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- 01/05/2024 00:00
- 30/04/2024 18:43
El 1 de mayo de 2024 volvemos a celebrar como todos los años el “Día del Trabajo”, una fecha que se caracteriza por ser más celebrada por los sindicatos, lo que en mi concepción es errado porque sugiere que solo es un día para los que se definen como trabajadores (muchas veces formales y sindicalizados), cuando lo que estamos celebrando es el derecho a trabajar.
El derecho a trabajar lo tenemos todos los ciudadanos, entiéndase trabajadores (organizados y no organizados), funcionarios, empleadores, emprendedores, artistas, voluntarios y hasta pasantes. Veremos marchas obreras multitudinarias con un sinnúmero de consignas sobre “trabajo digno”, “mejores salarios”, “abajo la explotación laboral”, “arriba la libertad sindical”, “empresario explotador”, “salven a la CSS”, entre muchas otras que quedan en una cartulina sin mayor efecto a futuro.
Lo distinto en esta ocasión es que la celebración se da a cuatro días de las elecciones nacionales, cuando estaremos escogiendo a nuestros gobernantes para el próximo quinquenio y que tendrán la gran y difícil tarea de enfrentar la problemática del empleo en Panamá, que es una, y cuidado la más grande, preocupación que tienen los panameños de a pie hoy.
Lamentablemente no hay datos oficiales sobre la tasa de desempleo más actualizada en Panamá, después del 29 de abril de 2024. La última información disponible corresponde a agosto de 2023 (Encuesta de Mercado Laboral, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo –Inec–), cuando la tasa de desempleo se ubicó en el 7,4%. En ese momento, la población desocupada a nivel nacional fue de 155.625 personas, lo que significó una disminución del 23,4% en comparación con abril de 2022, cuando se registraron 203.253 desocupados.
El desempleo juvenil (15-29 años) representa el 54,3% del desempleo total. La tasa de desempleo para las mujeres fue del 8,8%, mientras que para los hombres fue del 6,1%. La informalidad laboral se ubicó en el 48,2%, según las cifras oficiales.
Si bien la tasa de desempleo ha disminuido en los últimos meses, también vemos que mucho es debido a un incremento no justificado e improductivo en la planilla estatal que busca maquillar este indicador como una buena gestión de gobierno.
Este crecimiento ha sido significativo desde 2022. En diciembre de 2022 había 259.879 empleados públicos; en octubre de 2023, 262.365 funcionarios (un aumento del 2,3% respecto a octubre de 2022); y en diciembre de 2023, 264.643 empleados públicos (un incremento de 4.764 servidores públicos respecto a diciembre de 2022).
Lo anterior ha generado un impacto en el erario público, con un aumento en el gasto en salarios que alcanzó los $4.093 millones en 2023 (un 134,4% más que en 2022).
La otra razón para la disminución del desempleo es que hay mucha gente que al momento de realizarse la encuesta ya no se encuentra buscando empleo. La tasa de desempleo se calcula como el porcentaje de la PEA (personas económicamente activas) que está desempleada. Entiéndase lo siguiente: La población económicamente activa (PEA) se define como las personas que durante la semana de referencia se encontraban trabajando o buscando trabajo activamente.
Los desempleados son las personas que durante la semana de referencia no tenían trabajo, pero lo estaban buscando activamente y estaban disponibles para trabajar.
Lo curioso de esta metodología es que si no estás buscando empleo, no cuentas como desempleado.
Para estos comicios hemos escuchado varias propuestas que van dirigidas a atacar el problema del desempleo. El problema es que a estas propuestas les falta sustento y/o están lejos de cualquier realidad.
La famosa (ridícula) propuesta de cuatro días de diez horas de trabajo con un salario mínimo de $1.000 es constitucionalmente imposible, además, de económicamente insustentable. Es claramente una promesa populista que no toma en cuenta al pequeño empresario que no puede pagar esos salarios. No toma en cuenta a las industrias de servicio, como el turismo, que no pueden funcionar en jornadas de cuatro días, y ni hablar de los trabajos peligrosos o especiales donde se comprometería la seguridad con jornadas extendidas de diez horas.
La creación de 500.000 nuevos empleos. ¿Cómo? La respuesta: “creando confianza”. Esta propuesta conlleva aceptar como dogma de fe (confiemos) que tendremos en un periodo de cinco años al menos dos obras, políticas y/o proyectos de Estado, con el mismo impacto que tuvo la expansión del Canal de Panamá que generó aproximadamente 40.000 puestos de trabajo directos y 140.000 empleos indirectos entre 2007 y 2014 (o sea, tomó siete años).
Mi primera chamba, “Aprender haciendo”, programa nacional de aprendices, etc. Estos programas que buscan insertar a la población joven entre 18 y 30 años, que esté cursando una carrera universitaria o vocacional en empresas del sector privado o público en un formato de pasantía o aprendiz, ofreciendo beneficios fiscales y económicos a las empresas participantes. El problema de este tipo de propuestas es que las mismas se vienen implementando en todos los gobiernos anteriores con pésimos resultados, por parte de la entidad que ejecuta dichos programas. Entre los años 2022 y 2024 (no hay data disponible de años anteriores) el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, a través del programa “Aprender haciendo” solo logró insertar al mercado laboral a 268 jóvenes, donde participaron o se inscribieron más de 2.000 y el costo de ejecución superó los $3 millones. En resumen, suena bonito, pero no da resultados por la pésima ejecución y la alta burocracia.
Para verdaderamente atacar el problema del desempleo se requiere con urgencia una actualización del Código de Trabajo y de la legislación laboral complementaria panameña que incluya:
·Flexibilización de la jornada laboral en vez de reducción de esta sin sustento.
·Restablecer y regular la figura de trabajador eventual o de temporada.
·Regularizar la figura de aprendiz y/o pasante como otro mecanismo de contratación que no sea una relación de trabajo per se.
·Que prohíba las paralizaciones de hecho o el abuso del derecho de huelga.
·Que se dé prevalencia legal a la figura del arbitraje laboral como método óptimo para la resolución de conflictos colectivos.
·Que se fiscalice a las organizaciones sociales para que sean verdaderos entes de representación y no feudos sindicales con agendas políticas.
·Creación de renglones de remuneración dirigidos a la productividad y que no generen altos costos de cuotas obrero-patronal.
·La creación de más juzgados de trabajo y juntas de conciliación y decisión que puedan atender con celeridad y de forma oportuna las controversias laborales entre trabajador y empleador.
·La desburocratización del Ministerio de Trabajo a través del uso de tecnología.
·Apertura y facilidad para la inversión laboral de la población migrante para atraerla desde la informalidad hacia la formalidad laboral.
·Replantear la forma en que se revisa el salario mínimo por actividad económica.
Por último, y no menos importante, es crucial que el nuevo gobierno al momento de designar a funcionarios a cargo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, elija a profesionales que conozcan nuestra legislación laboral y que hayan tenido experiencia en el sistema, para que con conocimiento de causa puedan hacer los cambios necesarios y no cosméticos que necesita dicha cartera. Un Ministerio de Trabajo que proponga leyes y decretos que impulsen la generación de empleo formal alineado a una estrategia nacional que impulse el fortalecimiento de industrias cruciales (turismo, logística, construcción y comercio al por menor) a la vez que ayude a la creación de nuevas industrias (manufacturas, telecomunicaciones, tecnología e investigación). Se requiere una entidad que no solo sea la ventanilla de quejas y reclamos, sino que sea la que activamente funcione para la creación de empleos.
Si bien es cierto no existe una solución mágica y las propuestas presentadas requieren mucho capital y voluntad política, es importante que como país el primer paso sea entender que el problema es mucho más complejo y que requiere más acciones y no propuestas mágicas o tablas de multiplicar erradas. Salgamos a votar con conciencia, y cuando ya tengamos un nuevo gobierno, exijamos, no esperemos ni confiemos.