¿Son las leyes especiales ‘absurdas’?, un debate abierto

Con el vaivén que caracterizó la discusión del proyecto del Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2025, el Órgano Ejecutivo manifestó su postura ante temas trascendentales para la opinión pública, como las leyes especiales. El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó que debido a estas normas, el presupuesto terminó aumentando en $3 mil 276 millones de lo contemplado originalmente.

“El presupuesto fue lo que resultó siendo en función de leyes especiales, tan sencillo como eso. ¿Será un presupuesto conservador? sí lo es”, apuntó el mandatario.

Cuando el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, entregó el proyecto a la Asamblea Nacional por primera vez, el 7 de octubre de 2024, el presupuesto era de $26 mil 835 millones; sin embargo, al retirarlo tres días después por incumplimentos a la ley que señalaron diputados de la Comisión de Presupuesto, el monto terminó ascendiendo a $30 mil 111 millones al devolverlo el pasado 25 de octubre.

Una de las normas que puntualizan las autoridades y que están en el medio de la discusión, es la Ley 362 del 2 de febrero de 2023, que modificó la Ley Orgánica de Educación para que se aporte el 7% del PIB a este rubro. Pensada, al menos en la teoría, para garantizar un ingreso mínimo en un sector fundamental del desarrollo nacional, como es la educación.

“Nos deja varias lecciones [el tema del presupuesto], entre ellas no tomar decisiones absurdas como la del 7% en materia de educación (...). Cuando usted estudia la ley, eso no dice ni cómo gastarse ese 7%, si es que se lo pudieran gastar”, manifestó Mulino.

Para el economista Ernesto Bazán, la asignación por Ley del 7% del PIB a la educación, así como otras leyes salariales de aumentos automáticos “son camisas de fuerza para la elaboración de un presupuesto responsable”, lo que podría ser un problema luego en la gestión de los fondos públicos. Sin embargo, planteó que el Gobierno también tuvo suficiente tiempo de plantear reformas a las leyes especiales durante los primeros meses de administración.

Una mirada distinta tiene Juan Jované, economista, catedrático universitario y excandidato presidencial, quien apunta que no es correcto “satanizar” la Ley 362 que destina el 7% del PIB a educación, puesto que “si hay consenso nacional en algo, es sobre la necesidad de invertir en educación”. Además, señaló que el Gobierno ‘está atrasado’ respecto a la teoría moderna del crecimiento económico, puesto que asume que las inversiones deben ser físicas, olvidando el capital humano. “Hasta una tercera parte del PIB global es destinado al capital humano”, apuntó Jované.

Antes de la aprobación de la Ley 362, Panamá destinaba 6% del PIB a educación. En la actualidad, del 7% que se destina, 5,5% corresponde al Ministerio de Educación y el 1,5% restante se divide entre el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), el Instituto Panameño para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), las universidades oficiales y programas de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Para el abogado Neftalí Jaén, el mandatario debió derogar cualquier ley que considera absurda. “Con lo que él considera o le han dicho que son leyes absurdas, entonces debió presentar un proyecto de Ley derogando las leyes que él considera absurdas, para entonces venir a justificar esta cadena de errores en la cual él ha sido un actor importante”, detalló Jaén.

En la región, Costa Rica aporta el 7% de su PIB a la educación con un presupuesto inferior al de Panamá, detalla el economista Felipe Argote. Cuando se compara con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cifra resulta proporcional al gasto que destinan sus miembros, que aportan hasta el 10% del gasto público a educación de acuerdo a cifras de 2020.

Por su parte, Chile, como miembro de la OCDE, destinó 4,2% de su PIB y 16% del total del gasto público a la educación. Mientras Brasil, líder en el grupo Brics, destina hasta el 6% de su PIB a la educación.

Parte de la crítica también tiene que ver en cómo se miden los resultados de la inversión, ante la falta de una política pública de evaluación que tenga continuidad en el tiempo e involucre en el análisis a todo el sistema educativo, desde preescolar hasta los niveles superiores.

Pero esta ley no es la única que se enmarca en las normas especiales. También existen leyes relacionadas al pago de bonificaciones a servidores y funcionarios de las instituciones públicas y por derechos adquiridos por Ley.

Igualmente, dentro de las leyes especiales se contemplan aumentos salariales automáticos a docentes, bomberos y agentes de la fuerza pública.