Advierten sobre los costos para el Estado si se 'violenta' el contrato con Panama Ports

El expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, Rommel Troestch afirmó que los sectores que están en contra de la renovación del contrato a la empresa concesionaria Panama Ports Company (PPC), “no tienen idea de cuánto costaría al Estado si viola los términos establecidos en el Contrato-Ley de enero de 1997”.

Con este contrato ley, el Estado dio en concesión por un periodo inicial de 25 años a la Sociedad Panama Ports Company S.A. el desarrollo, construcción, administración y dirección de las terminales de contenedores ro-ro, de pasajeros, carga a granel, carga en general y sus respectivas infraestructuras e instalaciones en los puertos de Balboa y Cristóbal.

Troestch, ex ejecutivo de PPC/Hutchison Panama indicó que el contrato ley entre Panamá y Panamá Ports Company debe renovarse de manera automática, siempre y cuando haya cumplido con todas las obligaciones básicas del acuerdo.

A inicios de semana circuló un borrador de resolución de La Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en donde este ente considera que hay mérito suficiente y "es viable aprobar y autorizar” al administrador de la AMP Noriel Araúz, para que reconozca que la empresa Panama Ports Company ha cumplido con las obligaciones contractuales estipuladas en el contrato ley.

Troestch en algunas entrevistas dadas en medios radiales, recordó que de acuerdo con las cláusulas del contrato, es automática la prórroga del contrato de concesión por 25 años adicionales y enfatizó que el único autorizado para auditar un contrato ley en donde tiene intereses el Estado es la Contraloría General de la República "y ellos certificaron que la empresa cumplió".

“A la Contraloría General de la República (CGR), como principal entidad fiscalizadora del Estado, le correspondió certificar que Panama Ports cumplió con esa cláusula”, añadió.

Fundamentó sus comentarios en el Contrato-Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, cuya su Cláusula 2.9 estableció que la concesión a PPC “tendrá una duración de 25 años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, plazo que se prorrogará automáticamente por uh periodo adicional de 25 años bajo los mismos términos y condiciones, siempre y cuando la empresa haya cumplido con todas sus obligaciones básicas, de acuerdo con este contrato”.

“La letra de contrato es clara y no da lugar a discusiones, si se cumplen todas las obligaciones. La Cláusula 2.9 no dice que se abre a renegociación”, destacó.

Sostuvo que por los alcances del audito realizado por la Contraloría entre enero de 1997 y septiembre del 2020, PPC cumplió con sus obligaciones a lo largo de los diferentes periodos gubernamentales con una docena de cláusulas y modificaciones del Contrato-Ley original. 

Troestch dijo que la percepción de la industria marítima global es que el Estado panameño va a honrar el Contrato-Ley. “No hay inquietud en la renovación del Contrato-Ley. El tema de fondo es la estabilidad de la industria marítima y ven esto como una cuestión política”, comentó.

Agregó que, contrario a los críticos de las concesiones portuarias, la ampliación del Canal de Panamá no benefició a los puertos nacionales. "Por el contrario, le restó carga. El Canal se amplió porque estaba perdiendo competitividad", dijo.

Explicó que la ampliación del Canal perjudicó el negocio de los puertos, particularmente las terminales del Pacífico. Pero, a la vez, favoreció a los del Atlántico y los obligó a modernizarse para atender los gigantescos barcos portacontenedores.

Por otro lado, trajo a colación el hecho de que el gobierno del Martin Torrijos no estuvo de acuerdo con la equiparación de los puertos concesionados hecha en el 2002 por la administración de la expresidenta Mireya Moscoso.

En tal sentido, recordó que el gobierno y PPC acordaron en el 2005 el pago de una contraprestación de $102 millones por la infraestructura recibida al momento de la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal.

"Eso quedó estampado en la Ley 5 de diciembre del 2005, que fue aprobada por la Asamblea Nacional. Por qué quieren ocultar la Ley 55, cuando ingresaron al Estado $102 millones producto de un acuerdo entre el gobierno y la empresa”, preguntó el experto marítimo. 

Diversos sectores luego de conocer el borrador de la Junta Directiva de la AMP donde se señala que Panama Port Company cumplió con las obligaciones contractuales estipuladas en el contrato ley, se mostraron en desacuerdo con esta posición y sugieren al gobierno renegociar este contrato.  

Por un lado, la Junta Directiva del Consejo Empresarial Logístico (COEL) exhortó al Gobierno Nacional, especialmente, a la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, "a no dejar pasar la oportunidad histórica que se les presenta, para lograr una negociación justa y a favor de los mejores intereses del país en su decisión de renovar o no el contrato con Panama Ports Company (PPC)".

La organización empresarial señala que "antes de tomar una decisión final en cuanto a la renovación de este contrato, es el momento de revisar con todos los recursos necesarios: auditorías y analistas especializados que puedan hacer un justo contrapeso a los enormes recursos económicos y técnicos que un conglomerado de la magnitud de Hutchinson Wampoa tiene a su disposición".

Para Coel, "las circunstancias de hoy no guardan ninguna relación en todo sentido con las originales, los resultados de los réditos al país cuando cumplidos, son relativamente insignificantes con relación al tamaño del negocio".

En tanto, el administrador del Canal de Panamá, Alberto Alemán Zubieta cuestionó que exista la intención de prorrogar este contrato con las mismas condiciones de hace 25 años. 

Sostuvo que el país hizo inversiones importantes como lo fue la ampliación del Canal de Panamá, lo cual dijo, modificó las reglas del negocio marítimo a nivel mundial y la forma como las navieras operan.

Por tanto, dijo, las condiciones con las cuales Panamá contrató con Panama Ports fueron otras. "Panamá cambió esas condiciones con un canal ampliado, permitiendo el paso de otros tipos de mercancías que antes no podían pasar por esa ruta. Es un tema que esperamos que la Junta Directiva de la AMP lo analice en su justa dimensión".

Mientras que el secretario general del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, consideró que es necesario revisar a profundidad el cumplimiento de las distintas etapas de este contrato ley.

"Da la impresión que la empresa ha cumplido y nos preguntamos si se hizo un audito para revisar las subcontrataciones y las inversiones qué hicieron en todos estos años", destacó.

González, sugirió incluso que se haga una nueva contratación con la participación de otras empresas y con mejores condiciones para el país.

Considera que el tema sobre la concesión a Panamá Ports debe debatirse públicamente y sin prisas.