Transparencia, fiscalización y auditorias; desafíos para el sucesor de Solís

Los candidatos a Contralor y Subcontralor general de la República podrán postularse desde hoy hasta el viernes 9 de agosto ante la Secretaria General de la Asamblea Nacional.

El elegido por la Comisión de Credenciales reemplazará a Gerardo Solís, que deja el cargo el próximo mes de diciembre entre reclamos de mayor fiscalización, transparencia, y rendición de cuentas en la entidad.

Uno de los reclamos por transparencia se da en torno a los auxilios económicos otorgados por el Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) para el financiamiento de programas de estudio en el extranjero. La revelación del nombre de algunos beneficiarios con alto poder adquisitivo y allegados al Gobierno acaparó la atención de la opinión pública entre 2021 y 2024.

A pesar de que el contralor salió en defensa del otorgamiento de los auxilios, la Contraloría reservó los nombres de los beneficiarios en el sistema de consulta online de la institución tras ser revelados en redes sociales y medios de comunicación.

La decisión motivó el pronunciamiento de diversos sectores de la sociedad por una mayor transparencia y fiscalización en el otorgamiento de este tipo de beneficios, por lo que constituye un reto para quien aspire al cargo.

El impacto del suceso provocó que el presidente José Raúl Mulino decidiera a inicios de su Gobierno establecer un límite para obtener el beneficio determinado por el ingreso familiar del beneficiario, que no podrá superar los 2 mil dólares.

Asimismo, el mandatario ha manifestado que el próximo contralor debe ‘’ser un hombre o mujer serio, que controle’’, dejando entrever que busca fortalecer el rol de la entidad para controlar situaciones como las que escandalizaron al Ifarhu.

Entre otro de los retos a superar por el nuevo contralor está la fiscalización y auditoría.

La administración de Solís fue cuestionada sobre la falta de acción ante denuncias por el presunto mal uso de los dineros otorgados a juntas comunales a través de la descentralización paralela.

Solís atendió parcialmente el llamado con una ‘auditoría social’ a 679 juntas comunales a nivel nacional en 2023. No obstante, no hay mayores detalles sobre los fondos descentralizados.

Para investigar los supuestos desvíos de fondos públicos, la Procuraduría de la Administración inició investigaciones, pero la Corte Suprema de Justicia decidió en mayo de 2024 que el procurador Rigoberto González carecía de la competencia para efectuarlas.

Justo ayer, 6 de agosto, la Contraloría presentó un Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas (SERC) para fortalecer la rendición de cuentas en las juntas comunales en tiempo real.

Solís, en la presentación del sistema, defendió su gestión. ‘’La Contraloría no coadministra, nosotros no decidimos en que se usan los recursos, esa decisión la toman los políticos’’.

No obstante, una vez que se usan los fondos la Contraloría exige una rendición de cuentas. ‘’Esa rendición de cuentas hoy día es en tiempo real’’, sentenció Solís, quien afirmó que antes del sistema electrónico recibieron más de 2,100 rendiciones de cuentas.

La herramienta quedará como legado para el próximo contralor, que deberá superar los retos que tanto costaron a la imagen de la institución hasta los últimos meses de su gestión.

La convocatoria para suceder a Solís estará publicada en medios digitales y tradicionales por dos días hábiles, por lo que este viernes se podrían conocer los primeros nombres de los aspirantes.