El 5,6% del PIB de América Latina y el Caribe se pierde por evasión y elusión fiscal

Alrededor del 5.6% del producto interno bruto (PIB) de América Latina y el Caribe se pierde, tanto por la evasión como la elusión fiscal. La recuperación de ese dinero equivaldría al monto que necesita el sector de educación de esta región para mejorar el sistema.

Esta fue una de las conclusiones a las que llegó el informe “Justicia fiscal para el derecho humano a la educación – Una mirada regional desde América Latina” realizado en el marco del proyecto “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: diagnóstico, participación e incidencia desde América Latina y Caribe” liderado por Latindadd, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (Rjflac) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (Clade).

Tamara Montalvo Rueda, representante de Clade, explicó a este medio que el trabajo fue el fruto de una serie de estudios que se hicieron para analizar los gastos que se realizan en educación desde el sector público, evaluar los sistemas tributarios para saber si son progresivos o regresivos, y conocer dónde está la carga fiscal.

En este caso, dijo, el informe comprobó que los sistemas tributarios son regresivos e insuficientes, ya que la mayor proporción de los ingresos proviene de impuestos indirectos. Esto se debe, dijo, a varias razones, entre ellas: “la alta concentración del ingreso y la riqueza que no tributa; los altos niveles de informalidad del mercado laboral; el uso desmedido de guaridas fiscales; las pérdidas por flujos financieros ilícitos; la falsa facturación, y la evasión y elusión tributaria”.

Las otras conclusiones arrojaron que el sector de educación está subfinanciado y los países se comprometieron en asignar al menos el 6% del PIB al sector de educación, pero solo destinan un 4,5%.

La representante de Clade aseguró que todo lo que es evasión fiscal afecta directamente la provisión de los servicios públicos, llámese educación, salud, vivienda y otros derechos humanos, de la cual el Estado debe ser garante, pero “no lo hace porque no tiene los ingresos suficientes para dar los servicios públicos, por lo tanto, optan por recurrir a la deuda externa”.

De acuerdo con datos de Tax Justice Network, citados en el estudio, a nivel mundial se pierden $483.000 millones por parte de corporaciones e individuos que abusan del uso de paraísos fiscales. De ese total, el Caribe pierde $1,6 mil millones al año, lo que representa en promedio el 1,2% del PIB. En relación a América Latina (sin el Caribe), sus países dejan de percibir en promedio lo correspondiente al 0,7% de su PIB. En términos generales, si se agregan las pérdidas de los países de la región más el Caribe, se tiene que en promedio estas naciones pierden el 1% del PIB por guaridas fiscales. Dicho valor, al ser comparado con el 4,4% destinado a educación, representa el 25% del mismo.

El estudio sostiene que estas cifras incluyen únicamente información proveniente de 38 países publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto significa que todo lo no reportado no se incluye en el reporte, por lo que los valores referentes al abuso fiscal pueden ser aún mayores, y por tanto representarían un escenario mínimo de pérdidas a nivel global.

Advierte que las estimaciones publicadas sobre evasión fiscal y flujos financieros ilícitos a nivel regional son escasas. Para el caso de América Latina y el Caribe, indicó, la estimación publicada más reciente sobre evasión data de 2018. En ese año se estimó que llegaría a ser de $325.000 millones o un 6,1% del PIB: 3,8% por impuesto a la renta y 2,3% debido al incumplimiento del IVA, según las proyecciones dadas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2020. En el caso de América Latina y el Caribe, la evasión fiscal habría representado el 139% del gasto destinado a educación en 2019, de este porcentaje, el 87% estaría explicado por la evasión del impuesto a la renta y el 52% por la evasión del impuesto al valor agregado (IVA).

También detalla que los incentivos fiscales otorgados por los gobiernos generan un gasto muy cercano al gasto mundial en educación frente al PIB. El gasto tributario mundial promedio se ha mantenido desde 2012 en alrededor del 4% del PIB, siendo en el año 2019 del 3,8% del PIB. Cuatro regiones sobrepasaron el promedio mundial; América Latina fue una de ellas.

Ante estas revelaciones, el informe explica que entre la justicia fiscal y el derecho humano a la educación existe una relación bidireccional y puede ser virtuosa si se ejerce bajo un enfoque de garantía de derechos. Señala que instaurar sistemas fiscales progresivos implica más recursos a corto plazo; garantizar el derecho humano a la educación de calidad implica la sostenibilidad de la justicia fiscal a largo plazo. Pero aclara que el mundo ha visto varios ejemplos de esta virtuosa relación, pero en la mayor parte de las regiones no ha ocurrido.

Recalca que las diferencias en el ámbito fiscal entre las regiones con mejores desempeños en lo educativo frente a aquellas en peores condiciones contemplan tres aspectos: tener al Estado como garante del derecho y proveedor principal del servicio público educativo, tener sistemas fiscales más justos, y dotar de mayores capacidades y responsabilidad a los diferentes niveles de gobierno. Estas características son compartidas por gran parte del mundo desarrollado, pero son ajenas a la realidad de América Latina y de regiones como África y gran parte de Asia.

Para contribuir con el avance del derecho a la educación y el logro de los Objetivos de Desarrollo, especialmente el número 4, referido a la educación global, el informe destaca que es necesario que los países de la región latinoamericana y caribeña establezcan acciones y medidas que amplíen su base impositiva y, al mismo tiempo, dote de mayores recursos a los sistemas educativos públicos.

Montalvo, por su parte, sostiene que “el mensaje que da este informe es el de tener más transparencia, evitar la evasión y la elusión fiscal, fortalecer administraciones tributarias, cancelar las deudas externas y las deudas que adquieren los países para autofinanciarse”.

Añadió que “esto se puede traducir con mecanismos como: mover los sistemas fiscales de un esquema regresivo a progresivo; eliminar las extensiones tributarias a sectores en los que ya hay acuerdos bilaterales con empresas; compartir información de tal manera que se pueda levantar el sigilo bancario.