La salud pública y la ley de medicamentos, a examen

Panamá tiene todas las condiciones para ser un país de primer mundo en materia de salud ya que tiene los recursos suficientes para ello y normativas como la Ley 419 de 2024 que puede aportar a un proceso más expedito para la adquisición de medicamentos. Sin embargo, hay obstáculos que impiden que un sistema de salud público eficiente atienda debidamente a los ciudadanos con un servicio de calidad.

Esta fue la reflexión inicial emitida por la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Crónicas (FENADECC) Enma Pinzón en un foro de la asociación denominado Análisis de la salud en Panamá y la Ley de Medicamentos en el que estuvieron también presentes la directora nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa) Elvia Lau y el representante de la Sociedad Panameña de Hematología, el Dr. Dimas Quiel. También fueron partícipes del evento Plinio Cerrud, quien representa a los pacientes con enfermedades mentales, la representante de pacientes con anemia falciforme Mirna Allen, la representante de los pacientes con hemofilia Alaisa Melgar, la representante de los pacientes de diabetes tipo 1 Rosa Recarey, y Alexander Pineda, representante de los pacientes con insuficiencia renal y trasplante de riñón.

En su intervención sobre el estado de la salud pública en Panamá, Pinzón cuestionó lo que considera como la mala ejecución presupuestaria en lo que respecta al renglón de los medicamentos, si bien es cierto que el Estado panameño destina un monto de $9 mil millones al año en salud entre el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS). De acuerdo a cifras dadas por la titular de la FENADECC Enma Pinzón, en el 2023 se logró ejecutar el 58% del presupuesto en este apartado específico mientras que hasta lo reportado en el mes de mayo del 2024 tan solo se pudo ejecutar al 17.4%.

“Panamá no es que no tiene dinero pero es en los medicamentos donde hay una pésima ejecución presupuestaria. (...) Este año, es una tragedia con ese 17.4% del presupuesto que se ejecutó hasta mayo para los medicamentos. (...) Por otro lado, se vio un efecto positivo que trajo este año la Ley 419 de 2024 en el sentido de que en el 2023 el presupuesto destinado a medicamentos fue de $260 millones. Ahora se hizo caso a la ley y se destinaron $314 millones para medicamentos en el 2024 siendo un presupuesto que no fue inferior respecto al año 2016, cuando empezó a venir en picada”, resumió.

Las consecuencias directas de la mala ejecución presupuestaria se traducen, según Pinzón, en la paralización de la compra conjunta de 349 renglones de medicamentos, a la par, que una nueva compra conjunta de 226 renglones también se encuentra paralizada. Otros números reflejan una realidad sombría para los pacientes de enfermedades crónicas. Por ejemplo, 220 pacientes de casos excepcionales no tienen sus medicamentos mientras que las cirugías electivas se encuentran paralizadas en un contexto donde falta el 30% de los insumos necesarios.

Ante esta realidad, Pinzón propuso diversas soluciones por parte de los pacientes como la emisión expedita de las órdenes de compras pendientes por parte de la CSS y que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) priorice el flujo presupuestario para la compra de medicamentos e insumos en los primeros cinco meses del año.

Los pacientes también piden al MEF que elimine la certificación presupuestaria para las compras de medicamentos e insumos, que se priorice el refrendo para los medicamentos e insumos en la Contraloría General de la República. En última instancia, piden el redireccionamiento de la CSS del presupuesto de medicamentos y que se den $50 millones para compras en situaciones de excepcionalidad.

Seguidamente, la directora de farmacias y drogas del Minsa Elvia Lau explicó el trabajo del Estado en la reformulación del marco regulatorio que comprende la adquisición de medicamentos y otros productos para la salud humana. Antes de adentrarse en el asunto previsto en la agenda, Lau describió el contexto que había antes de que se trabajara y promoviera tanto la Ley 419 de 2024 como el Decreto Ejecutivo 27 de 2024.

“La primera vez que nos reunimos para atender este problema fue en el 2021. Ahí nos dimos cuenta de que esta problemática era de una gran magnitud, que teníamos que invitar a una serie de actores como la academia, el Colegio Nacional de Médicos, el Colegio Nacional de Farmaceúticos, la Comisión de Alto Nivel, la Federación de Pacientes, la Federación de Farmacias, a los distribuidores así como una gran gama de actores los cuales todos teníamos el mismo fin de resolver el problema”, agregó.

Lo que se encontró entonces fue un sistema complejo lleno de barreras e ineficiencias que contaba a su vez con múltiples variables que debían ser atacadas simultáneamente. Problemas como la falta de transparencia y el monitoreo de precios en los medicamentos así como un mal control de los inventarios y la falta de digitalización de los procesos regulatorios fueron considerados algunos de los tópicos a resolver.

Para resolver esto, se instaló la Mesa Técnica de Medicamentos el pasado 21 de febrero de 2022 para confeccionar y reglamentar una ley sobre el tema. Los principales objetivos fijados eran garantizar un sistema libre de barreras de entrada de los medicamentos al tiempo que fomentara una mayor participación de los proveedores. También, para garantizar mayor transparencia al proceso de adquisición y abastecimiento de medicamentos, se instaura el uso completo del portal www.panamacompra.gob.pa para dotar de transparencia al proceso.

Lau además aclaró que la Ley 419 de 2024 subroga la Ley 1 del 10 de enero de 2001, que regula el manejo en general del proceso de adquisición de medicamentos. Es decir, no se deroga la ley sino que se subroga la normativa, entendiendo que el proceso de subrogación consiste en la sustitución de un texto legal íntegro por otro.

Entre las características del nuevo marco regulatorio están el procedimiento abreviado que se le realiza al medicamento de la industria local así como a los productos que provengan de países con autoridades regulatorias de alto estándar, además se establece un Sistema Nacional Integral de Receta Electrónica en el que la Dirección de Farmacias y Drogas del Minsa autoriza el uso del sistema automatizado para la emisión de las recetas electrónicas.

También se habilitará un Observatorio Nacional de Medicamentos de Panamá que contendrá una herramienta tecnológica que permita visualizar el comportamiento nacional e internacional de los precios de medicamentos. Sus datos serán utilizados por el Plan Nacional de Garantía de Abastecimiento de Medicamentos, que a su vez tiene componentes de logística, planificación, adquisición, fármaco-economía y el Sistema Nacional de Negociación de Precios de Referencia de Medicamentos (SINPREM).

El SINPREM, en tanto, tendrá como objetivo la recopilación de las necesidades de adquisición a nivel nacional.

Otras observaciones del nuevo marco regulatorio buscan robustecer al productor local de medicamentos, con un presupuesto asignado para la compra de medicamentos de fabricación local y la creación de una ventaja del precio diferencial, hasta el 5% comparado con el productor global. Por otro lado, se habilitará una red de laboratorios de control de calidad de medicamentos y otros productos de la salud humana y se establecerá un Registro Sanitario prioritario de medicamentos.

Pinzón por su parte señaló que hay nudos críticos que ninguna ley podrá resolver como los obstáculos interinstitucionales para la ejecución presupuestaria, una resolución del año 2022 que exige la certificación presupuestaria a toda compra por más de $50 mil, un bajo flujo del presupuesto asignado, la ausencia de voluntad administrativa para agilizar los procesos y la falta de tiempos establecidos para el cumplimiento de las funciones claves de la ley.

El representante de la Sociedad Panamela de Hematología, el Dr. Dimas Quiel, señaló que uno de los principales retos que enfrenta el sistema de salud pública del país tiene que ver con que los mecanismos de compras y adquisiciones no hacen una diferenciación, por ejemplo, en la compra de un mueble o un equipo audiovisual para un centro médico y un medicamento.

“Esto de salida es un problema administrativo porque causa un retraso en la adquisición de estos productos”, agregó Quiel.

El especialista médico además clamó por un mejoramiento del control del inventario en el que la información refleje fielmente el consumo real de un medicamento y provea datos en tiempo real como el número de pacientes con distintas enfermedades crónicas alrededor del país y desglosados por provincias.

Rosa Recarey –representante de la Fundación Diabetes Latam- relató su odisea como madre de un hijo con Diabetes Tipo 1 cada vez que recibe la noticia de que no está disponible la insulina necesaria para mantener saludable a su primogénito. “Para nuestros hijos, es caer en un cuadro médico que les puede costar la vida. No es opcional para la mayor parte de las enfermedades crónicas el no tener nuestro tratamiento”, señaló Recarey.

La madre de familia además solicitó a la población a que se una junto a las demás organizaciones de pacientes de enfermedades crónicas para el mejoramiento de un sistema de salud público que brinde sus servicios con eficiencia para salvaguardar la vida humana.

Precisamente, es la unión la que hace la fuerza en el caso de los pacientes con enfermedades crónicas. En conversación con La Estrella de Panamá, la titular de la FENADECC recordó que fue por iniciativa del hoy director de Probidsida Orlando Quintero que hicieron un frente común junto con los pacientes de VIH y otras enfermedades crónicas para denunciar y actuar en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes.

Hoy le pide a los jóvenes que hagan lo posible por practicar hábitos diarios saludables para evitar el padecimiento de las enfermedades crónicas y verse en su misma situación. “Lo que menos queremos nosotros son más enfermos. Lleven una vida saludable para evitar formar parte del combo de la FENADECC. No queremos más pacientes, queremos gente saludable”, señaló.