Las mujeres tienen derecho a caminar seguras

A raíz de las reiteradas denuncias de mujeres desaparecidas en Panamá, se han generado dinámicas sociales para en alguna medida, fortalecer los anillos de seguridad de las mujeres. Entre tanto, hay quienes en forma despectiva siguen culpabilizando y juzgando a las mujeres por su forma de vestir, por los lugares que frecuentan, su trabajo y hasta la cantidad de hijos o hijas que tienen en función de su edad, afectando con esta actitud y falta de sensibilidad la tranquilidad de las niñas, adolescentes y las familias en general.

Lejos de aportar, al reforzar los prejuicios en contra de las mujeres en función de los roles culturalmente asignados a ellas, se ocasiona más temor colectivo. Hoy día hay niñas, adolescentes y mujeres que, por el grado de tensión y pánico que se ha creado, producto también de información que no es completamente confiable, se sienten inseguras caminando hacia los lugares a los que asisten con frecuencia. Inclusive, algunas han variado su rutina diaria por miedo a ser atacadas, secuestradas o asesinadas, lo cual es injusto. No imagino el terror de las madres, padres o familiares que no cuentan con recursos para pagar un bus colegial y que por seguridad, han decidido acompañar a sus hijas a las escuelas o universidades para que no vayan solas.

Por otro lado, es necesario aclarar que las desapariciones pueden ser voluntarias o no voluntarias. Hay mujeres que salen de sus casas por razones de violencia doméstica, abuso sexual, problemas económicos, crisis de salud u otras causas. Cada razón es importante y debe ser entendida y atendida oportunamente, por lo cual no es justo que se prejuzgue la situación, sobre todo porque se desconoce lo que ha sucedido en el entorno familiar de estas mujeres. Es por ello que se deben aplicar los protocolos que existen hace tiempo atrás y las autoridades deben brindar una atención y seguimiento adecuado a cada caso, apoyados por un equipo interdisciplinario.

En cuanto a las desapariciones no voluntarias o las desapariciones forzadas de personas, están consideradas internacionalmente como un delito de lesa humanidad. Las mismas pueden darse en los contextos de la criminalidad organizada, como lo son la trata de personas, la explotación sexual, el tráfico de órganos o los secuestros. En cualquiera de los casos son crímenes graves, que deben ser investigados hasta las últimas consecuencias por parte de los estamentos policiales y las autoridades competentes. Durante el tiempo que duren las investigaciones, las familias de las víctimas deben contar con el apoyo del Estado en estos procesos.

Ante los reportes de la desaparición de personas, cualquiera que sea su sexo, es primordial que las autoridades publiquen toda la información que pueda ayudar a que la comunidad en general se involucre en la búsqueda y que tengan los canales para poder compartir información en caso de conocer algún dato. También es importante que esta información sea compartida con todo el respeto y la sensibilidad humana necesaria, para que el proceso de búsqueda sea con este mismo respeto y empatía por parte de la población.

La información sobre qué se debe hacer ante una situación de desaparición y el acompañamiento que necesitan las familias ante una situación como ésta, se puede trabajar a través de una campaña de sensibilización e información por parte de las entidades correspondientes. Una situación como esta produce mucha incertidumbre, zozobra, ansiedad y estados de ánimo diversos, como frustración, enojo y dolor y en ocasiones imposibilita a los familiares reaccionar en forma adecuada y oportuna, ya que en ocasiones desconocen cómo proceder o a dónde deben acudir.

Las mujeres tienen derecho a caminar de forma segura. Lejos de promover un ambiente de tensión, miedo, morbo o incertidumbre, las autoridades, los medios de comunicación y la comunidad en general deben comprender que las desapariciones crean ambientes inseguros, sobre todo para las mujeres, generando desconfianza de quienes las rodean y limitan el acceso que por derecho, tienen a las áreas públicas, lo cual es violatorio a sus derechos humanos.

Hay que reforzar las redes de seguridad en los hogares y en las familias. Debemos estar pendientes de lo que sucede en el entorno social y exigir a las autoridades una explicación de lo que está ocurriendo y la publicación de las medidas de auxilio y las recomendaciones que se deben seguir. Como ciudadanos y ciudadanas, tenemos derecho a ello, ante un ambiente social en donde las mujeres optan por no salir o salir acompañadas, por su seguridad.

La autora es feminista.