Justicia penal electoral, una obra que aspira a 'fortalecer la democracia'

Tras más de dos años de trabajo, el abogado  Garrit Geneteau R. publicó, a mediados de este mes, su obra  Justicia penal electoral, la cual busca “fortalecer” el conocimiento de la justicia electoral en el marco del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

“Este libro busca servir de guía para todos los abogados y estudiantes de derecho que deseen desenvolverse correctamente en esta área de la abogacía”, plantea Geneteau en conversaciones con este medio.

El especialista plantea que actualmente “no es común” encontrar escritos que hablen de delitos electorales en lo que respecta al SPA, de allí que su aspiración sea que esta obra sirva como una “herramienta para el fortalecimiento de la democracia”.

Según Geneteau, lo que hace que el escrito destaque de otros trabajos sobre leyes emitidos en Panamá, es que no “no posee un lenguaje rimbombante”, lo que la hace accesible para estudiantes de derecho y público general que desee aprender del tema.

Aun así, el abogado considera que su libro también es de gran utilidad para profesionales del derecho. “El derecho cambia constantemente y eso obliga a los abogados a tener que estar actualizándose de forma diaria, algo para lo que les puede ayudar este libro”, pondera.

Uno de los puntos que más recalca el abogado de su libro es la utilidad que este puede tener para darle a conocer a la población más información sobre los delitos electorales y cómo evitarlos.

“Muchas veces la población comete delitos electorales sin percatarse, y eso es peligroso”, analiza Geneteau, quien explica que delitos como el cambio doloso de residencia, la falsificación o alteración de firmas a favor de un candidato, o votar dos veces, son ejemplo de infracciones que la población comete muchas veces sin darse cuenta, lo que ocasiona sanciones.

“Tenemos que seguir educando a la población en la prevención de delitos electorales, porque vienen las elecciones y esa información será fundamental”, alega.

El Código Electoral de Panamá establece en su título XII que todo acto que impida a los ciudadanos ejercer su derecho al sufragio será sancionado con pena de prisión de entre tres a doce meses. Así como las acciones de compra de votos o el uso de recursos del Estado en beneficio o en contra de un candidato. “Por ejemplo, es ilegal utilizar un vehículo que pertenezca al gobierno, para repartir bolsas de comida, a favor de un candidato”, analiza el especialista según lo planteado del artículo 392.

Otras sanciones que están presentes en la normativa (artículo 396), son aquellas que atenten contra el desarrollo del escrutinio del voto, como la elaboración de actas con personas no autorizadas legalmente, o fuera de los lugares reglamentados, así como la adulteración de estas.

A esto hay que sumar las sanciones por falsas denuncias de delitos electorales y las faltas electorales encaminadas a evitar que un funcionario del Tribunal Electoral, representante de un partido político o un candidato por libre postulación, puede cumplir a cabalidad sus funciones.

El libro Justicia penal electoral se encuentra disponible en la Librería Barrios & Barrios, a un precio de $20.