Propuesta sobre amnistía genera rechazo

El anteproyecto de ley presentado por el diputado del oficialista partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para establecer los mecanismos para el otorgamiento de amnistía, indultos, rebajas de pena y concesión de libertad condicional, fue calificado como una “aberración jurídica” por analistas políticos y profesionales del derecho.

Los consultados consideraron que la iniciativa es un “traje a la medida” que busca beneficiar al ex presidente de la República, Ricardo Martinelli, condenado por blanqueo de capitales por el caso de New Bussiness y quien se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua en Panamá.

El anteproyecto establece algunas definiciones para la amnistía, la cual según la iniciativa es una gracia que beneficia a una persona vinculada a un delito político, cuyo otorgamiento es privativo del Órgano Legislativo que extingue la acción penal y la pena.

Mientras que el indulto sería una causa de extinción de la acción penal y la pena, de carácter individual, cuya potestad corresponde al presidente de la República con el ministro de Gobierno y es aplicable cuando se cometan delitos políticos según lo define este anteproyecto de ley.

La iniciativa de Camacho establece una definición de lo que sería catalogado como delito político y señala la sanción impuesta judicial, electoral y/o administrativamente por actos relacionados a la participación política de la persona, o cuando a través de dichas acciones se haya impedido o dificultado de forma directa o indirecta el derecho de elegir y/o ser elegido.

También se consideraría delito político, cuando en la sanción a un ciudadano se haya realizado motivado de forma directa o indirecta en situaciones políticas, de presión mediática o en donde se aprecie en su persecución, procesamiento y/o juzgamiento acciones de influencia de algún órgano de poder del Estado distinto al Judicial. Cuando en el juzgamiento se aprecie de forma directa o indirecta acciones arbitrarias, violatorias del debido proceso, de cualquier garantía fundamental consagrada en la Constitución Nacional o convenios internacionales a personas que hayan participado de la política o de una función pública relevante, así como de personas particulares que se hayan visto vinculadas a dichas causas.

Además define como delito político, cuando se haya reconocido o declarado la condición de perseguido político por un organismo internacional a la persona sentenciada.

Para el analista político José Eugenio Stoute es evidente la intencionalidad del diputado Camacho, por lo que advierte que de ser aprobada como ley este anteproyecto, pondría en graves aprietos al presidente de la República, que a su juicio se verá obligado a sancionar una ley que sin lugar a dudas otorgaría libertad por el procedimiento de amnistía a un número plural de acusados y condenados, sin olvidar las presiones para que indulte y deje en libertad a otros reos de alto perfil condenados por delitos comunes.

“También se pondría en graves aprietos a la Corte Suprema de Justicia que tendría que pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tamaña aberración jurídica, sobre todo teniendo en cuenta que la presidenta de la Comisión de Credenciales, que es la que examina y valora las acusaciones contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, es una abogada del expresidente Ricardo Martinelli, uno de los directamente favorecidos por la pretendida ley del diputado Camacho”, precisó Stoute.

Advirtió que no nos debe caber la menor duda de que si este anteproyecto se convierte en Ley, “nuestro Estado de Derecho entraría en una crisis irresoluble, que podría incluso llevarnos a una dictadura civil”.

El ex fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez expresó que si bien es cierto la Asamblea Nacional tiene la potestad de modificar Códigos, esas modificaciones no pueden ser jaladas por los cabellos. “Hay una doctrina arraigada en torno a qué se les considera delitos políticos. Lo que pretende el diputado Camacho es que todos los delitos cometidos por un político, por alguien que aspira a un cargo de elección popular o por alguien que está en el ejercicio de la función pública, sean considerados un delito político eso, es absurdo”, indicó.

Para Rodríguez el anteproyecto presentado “es un traje a la medida” que busca beneficiar al expresidente Martinelli.

“Es tan a la medida el traje que una de las genialidades curiosidades o innovaciones que pretende introducir el diputado Camacho, es que la amnistía y el indulto tengan los mismos efectos; eso no es así, el indulto es un perdón que concede el Ejecutivo que extingue la pena pero no borra la condena y eso es lo que quiere hacer Camacho para que, en caso de que la ley de amnistía naufrague, el Ejecutivo pueda tener la facultad dar un indulto que borre el record policivo, que es lo que inhabilita a Ricardo Martinelli para ejercer cargos de elección popular. Todo es descabellado desde el punto de vista jurídico”, precisó.

Rodríguez manifestó además que si esta propuesta es aprobada por la Asamblea, la misma debe ir después al Órgano Ejecutivo y si es sancionada tendría que someterse al rigor de una revisión de control judicial constitucional.

En tanto, el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino (Moca), consideró que este anteproyecto de ley tiene visos de inconstitucionalidad.

“Es novedoso en su materia, sin duda alguna. Si pasa el primer debate en la comisión en dónde yo no estoy, lo objetaré en el pleno cuando vaya a segundo debate. Mis observaciones serán de manera profesional y con respeto”, señaló.