Banco Mundial: Panamá enfrenta desafíos en el desarrollo del capital humano y la calidad del empleo

La calidad del trabajo y del capital humano está afectando los avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad en Panamá. Este problema evidencia los desafíos en la productividad y la formación de los jóvenes panameños, así quedó plasmado en el nuevo informe del Banco Mundial (BM) denominado “Panamá: del Crecimiento a la Prosperidad”.

De acuerdo con el reporte, Panamá enfrenta desafíos en el desarrollo de su capital humano y en la calidad del empleo, ya que en el Índice de Capital Humano (ICH), el país no ha mostrado mejoras en la última década y se ubica entre los más desiguales si se compara con países de ingresos similares.

Este índice, según el BM, indica que la productividad de las futuras generaciones podría alcanzar solo la mitad de su potencial actual, lo que podría costar al país hasta un 50 % de su ingreso futuro, evidenciando la importancia de invertir en educación y la calidad del empleo para impulsar el crecimiento económico a largo plazo.

Dentro del informe se explica que, si bien Panamá ha avanzado en la expansión del acceso a la educación, aún existen retos en la cobertura educativa entre los hogares de menores recursos, lo que limita el acceso a mejores oportunidades laborales.

Además, resalta que las perspectivas de que la educación superior sea un camino hacia mejores empleos son limitadas. Solo el 20 % de los jóvenes obtienen un título de educación terciaria, y las carreras ofrecidas requieren actualizarse a las demandas del mercado laboral.

Por otro lado, los datos revelan importantes desigualdades en el mercado laboral. Por ejemplo, en 2023, los trabajadores menos calificados percibieron ingresos hasta un 74 % más bajos que aquellos con educación terciaria.

Estas desigualdades afectan especialmente a las poblaciones indígenas, cuyos ingresos fueron un 36 % más bajos que los de las poblaciones no indígenas.

Óscar Calvo-González, director de Prosperidad para América Latina y el Caribe del BM, comentó que Panamá ha mostrado un rápido crecimiento económico en los últimos años; no obstante, mejorar la calidad del empleo y abordar las desigualdades en el mercado laboral son esenciales para ampliar las oportunidades de las personas para salir de la pobreza.

Para superar estos retos, dijo, es clave que el país continúe invirtiendo en educación de calidad y en capacitación alineadas con las demandas del mercado laboral. Además, que promueva políticas que reduzcan las brechas territoriales y étnicas para lograr un crecimiento sostenido que beneficie a todos los panameños.

El informe, además, señala que los empleos intensivos en nuevas tecnologías son ocupados mayormente por personas con mayores ingresos, lo que puede dificultar un acceso más equitativo a empleos de calidad.

Mientras tanto, los trabajadores con menor calificación continúan principalmente en empleos informales y de baja productividad, lo que limita sus oportunidades de mejorar sus ingresos y acceder a empleos formales.

A pesar de un crecimiento sostenido de los ingresos laborales del 2,2 % anual entre 2001 y 2023, el informe destaca que el Índice de Calidad del Empleo ha disminuido en la última década más rápidamente que en otros países de la región, afectando principalmente a los hogares de bajos ingresos.

En 2023, el 40 % más pobre de la población participó mayoritariamente en empleos informales. Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas en 2023, la pobreza alcanzó el 21,7 % y la pobreza extrema se situó en el 9,6 %.

Para que Panamá logre un crecimiento sostenible e inclusivo que reduzca la pobreza y la desigualdad, el BM indicó que el país puede priorizar tres áreas clave de política: cerrar las brechas territoriales y étnicas mediante el acceso a infraestructura y servicios básicos en áreas rurales y comarcas; impulsar la acumulación de capital humano y la generación de empleos productivos a través de mejoras en la educación, la salud y programas de capacitación alineados con las demandas del mercado laboral; y fortalecer la resiliencia de los hogares frente a amenazas naturales mediante políticas de protección social adaptativas e infraestructura crítica resiliente, especialmente en las zonas más vulnerables.