Las incógnitas del nuevo gobierno y otros temas

En las próximas horas tomará posesión del cargo de Presidente de la República, Martín Torrijos Espino. La fuerza electoral que le dio el triunfo, y creo que todo el país, fincan sus mejores esperanzas en el éxito de su gestión gubernamental. Esas esperanzas se encuentran precisadas en los programas formulados durante la campaña presidencial.

La experiencia nacional e internacional ha puesto de relieve que entre el dicho electoral y el hecho concreto de las realizaciones o cumplimientos, hay un trecho generalmente rico en sorpresas. Son las dificultades, tal vez imprevistas, que marcan distancia entre las promesas y las realidades estatales. Es el escollo que fluye de lo acumulado o que encuentra su origen en las fallas estructurales y en las debilidades de la economía patria. Estos factores entorpecen o dilatan la gestión oficial y explican el posterior desencanto nacional, tan propio de todos los países tercermundistas. También explican la lenta velocidad o la imposibilidad de todo cambio prometido. La inagotable exigencia social no se aquieta con la sola presencia de un nuevo mandatario. A lo sumo la podría neutralizar la aplicación de abundantes medidas populistas y demagógicas, sin embargo, esas medidas solo contribuyen a profundizar la crisis fiscal del país. Sobre todo, si los problemas actuales exigen soluciones austeras y dramáticas.

Si se examina la historia, todo es un “permanente renuevo” como expresaba Guillermo Alonso Pujol, estratega de la Cuba de antaño. Es lo que ocurre con todos los gobiernos que se estrenan. De la esperanza pasan rápidamente a la desesperanza. Es lo habitual con muy escasas excepciones.

No solo enfrentará el nuevo gobierno problemas materiales, fiscales, de pan llevar, de promesas y de contabilidades. También están los de carácter moral cuya denuncia y explotación determinaron el triunfo del 2 de mayo. El señalamiento constante que hacía el PRD y los medios de comunicación afines sobre la corrupción gubernamental obliga al nuevo gobierno a comprobar en la esfera judicial la comisión de los delitos denunciados. Es de la responsabilidad política y moral del PRD. Por tanto, la disyuntiva indeclinable del gobierno de Torrijos oscila entre la denuncia judicial y el encubrimiento político. En el primer caso se ventilaría objetiva e imparcialmente, con todas las garantías procesales, el cargo de corrupción que el PRD ha irrogado al gobierno que declina. Y para que no se hable de discriminación o de impunidades, las investigaciones deben extenderse a las denuncias de ilícitos de los gobiernos anteriores al de Moscoso.

En el caso de que se opte por el silencio o encubrimiento, el PRD se convertiría en un timador de la opinión pública, y el beneficiario electoral y único de sus engendros publicitarios. Desde esta perspectiva moral, los días que están por venir serían de gran controversia judicial y política. Por supuesto que en esta etapa la opinión pública no podrá ser manipulada con acciones u omisiones impropias. Es obvio que reconforta la decisión de la presidenta Moscoso de permanecer en el país y de no acogerse a la inmunidad que le otorga su condición de miembro del Parlacen. Es un gesto de desafío a las embestidas y amenazas de sus adversarios.

Cabe recordar que, desde la instauración de la democracia, bajo el gobierno de Endara hasta la fecha, sin paréntesis, a nadie se ha perseguido por sus ideas políticas. Es de desear que el nuevo gobierno siga igual línea de tolerancia tan absolutamente desconocida durante la dictadura militar.

En los meses y años por venir, no sólo el gobierno tiene tareas a desarrollar, según sus programas y responsabilidades. También las tiene la oposición política y la sociedad civil. La oposición debe lograr la cohesión programática y cada partido está en la obligación de fortalecerse mediante un proceso interno de purificación. La democracia exige partidos fuertes, bien en masas o bien en doctrinas. No creo en la oposición que desde ahora anda buscando rey para el 2009 y no programas de lucha, de fiscalización, y de proselitismo. El primer deber de los partidos de la oposición, luego del descalabro del 2 de mayo, es modernizar sus respectivos estatutos para que las decisiones políticas sean el fruto de la consulta de sus bases y no de las órdenes autoritarias de elites con un concepto obsoleto de los partidos y sus fines. No debe aceptarse como digna de aplauso una oposición que desdeña a la fuerza opositora mayoritaria. Eso es simple cabildeo de capillas o intento prematuro y premeditado de sembrar la semilla de la discordia con propósitos ulteriores hoy no muy claros.

La sociedad civil, cerebro avispado y militante de la opinión pública, debe reestructurarse y encontrar fórmulas que garanticen la participación y representatividad democrática y legítima de todos los sectores. La sociedad civil no puede estar acaparada por sectores que no han pasado por la consulta popular. ¿Cómo lograrlo? En un consenso de todos los grupos interesados, muchos de ellos ya prestigiados en las luchas cívicas por la democracia. La legitimidad de la sociedad civil se hace cada día más impostergable, dado el creciente relajamiento de todo el tejido de nuestra sociedad.

El 1 de septiembre se inicia un ensayo político en la vida del país, con la ventaja que los nuevos gobernantes representan inequívocamente la voluntad del pueblo. Los hechos dirán si el “sí se puede” fue un señuelo electoral o una bandera de realizaciones concretas. Es apenas natural que en los próximos 100 días -período de prueba tradicional- cabalgue en la política eso que denominan el beneficio de la duda, no como cheque en blanco sino como tiza sobre pizarra. Esperemos y leamos con sumo interés las primeras letras.