Cuestionan millonaria consultoría para comunicación en el Órgano Judicial

El Órgano Judicial está licitando con condiciones específicas una millonaria consultoría para una estrategia de comunicación de la nueva ley de procedimiento civil (,) tercerizando servicios, lo que ha generado una nueva polémica.

Se trata de una licitación por mejor valor, por $1,8 millón como precio de referencia, para “diseñar, producir e implementar una estrategia integral de comunicación y divulgación de la Ley 402 de 2023 en la jurisdicción civil, así como realizar un diagnóstico de la percepción ciudadana a nivel nacional”.

Este servicio de consultoría se decidirá el próximo 27 de marzo, cuando se efectuará la apertura de propuestas.

¿Traje a la medida?

Entre las características de los requisitos no subsanables se les exige a los proponentes que tengan un mínimo de 15 años de experiencia como agencia de publicidad y una facturación anual mínimo de $1,5 millón, momentos en que, tras la pandemia, la mayoría de las publicitarias se afectaron y las que existen son pequeñas o enfocadas a lo digital, según contaron fuentes del sector consultadas por este diario.

La propuesta debe constar con plan de medios, cronograma, indicadores de éxito, plan de monitoreo, análisis mediático, y para lo que exigen un equipo de 13 personas, entre creativos, diseñadores gráficos, un abogado, periodistas, un licenciado en publicidad, un consultor de relaciones públicas, comunicaciones o carreras afines.

También un director de relaciones públicas, un director de medios, un redactor creativo, entre otros, para conformar un equipo mínimo de 13 personas.

Con este grupo, el consultor entregaría cinco productos, el diagnóstico cuali y cuantitativo, el plan de capacitación de voceros, un tercer y cuarto entregable que implica la producción de materiales audiovisuales y gráficos que serán divulgados por redes sociales y medios de comunicación, y por último, la ejecución de un plan de medios, la organización de un foro nacional y un informe de evaluación final, todo esto en un contrato de un año y cuatro meses.

Para ello solo hay dos proponentes validados: la agencia de publicidad BB&M que la preside Mario Ernesto Bárcenas Chiari, hermano del nuevamente director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas Chiari, y Q Publicidad, cuyo representante legal es Aldo Asbel Montenegro Serrano.

Al tratarse de consultorías, la normativa de la Ley de Contrataciones Públicas establece que los contratos solo podrán celebrarse cuando las actividades no puedan efectuarse con el personal de planta.

Así lo recordó Carlos Barsallo, abogado y expresidente de la organización Transparencia Internacional, quien señaló que habría que considerar cómo se hizo con la implementación del Código de la Familia, el sistema penal acusatorio (SPA), pero juristas contactados no recuerdan una consultoría similar.

La Estrella de Panamá buscó en el portal de compras públicas en los últimos 15 años y no encontró consultoría similar para el Órgano Judicial.

“No se hicieron costosas auditorías con el sistema penal acusatorio ni en el contexto de las normativas”; tampoco para la aplicación del SPA ni del Código de la Familia o Judicial, comentó el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Harry Díaz, según sus más de ocho años de experiencia en la Corte Suprema de Justicia.

A juicio del jurista, abogados y expertos en la materia están dispuestos a ofrecer sus servicios “ad honorem al Estado”, por lo que le parece innecesario este contrato.

Manifestó que “las asesorías, sobre todo las millonarias, son una ventana a la corrupción, pues siempre se les da a las amistades en los gobiernos de turno. Esto debería desaparecer en los momentos de austeridad y reducción del gasto públicos”.

De igual manera, para ello está la Dirección de Comunicación del Órgano Judicial y el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, manifestó por su parte el abogado procesalista y exfiscal Giovanni Olmos.

En este sentido, el Órgano Judicial cuenta con una planilla de 35 abogados, 11 periodistas, 4 asistentes de información y relaciones públicas, 1 relacionista público, 8 diseñadores gráficos, adicional a la directora de comunicaciones, según la planilla de la entidad publicada en enero.

“Se necesitan más tribunales, más jueces que contribuyan a que la justicia sea más expedita, auxiliares de la justicia”, recordó Olmos entre las prioridades.

Por su parte, la exprocuradora Ana Matilde Gómez y el expresidente del Colegio Nacional de Abogados Juan Carlos Araúz, consideraron que sí es necesaria la divulgación con una consultoría, pero con diferentes matices.

Gómez reiteró que es necesario un plan de divulgación de la norma para evitar que se les niegue la justicia a los ciudadanos por el desconocimiento. Sin embargo, el costo de $1,8 millones “es mucha plata”.

Por su parte, Araúz estimó que una vez se aprueba la nueva ley, debe divulgarse, y que la institución “no puede escatimar” porque “el reto es tan grande que desafía al Órgano Judicial”.

La Decana consultó a la Dirección de Comunicación por qué no se evaluó a la Escuela Judicial, Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, para evitar este gasto, y a qué se debe que en el pliego de cargos se limite a los proponentes para que tengan mínimo 15 años de experiencia como agencia de publicidad y una facturación desde $1,5 millón, entre otras preguntas, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Para este 2025 el Estado tiene a disposición $142 millones para consultorías y contratos, $30 millones adicionales que lo gastado el año pasado en contratos que son considerados como “el hoyo negro del Estado” porque no se traducen en beneficios tangibles o se otorgan a amistades de los funcionarios.