y nacional que se dedican a la venta de este producto”.

A la organización le preocupa “altamente” el tema de los cigarrillos electrónicos porque ahora se está vendiendo en lugares donde anteriormente no se vendían cigarrillos tradicionales de contrabando y donde tradicionalmente una autoridad de Aduanas  o una Policía nunca iba a hacer una incautación, como barberías, salones de belleza, cafeterías y otros.

“Hemos visto cómo mucha gente entra a estos negocios y pide uno de  $15 o de $30, depende de la cantidad de uso que tenga el cigarrillo electrónico”, afirmó  Campos, señalando que lo que ha generado la ley 315 es que de alguna forma  se tenga  que plantear una revisión.

Campos aseveró que lo más preocupante de esta ley es que habla específicamente de la comercialización, pero  ¿qué pasa con la tenencia? ¿Qué pasa si yo tengo una bodega llena  de cigarrillos electrónicos, pero no los estoy vendiendo, los estoy guardando? ¿Qué pasa  si yo ingreso al país con valijas de cigarrillos electrónicos o con tenedores de cigarrillo electrónico, si yo no lo estoy comercializando, lo estoy transportando?, reflexionó.

“La ley solo habla de comercialización, lo cual  favorece aún mucho más  el comercio  ilícito y genera un mercado ilegal aún más grande en Panamá, porque de alguna forma como no dice ni transporte ni tenencia, es como si el transporte y la tenencia están permitidos, porque no están en la ley, pero no está permitida la comercialización, que es donde se genera el hecho ilegal”, advirtió Campos.

La ley, por otro lado, dice  que se prohíbe la comercialización excepto en la Zona Libre de  Colón. Y, en opinión de Campos, “aquí es más preocupante porque todas las investigaciones en los últimos años arrojan que son principalmente muchas de  las empresas que están instaladas y operando en la Zona Libre de Colón, las que se dedican a la importación  y la reexportación de los cigarrillos de contrabando”.

Entonces, al habilitar  esta zona franca para esto “lo que estamos haciendo es habilitar una puerta de entrada y de salida  al mercado panameño de este producto en forma ilegal. Es algo que preocupa desde todo punto de vista de este marco regulatorio totalmente excesivo y prohibitivo”.  ¿Qué se tendría que hacer? Campos insistió en que habría que hacer una “revisión de la ley” que está establecida, dirigida entonces a la tenencia  y transportación de este tipo de mercancías ilícitas o simplemente hacer una “liberación del mercado” para que este producto, al igual que otros, pase por un registro sanitario y pague impuestos, eso  sería lo “más fácil”, porque al final hay una tendencia mundial.

“No se  trata de decir si está bien o  no fumar, o si fumar electrónico está bueno o no está bueno, es sano o no es sano.  ¡Esa no es la discusión en este caso! La realidad es que hay un mercado de consumidores que buscan este producto porque hay una tendencia  mundial al consumo”, reflexionó.

Y en un país globalizado como Panamá, advirtió que lo que va a hacer la gente es buscarlo en el mercado ilegal y eso es lo está pasando actualmente, en donde ya hay páginas de Instagram, de Facebook, y otros que están vendiéndolos con total libertad.

Destacó que ahora están en la tarea de hacer entrenamientos con las autoridades de Aduana, de Policía y Senafront, porque tampoco se conoce cuáles son estos productos ya que es  tanta la gama y la variedad que hay, que  confunden un poco  a las autoridades  a la hora de hacer una incautación.

En octubre de 2021, Panamá legalizó el uso del cannabis para fines medicinales y terapéuticos  y sus derivados a través de la Ley 242, y en septiembre de 2022 la reglamentó. Y, según Campos, va a  haber una cierta “riña” con  esta ley, porque una de las formas de suministro del cannabis medicinal, el CBD sobre todo, es a través de los sistemas electrónicos, pero esta ley prohíbe los sistemas electrónicos en Panamá.

Campos explicó que eso significa que si alguien tiene un dispositivo electrónico para suministrar un CBD de cannabis medicinal “no” lo puede utilizar, porque según la ley 242 sería “prohibido”.

El directivo añadió que si hay un consumidor de cigarrillos electrónicos, el hecho de prohibir su uso en el mercado panameño ocasionaría un “aumento” en el comercio ilícito del producto en sí, y “va a haber un conflicto de la ley que va a obligar a una revisión”.

Al comprar cigarrillos ilícitos, los ciudadanos no solo ponen en riesgo su salud, sino su integridad física. El tráfico y comercio ilícito de mercancía financia las redes criminales internacionales. Y esto abre las puertas para que el crimen esté más cerca de las viviendas de las comunidades más vulnerables del país.

Campos profundizó en que el contrabando de cigarrillo es un asunto que “preocupa” no solo por la ilegalidad, sino  también porque es un tema de salud pública; por un lado, porque no tiene ningún  tipo de control sanitario, de cantidad ni de calidad exigidos por el Ministerio de Salud y, por el otro, el bajo costo de las cajetillas y la venta de cigarros individuales les facilitan a los jóvenes el acceso al producto y a edades más tempranas.

Los cigarrillos permitidos para ser comercializados en todo el territorio nacional deben tener impreso, sin excepción, uno de los cinco pictogramas y advertencias de salud, los cuales están vigentes hasta agosto de 2023, según la disposición del Ministerio de Salud. En su defecto, la venta, tenencia y distribución de esos productos es ilegal en el país.

“Si un producto no tiene uno de los cinco pictogramas que el Minsa mandata tiene que tener impreso en la caja, entonces es un producto ilegal. No hay forma de equivocarse. En Panamá tampoco se puede comercializar el cigarrillo suelto,  al igual que en otros países”, apuntó Campos. Especificó que para que un producto sea legal tiene que pasar por el  Ministerio  de Salud para que sea registrado, para que le hagan todas las  inspecciones, etc. y ahí es cuando le ponen el pictograma y se le establece pagar impuesto.

El directivo sintetizó que el comercio ilícito de los llamados “productos sensitivos” (cigarrillos, bebidas alcohólicas y medicamentos) es un problema que ocasiona grandes afectaciones a los gobiernos de los países como, por ejemplo: menor recaudación de impuestos (productos sensitivos tienen una alta tasa de impuestos) y riesgos a la salud porque carecen de registro sanitario.

La evasión fiscal por el comercio ilícito de cigarrillos representa $100 millones  anuales en impuestos, equivalente a los presupuestos asignados al sector salud, educación e infraestructura sumados, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Es dinero  que de alguna forma es blanqueado en el sistema financiero. “Es un dinero que va directamente a las billeteras y a la caja chica de las pandillas y del crimen organizado que opera en Panamá y que lo usa, sirve para financiar  la operatividad diaria de estas estructuras criminales”, aseveró Campos.

Panamá se encuentra actualmente en la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi) de países que presentan deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales, y el financiamiento del terrorismo en 2019, una calificación que afecta la reputación del país y que puede repercutir de manera tangible en la vida de los panameños.

“La economía del país se basa gran parte en el turismo y en el tráfico por el Canal. Si la reputación del país se ve afectada, puede impactar las vías de ingreso principales para el país”, puntualizó.