Popi Varela propone ‘armas de uso agrícola’; MiAmbiente advierte de riesgos críticos

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, se pronunció respecto a la propuesta presentada en agosto de 2024 por el diputado José Luis Popi Varela sobre la modificación a la Ley 57 del 29 de mayo de 2011, que habla sobre el uso de armas de fuego, municiones y materiales relacionados. La razón: flexibilizarla para su utilización en el ámbito agrícola.

“Flexibilizar los requisitos [...] de una manera más sencilla en favor de los campesinos y agricultores de nuestro país”, sostiene Varela en la exposición de motivos del proyecto de ley N° 59.

Según explica el documento, tiene como objetivo que los trabajadores del campo puedan defender sus cultivos y animales de “plagas”.

Sin embargo, a juicio del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), “su contenido plantea riesgos significativos para la protección de la biodiversidad, la seguridad y el orden normativo”, mencionó Navarro en una carta dirigida a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales.

Según la propuesta, parte de la responsabilidad recaería en los municipios, que se encargarían de registrar debidamente el arma y luego enviar una copia autenticada del registro a la Disiap (Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública) del Ministerio de Seguridad para su respectivo control.

Por su parte, MiAmbiente menciona que “depositar esta responsabilidad en los municipios supone graves riesgos”, añadiendo los siguientes motivos: falta de capacidad técnica, riesgos de irregularidades en el registro de armas y fragmentación del marco legal. Además, la carta explica que su uso en áreas apartadas abre la posibilidad de que su función trascienda los fines agrícolas.

En cuanto a la biodiversidad, esta propuesta de “armas agrícolas”, según la entidad, la flexibilización del porte de rifles calibre .22 y escopetas calibre 12 en zonas apartadas, supone un peligro significativo para especies depredadoras amenazas.

Navarro precisa además, que el proyecto mantiene un mal enfoque, al ignorar que las especies depredadoras son esenciales para el equilibrio ecológico. “Al dotar de armas sin controles adecuados, se fomenta la caza ilegal bajo pretextos de protección agrícola”, sostiene.

La Ley N° 39 de 2005, que regula la caza deportiva en Panamá, establece un marco normativo claro y estricto para su ejercicio. Entre las disposiciones destacan la obligatoriedad de permisos para los cazadores, el registro adecuado de las armas utilizadas y la regulación por parte de la Autoridad Nacional del Ambiente. Asimismo, prohíbe la caza en áreas protegidas y el uso de métodos no autorizados, como luces artificiales y miras telescópicas.

En contraste, el proyecto de ley N° 59 ha sido señalado por carecer de controles equivalentes para evitar el uso indebido de armas que se destinan al “uso agrícola”.

La falta de disposiciones claras en este proyecto genera preocupación, subrayando la necesidad de incorporar medidas que garanticen un manejo responsable de estas herramientas.

Por último, la carta menciona la expansión agropecuaria como un verdadero reto, haciendo referencia a que el aumento de la extensión de la frontera agrícola ha reducido de manera significativa el hábitat de depredadores de largo desplazamiento. Esto ha generado conflictos con actividades humanas.

Asimismo, señala cuáles pueden ser las posibles caminos de solución, como proteger los corredores biológicos. De este modo, se asegura que los depredadores mismos tengan acceso a territorios seguros y adecuados para mantener el equilibrio ecológico. También se propone promover soluciones no letales, implementando cercas eléctricas, compensación por pérdidas y manejo sostenible del ganado, que resultan únicas y efectivas. Finalmente, se destaca la importancia de cumplir compromisos internacionales, ya que Panamá firmó el Convenio sobre Diversidad Biológica. Esto garantiza la conservación de especies clave y prioriza políticas que promuevan la coexistencia entre las personas y la naturaleza.

“Instamos a redirigir el enfoque legislativo hacia el fortalecimiento de herramientas de manejo sostenible y programas de educación ambiental para el sector agropecuario, en lugar de flexibilizar el acceso a armas. Proteger lo que hace único a Panamá debe ser un imperativo nacional, porque un ecosistema sano es la mejor garantía para el futuro del país”, concluye la carta firmada por Navarro.

Por razones técnicas y legales, MiAmbiente pide que se retire el proyecto por su impacto potencialmente “devastador” sobre la biodiversidad.