La alianza con el ejército americano, cuando la oligarquía puso en riesgo la soberanía panameña

Entre las páginas de La Estrella de Panamá, un 11 de octubre de 1925, se publicaban las víctimas en los enfrentamientos entre la Liga de Inquilinos y la Policía Nacional en reunión del movimiento inquilinario. Los nombres de hombres y mujeres entre los 20 y 50 años de edad aparecían en listado junto sus respectivas nacionalidades y heridas, con excepción de Marciano Mirones, uno de los cuatro inquilinos que pagó el saldo trágico de la represión pública en el Parque de Santa Ana.

De acuerdo con 'Panamá: nación y oligarquía' de Ricaurte Soler, el día anterior, el 10 de octubre de ese mismo año, quedaría marcado como momento trascendental para la clase obrera panameña, siendo este el primer movimiento multitudinario de reivindicación social que se registra en la historia republicana del istmo.

“Los suscritos, miembros de 'La Liga de Inquilinos', invitamos en nuestros nombres propios, a los compañeros, hombres y mujeres, al mitin que por iniciativa nuestra, se celebrará esta noche a las 8 en el Parque de Santa Ana. Acudid todos si tenéis el valor necesario para ejercer el derecho constitucional de reunión libre”, decía la nota de hoja suelta titulada 'Si hay mitin', que firmaban más de 200 personas en respuesta a los múltiples intentos de opresión por parte del gobierno.

Pero ni siquiera el resultado de los sucesos del 10 de octubre fueron suficientes para aplacar a la voluntad de lucha del proletariado panameño, quienes defendían sus derechos.

El poder ejecutivo no dudó en solicitar la intervención de las tropas norteamericanas para hacer frente a los inquilinos y mantener el órden público, dos días después del enfrentamiento en el Parque de Santa Ana las tropas estadounidense, liderada por el General William Lassiter, se enfrenta a la Liga de Inquilinos, lo que resulta en más muertos y heridos, además de encarcelamientos y deportaciones.

De esta manera, Estados Unidos intervendría militarmente por segunda vez en el istmo, abriendo el compás para que el ejército estadounidense tuviera jurisdicción fuera de la Zona del Canal. En una proclamación al pueblo panameño y a las autoridades municipales de la ciudad de Panamá, se especificaba que las fuerzas armadas norteamericanas estarían a cargo de la ciudad hasta nuevo aviso.

“El General Martin ha recibido instrucciones de emplear las fuerzas armadas de su mando para mantener la paz y el orden público en el citado territorio. Ha recibido también instrucciones de informar al Jefe de Policía de Panamá que los servicios de la Policía Panameña en dicha ciudad quedan suspendidos hasta nueva orden”, decía el Mayor General Lassiter en la proclamación.

Esto le permitía a los soldados estadounidenses de cerrar todas las cantinas, salones, y otros lugares de la ciudad que se dedicaran a la venta de bebidas alcohólicas; arrestar y llevar a las autoridades competentes a todas las personas que desobedezcan las órdenes, perturben la paz o hayan sido acusados de violar la ley y portar armas dentro de la ciudad.

“La intervención fue la secuela directa de las actuaciones de un gobierno al que le faltó inteligencia y tacto en la comprensión y búsqueda de soluciones justas al problema inquilinario. El gobierno panameño fue el único responsable de que, los soldados estadounidenses, irrumpieran en nuestro territorio. Y finalmente, fue él el responsable de que las fuerzas norteamericanas no sólo hollaron el territorio nacional sino que asesinaron, también, a 2 panameños. Damián Cabrera y Julián Camarena, quien dejó de existir en la tarde del 16 de octubre. Ellos, al igual que otros istmeños, se enfrentaron a las bayonetas para demostrarle al Gobierno, a los Estados Unidos y al mundo que, en el pueblo de Panamá, había todavía muchos hombres con valor y con dignidad.”, mencionó Alexander Cuevas, en 'Cuadernos populares. El movimiento inquilinario de 1925'.

A finales del mes de octubre el secretario de Relaciones Exteriores, y primer presidente-fundador de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, Horacio F. Alfaro, expresó su agradecimiento al gobernador de la Zona del Canal “por la cooperación eficaz prestada por las fuerzas militares de los Estados Unidos para mantener el orden en la ciudad de Panamá durante los disturbios ocurridos en el mes”.

La intervención militar de Estados Unidos tuvo repercusiones a largo plazo en el istmo, el rechazo de proyectos como el Tratado Alfaro-Kellog de 1926, debido a la militancia del Sindicato General de Trabajadores, el Movimiento Inquilinario, el movimiento cívico-político Acción Comunal y otras asociaciones municipales y cívicas que que hicieron posible que la Asamblea de Diputados se negara a aprobar el tratado.

“La intervención norteamericana de 1925 tiene un significado sensiblemente diferente a las anteriores [mediaciones de Estados Unidos]. Deja un saldo de muertos y heridos. Fue solicitada no para arbitrar sobre cuestiones electorales, sino para reprimir reivindicaciones sociales. Se hizo patente a la conciencia de las clases dominantes, y a la conciencia de los sectores esclarecidos del pueblo, la orgánica solidaridad que enlazaba los intereses de la oligarquía y el colonialismo”, concluyó Ricaurte Soler en 'Panamá: nación y oligarquía'.

Aunque la Liga de Inquilinos logró que la Asamblea Nacional creara instrumentos legales para que ayudaran a las aspiraciones de los inquilinos mediante protestas multitudinarias en 1932, desde los incidentes del año 1925 quedó solidificada la alianza entre la oligarquía panameña y la potencia americana, que a partir de ese año inició un proceso acelerado e ininterrumpido de concesiones entreguistas a la inversión extranjera.

Esto benefició a compañías como Tonosí Land Company y United Fruit Company, en cuanto a la adquisición de terreno por medio de leyes y propició también la creación de empresas transnacionales, que “oligarquizaron” la economía panameña, dejando menos oportunidades a la clase obrera del istmo.