Una ley burocrática e inútil

En mi opinión el proyecto de ley que crea el Registro de Concebidos no Nacidos es burocrática e inútil. Las leyes deben servir para algo; deben ser provechosas, necesarias, de carácter obligatorio, orientadas a realizar una acción, o a determinar derechos y obligaciones de los ciudadanos. En este caso la ley no cumple con ninguna de estas características. Veamos por qué:

Es inútil, porque establece un registro que “no constituye una inscripción, no es objeto de rectificaciones, no otorga derechos de filiación, ni sucesorios, ni derechos patrimoniales.” No tiene un objetivo, ya que los datos que se obtengan para realizar este Registro “no harán fe en juicio ni podrán utilizarse para investigaciones judiciales ni de cualquier índole.”

No determina derechos ni obligaciones, al establecer que su “finalidad exclusiva” es “otorgar el derecho al nombre del concebido no nacido”, derecho que nunca ha tenido un nasciturus en la legislación panameña, porque el derecho a la identidad y a ser reconocido con su nombre y apellido es para los menores ya nacidos.

No es de carácter obligatorio, porque establece que la solicitud de registro será voluntaria. Dudo que nadie se tome la molestia de llenar un formulario y hacer todo el trámite burocrático con nombres, cédulas o documentos de identidad y firma del padre para otorgar su consentimiento. Ni siquiera porque tiene el plazo absurdo de dos años para realizar este trámite.

No es provechosa, porque los datos estadísticos que se obtengan de este registro voluntario serían incompletos, al no ser obligatorios y por ende no tienen ninguna utilidad. Incluso, la primera vez que se presentó la propuesta de ley los funcionarios del Registro Civil se manifestaron en contra, porque no tenían ni el personal ni los recursos para llevar este registro adicional, que no tiene ninguna finalidad.

Los derechos fundamentales pueden ser exigibles desde el momento en que el individuo ha sido engendrado en algunos casos puntuales, como es el caso del hijo póstumo; la protección que se le brinda al embrión y al feto a través de la protección a la mujer embarazada; el derecho a la prestación de alimentos y pensión prenatal para garantizar el óptimo desarrollo físico durante la gestación, nacimiento y lactancia hasta los tres meses de vida, etc.

Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.” Pero primero tienen que nacer para ser persona. La persona es el titular de derechos inalienables y comprende la capacidad para disponer de sí mismo y ser sujeto de derechos, relaciones y negocios jurídicos; y ser capaz de derechos y obligaciones. El nacimiento determina la personalidad, aunque sólo se reporta nacido al feto que tiene figura humana y vive 24 horas enteramente desprendido del seno materno. Estas son las dos condiciones para tener personalidad.

La ley en comento quiere establecer el registro de “defunciones” de un ser que no ha nacido, en cualquier edad gestacional o peso que tuviera al momento del fallecimiento, lo que nos lleva a pensar que quizás terminaríamos registrando la “defunción” de un grupo de células o de un pequeño coágulo.

Está claro que la intención original de la diputada “Pro Vida” que la propuso era pasar al no nacido como vivo, para llegar a una situación parecida a la que viven las mujeres en el Salvador, donde se acusa de homicidio agravado por parentesco a mujeres inocentes que tienen un aborto espontáneo y se les condena hasta a 40 años de prisión. Felizmente, hubo tanta oposición a la ley y se le hicieron tantas modificaciones, que ahora se ha convertido en una ley que da tumbos y no llega a ningún lado.

En cuanto al “Día del Niño por Nacer”, casi no nos alcanzan los 365 días del año para tantos días conmemorativos. ¿Qué tal el Día del Pajarito Preñao o el Día del Tamborito o del Sombrero Pintao (si es que no existen ya)? Lo que necesitamos es un “Día de las Leyes Engavetadas”, para que por fin se promulguen muchas leyes de protección de derechos humanos de personas ya nacidas, que han sido presentadas a Participación Ciudadana en respuesta al clamor popular, que siguen engavetadas y no terminan de nacer.

Es lamentable que diputados y diputadas que fueron elegidas por el pueblo (y algunas que llegaron por residuo sin los votos) para mejorar la situación del país, inviertan tiempo y recursos en leyes que no son ni provechosas, ni necesarias y que no tienen objetivo ni determinan derechos y obligaciones. ¡Basta ya de burocracia!

La autora es abogada y defensora de los Derechos Humanos.