Desconcierto: viceministro de comercio se opone a proyecto de cabotaje

En una situación que los diputados, empresarios y abogados, encontraron al menos confusa e inusual, el viceministro de comercio interior, Omar Montilla, envió una nota al presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, conjurando los intereses de varias potencias marítimas que según él, verían afectados sus intereses debido al control panameño de su Industria Marítima Auxiliar (IMA).

Dos meses después que el ejecutivo presentara el proyecto, el pasado 7 de abril de 2020, aprobado por el Consejo de Gabinete después de un amplio análisis de 2 años a través de la Autoridad marítima de Panamá (AMP) y la presidencia, el viceministro de comercio interior fue el elegido para presentar un análisis de todos los acuerdos internacionales en base a los cuales Panamá, no podría tener el control de sus operaciones marítimas auxiliares.

“Cuando una embajada se opone a un proyecto de ley como este es porque está defendiendo los intereses de su país que no quepa la menor duda, están haciendo su trabajo, es lo que tienen que hacer, es la mejor señal de que esta ley es en favor de los intereses nacionales”, dijo el abogado y vocero legal de la Asociación de Armadores Panameños (ARPA), Juan Felipe Pitty.

Según el presidente de la subcomisión de comercio, encargada de consensuar el proyecto, el diputado Raúl Pineda, es una ley que ha enviado el mismo Ejecutivo para proteger y tener equidad de condiciones con las potencias navieras que hoy compiten con los panameños, que están en franca desventaja, hay que proteger nuestros mares, nuestra posición geográfica y que la navegación sea más segura, dijo.

“Definitivamente cuando tienes un país como Holanda, por ejemplo, donde Panamá no puede hacer Cabotaje, para ellos es duro, pero para nosotros también es duro, debido a que no tenemos esa reciprocidad, pero ellos inclusive podrá hacerlo, pero tendrán que buscarse un socio panameño con 75% de participación local, de acuerdo con el proyecto”, dijo el diputado.

La ley “busca defender los intereses nacionales, es similar, por no decir idéntica, a los demás países marítimos desarrollados como Estados Unidos, Holanda y Singapur.

Son leyes que buscan más inversión que se quede en Panamá, en nuestro sector marítimo, más empleos, más infraestructura, oportunidades técnicas para marinos y gerentes, para panameños y panameñas, dijo el portavoz de ARPA y añadió “sobre todo que los impuestos de esas empresas nacionales se queden en Panamá, se fomenta una riqueza nacional, permitiéndole al Estado con esos recursos gestionar infraestructura, desarrollando a la Industria Marítima Auxiliar, como otro polo de desarrollo pujante para enfrenar esta crisis pandémica”.

Además del vice ministro de comercio interior, uno de los abogados de la contraparte Eduardo Real , expresó en una red social en reacción a las declaraciones de Pitty: “Que las empresas nacionales que ya tienen licencia se van a quedar con todo el negocio, pero el resto de los panameños que pagamos impuestos y que no vamos a poder entrar en este negocio, nos va tocar pagar indemnizaciones millonarias a los operadores extranjeros, que están protegidos por tratados de inversión”

El abogado Eduardo Real es socio de una firma que representa a por lo menos dos transnacionales agentes de mercado Península y VT Shipping y a la vez se presentó a la subcomisión de comercio como representante de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (APADEMAR) y del Consejo Empresarial Logístico COEl, el pasado martes.

Harry Quinn, secretario de la junta directiva de ARPA, expresó extrañeza que sea el viceministro de comercio interior sin experiencia, quien presente un documento técnico de acuerdos internacionales tan elaborado y que un abogado con dichas conexiones se presente a representar a dos gremios, uno de los cuales COEL es un gremio de gremios, donde tiene cabida la Cámara Marítima de Panamá que ha expresado su disposición al dialogo ante este proyecto tan importante para el país.