I+D+i para impulsar la transformación del sector agropecuario

La investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación agropecuaria son esenciales para mejorar la productividad en el campo, garantizar la seguridad alimentaria y que el sector agropecuario sea competitivo, innovador y emprendedor.

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó, el 5 de octubre de 2022, el proyecto de ley 855 que establece la política agroalimentaria del Estado (Pade). La ley señala que hay una discontinuidad de las políticas y acciones dirigidas al sector agroalimentario, y una falta de acoplamiento y sintonía entre los esfuerzos públicos del sector agroalimentario.

Dos meses después, la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), en conjunto con el Despacho del ministro consejero para asuntos agropecuarios del Ministerio de la Presidencia, realizaron un taller para abordar la construcción del Sistema Nacional de Investigación, Innovación, Desarrollo y Docencia, alineado a la Pade.

En el evento, el ingeniero Carlos Salcedo, ministro consejero para asuntos agropecuarios del Ministerio de la Presidencia, explicó que la política agroalimentaria del Estado es un reclamo histórico de los productores, los profesionales y todo aquel que tiene un grado de compromiso en impulsar el sector agropecuario hacia la prosperidad. El ministro consejero indicó que en la caracterización y conceptualización de la Pade participaron organismos internacionales, como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

En el taller se identificó la necesidad de impulsar la transformación del sector agropecuario mediante el fortalecimiento de la investigación, innovación tecnológica y el desarrollo del capital humano; y garantizar la implementación de acciones intersectoriales que permitan la aplicación de la agrotecnología y la educación agropecuaria integral para el desarrollo del sector agrícola y pecuario.

El secretario nacional de la Senacyt, el doctor Eduardo Ortega-Barría, mencionó que la investigación científica y la innovación en el contexto agroalimentario deben atender las necesidades de los productores y emprendedores, y responder a desafíos como el cambio climático y la transformación digital, para ser más competitivos.

“Hay un número importante de instituciones en el sector agropecuario que han atomizado, de alguna manera, el impacto y la efectividad de las medidas de extensión, de educación, de investigación y de innovación. Debemos construir un sistema nacional integrado que impacte y permita llevar la agrotecnología al campo para combatir la pobreza y el hambre”, señaló el doctor Ortega-Barría.

Para el doctor Gerardo Escudero, representante en Panamá del IICA, el país tiene dos grandes retos: el retraso tecnológico y de productividad que padecen la gran mayoría de las actividades del sector agroalimentario, y organizar la institucionalidad para hacer el uso más eficiente de los recursos e impulsar la agrotecnología. “Debemos plantearnos metas realistas, que podamos alcanzar para elevar la productividad por unidad de animal o por hectárea producida”, acotó.

También será importante que la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) permeen a través de la docencia y la capacitación.

Esta transferencia de I+D+i debe ser dirigida a los estudiantes, extensionistas, productores y sus organizaciones, a los técnicos (públicos y privados), profesores, a los productores y a las empresas privadas que hacen investigación, por medio de los centros de educación, universidades, las instituciones que realizan investigación como el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (Idiap), el Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología de Panamá (Indicasat AIP) y el futuro Centro de Investigación y Producción en Ambiente Controlado (Cipac AIP).

El fruto del taller fue una serie de aportes sobre los retos y necesidades del sector productivo agroalimentario, las investigaciones y las propuestas de las cuatro mesas de trabajo: Investigación, Desarrollo e innovación, Docencia e institucionalidad. Algunas recomendaciones fueron:

• La necesidad de crear un instrumento de institucionalidad que acompañe el fondo que se creará. Se debe llevar a cabo una discusión para la definición de un mecanismo de gobernanza adecuado.

• Articular los esfuerzos bajo el enfoque de un plan estratégico nacional, y establecer un plan quinquenal de investigación y desarrollo alineado a los retos nacionales.

• Destinar un porcentaje del presupuesto de las universidades a recursos para realizar investigación, además de promover una oferta de servicios técnicos para el sector, que les genere ingresos a las propias instituciones educativas.

• Crear un observatorio nacional para el sector agroalimentario que entre sus funciones tenga el diseño de un sistema de información del sector agroalimentario que permita monitorear la actividad, definir indicadores de desempeño y determinar líneas base.

• Promover la investigación y desarrollos colaborativos entre instituciones, tanto del sector público como privado.

Se espera que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, sancione, el próximo 18 de enero, la primera ley de política agroalimentaria del Estado.