Reducción de jornadas de trabajo puede extenderse por un año más

Los nuevos acuerdos entre trabajadores y empleadores que establecen una modificación de la jornada laboral pueden extenderse por todo el año 2022.

Raúl Jordán, asesor del despacho superior del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), explicó que entre ambas partes debe establecerse el periodo para la recuperación de la jornada laboral.

“El empleador puede proponer al trabajador la modificación de la jornada por tres y cuatro meses, sin embargo, la vigencia puede ser hasta diciembre de 2022”, explicó el funcionario.

Los acuerdos de jornada reducida solo pueden ser de hasta un 50%, pero debe mantenerse el pago por hora.

El Decreto 73 del 28 de noviembre de 2021 establece que los acuerdos de modificación de jornada laboral pactados durante este año, con el amparo del estado de emergencia, no se extenderán más allá del 31 de diciembre. Y, que a partir del 1 de enero, los acuerdos consensuados entre ambas partes deben presentarse, de manera presencial, en la Dirección Nacional o Regional de Trabajo.

“La modificación de la jornada ha sido un mecanismo de protección del empleo debido a que no ha sido suspendido en su contrato de trabajo. De una u otra forma, aunque fuese reducido el tiempo de trabajo, mantiene un ingreso, mantiene la labor dentro de la empresa”, agregó el funcionario.

A partir del 1 de enero, la modificación de jornada que no cumpla con los requisitos contemplados en el Decreto 73 y con el debido registro del Mitradel será considerada nula. Lo que quiere decir que el trabajador y el empleador se acogerán al contrato laboral original.

El artículo 159 del Código de Trabajo permite la modificación de la jornada laboral. Y como consecuencia de la crisis económica que provocó la pandemia de la covid-19, el Mitradel creó el Decreto 71 de marzo de 2020 que reglamenta la reducción de la jornada laboral, que debía ser consensuada entre ambas partes. En ese contexto también nace el Decreto 73 del 28 de noviembre de 2021.

René Quevedo, consultor laboral, explicó que el Decreto 73 representa la última etapa del proceso de reintegración de los 284 mil trabajadores a quienes se les suspendió el contrato, de los cuales, un poco más de 30 mil fueron desvinculados. Lo que quiere decir que 1 de cada 5 trabajadores suspendidos fue desvinculado o se mantenía en jornada reducida el 31 de diciembre 2021.

El panorama laboral continúa siendo incierto a pesar del crecimiento proyectado de la economía de un 13%.

La economía no está generando nuevos empleos. Entre enero y octubre de 2021, los nuevos contratos laborales tramitados por el Mitradel fueron 44% inferiores a los procesados para el mismo período de 2019, año en que se crearon 52,040 empleos, todos informales.

“Esta evolución es síntoma de incertidumbre en el clima para las inversiones privadas en el país. Sin inversión privada no hay generación de empleo formal, y eso es lo que las cifras están evidenciando”, explicó Quevedo.

Dada la descapitalización del sector privado nacional, es imperativo atraer inversión extranjera directa (IED), para lo cual la mejor estrategia es visibilizar la experiencia de los inversionistas que ya invirtieron en el país, recomendó Quevedo.

En este contexto, la pronta y exitosa culminación del proceso de negociación entre el Estado y la empresa Minera Panamá, con una inversión de $6,700 millones, la mayor en la historia del país, que aporta 39 mil empleos directos, indirectos e inducidos, así como $583 millones anuales en compras a otros sectores de la economía, marcará “un antes y un después de la IED en Panamá”, enviando un mensaje de confianza a la comunidad de inversionistas internacionales, planteó el consultor.

Por su parte, Luis Eduardo Valle, asesor laboral y columnista de La Estrella de Panamá, explicó que el nuevo decreto provocó que a último minuto se requiera firmar nuevos acuerdos que se ajustarán a la norma.

“Los acuerdos antes eran registrados vía electrónica, ahora el ministerio requiere que se registren presencial, cuando lo que se quiere es que haya menos aglomeraciones”, plantea Valle.

En su criterio, la institución ha promulgado una norma que exige una mayor burocracia e intercambio de papeles en oficinas públicas donde las instalaciones no se prestan para el distanciamiento social, ignorando los beneficios de la tecnología.