Abuso de poder contra estudiantes, actuar de la Policía, bajo la lupa

Los enfrentamientos entre la Policía Nacional y estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) que protestaban en contra de la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el viernes pasado, terminaron en una guerra mediática y denuncias presentadas por abuso de poder.

Una de las víctimas de este suceso, Hillary Acevedo, estudiante de la Facultad de Economía, de 20 años, relató ayer a los medios que todavía sufre las consecuencias de la golpiza impartida por uno de los oficiales que intervino en la protesta. Con moretones y dolor que le impide moverse todavía. Así ha tenido que ir a trabajar.

Ante esto, el abogado Gilberto Marulanda, defensor de los universitarios, presentó una denuncia contra el director de la Policía Nacional por abuso de autoridad, violación de la autonomía universitaria y del derecho al libre tránsito, tras los enfrentamientos ocurridos el 31 de enero.

De acuerdo con el Manual de Procedimiento Policial, está prohibido a los miembros de este estamento de fuerza maltratar física o verbalmente a los ciudadanos, ni pueden entrar en domicilios de los habitantes sin su consentimiento u orden de una autoridad competente.

Esta misma reglamentación dice que tampoco se podrá detener a una persona por un simple señalamiento o nota escrita, como sucedió en el caso de los allanamientos a los participantes de la protesta universitaria.

Además, existen diferentes técnicas de intervención policial que detalla el Manual de Procedimiento, como el uso de la fuerza no letal, la cual, aplicada correctamente, “no debe causar lesiones corporales graves o la muerte de la persona a la que se aplique”.

Otra de las técnicas de intervención que detalla el reglamento es la presencia física o psicológica, que incluye el porte, la actitud hacia el servicio, el profesionalismo, entre otros.

El manual indica que de no reflejar estas condiciones se puede provocar la incertidumbre e inseguridad entre la comunidad, lo que conlleva a que las personas cometan actos en contra de la ley y “provocando que la unidad policial utilice otro nivel de fuerza, lo que podría generar consecuencias legales en su contra”.

La Defensoría del Pueblo es una de las organizaciones que puede atender quejas contra la Policía Nacional. De hecho, anteriormente esta institución ha interpuesto querellas por abuso policial.

Esta organización se encarga de defender los derechos humanos y las libertades de las personas, en el caso de la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo puede atender quejas en las que se hayan presentado acciones u omisiones que vulneren los derechos de las personas.

En años anteriores, como en 2020, la Defensoría del Pueblo recibió hasta 25 quejas por supuesto exceso de fuerza policial. En estos casos, la entidad ha recomendado a la Policía que en todo momento debe conducirse de manera profesional, utilizando los procedimientos y mecanismos adecuados en todo momento al interactuar con civiles.

El Ministerio de la Mujer es otra de las instituciones gubernamentales que debería estar pendiente de este caso, pues debe tener la obligación de promover, coordinar y ejecutar planes, programas, proyectos y acciones tendientes a disminuir la exclusión social de la mujer, incluyendo la violencia hacia esta.

La Estrella de Panamá consultó al Ministerio de la Mujer sobre algún pronunciamiento en el tema de la violencia hacia Acevedo, así como la violación de derechos y uso excesivo de la fuerza contra la universitaria Tamara Ortiz

Una comunicación oficial de esta entidad respondió que hasta el momento no podría pronunciarse, ya que los procesos relacionados con Ortiz y Acevedo se encuentran dentro de la esfera judicial.

Asimismo, la Defensoría del Pueblo sigue sin pronunciarse públicamente sobre lo sucedido el viernes pasado entre la Policía Nacional y los universitarios que protestaban.

Durante la manifestación, se reportaron agresiones físicas entre la Policía Nacional y los estudiantes, lo que llevó al rector de la Universidad de Panamá a rechazar una solicitud de ingreso de los agentes al campus. Testigos denunciaron que la universidad quedó sitiada por las fuerzas policiales.

Tras los incidentes, otros de los compañeros de Acevedo han sido allanados y arrestados en sus hogares tras el conflicto.

Sin embargo, el arresto y allanamiento de Tamara Ortiz, una de las estudiantes que protestaba, fue declarado ilegal ayer ante el juez de garantías, debido a que la Policía no contaba con la documentación pertinente para realizar este tipo de fiscalizaciones.

Por otro lado, la detención de Pedro Silva fue ratificada como legal. Además, la incautación de bienes de ambos manifestantes fue considerada ilegal.

Tanto Ortiz como Silva fueron acusados por delitos contra la vida e integridad personal en perjuicio de un uniformado. De acuerdo con el defensor de los universitarios, hay otros estudiantes que han sido allanados, pero no se les ha llamado a presentarse ante el juez de garantías.