Empresarios piden aclarar dudas en licitación de Corozal

Representantes del sector privado consultados por La Estrella de Panamá consideran que ante la supuesta filtración de información clasificada en el proceso de licitación de la concesión del puerto de Corozal, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) debe hacer una investigación y aclarar a la ciudadanía cualquier duda sobre el tema y sobre el manejo de fondos públicos.

La opinión se suma a la del Colegio Nacional de Abogados (CNA), que recuerda que todos los funcionarios públicos, sin excepción, están obligados a denunciar ante autoridad competente, cualquier hecho ilegal del cual tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

‘En el evento de que este elemento o hecho sea cierto, pudiese generar un lunar al manejo administrativo de la Autoridad del Canal de Panamá', dijo Juan Gabriel González, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

‘Se debe hacer una investigación interna para evaluar si este hecho, en efecto, se registró', señaló González.

A juicio del dirigente de Apede, quien además es abogado, ‘lo principal es investigar y buscar la verdad'.

Una opinión similar comparte Elisa Suárez, expresidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), también consultada por este medio, quien aclaró que a pesar de no conocer detalles del caso del puerto de Corozal, ante cualquier duda sobre el manejo de fondos públicos, lo prudente es hacer una investigación y esclarecerla.

A juicio de Suárez, quien respondió una llamada a su celular desde Texas, Estados Unidos, lo correcto es aclarar cualquier duda y despejar la incertidumbre que se genere en la ciudadanía, porque se trata del manejo de fondos públicos. Sobre todo en los actuales momentos que vive el país con las acusaciones de corrupción que involucrana empresas extranjeras; lo mejor es que todo proceso que tenga que ver con el manejo de fondos públicos quede exento de cualquier duda que provoque incertidumbre, precisó.

Suárez insistió en que no conoce los detalles de la supuesta filtración de información en la ACP, pero dejó claro que éste o cualquier caso hay que aclararlo ante la opinión pública, lo que debe hacerse con una investigación.

Los empresarios reaccionaron así a los hechos divulgados en la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, donde se dijo que Antonio Domínguez, fiscalizador de la ACP, investigó una filtración de información de Rodolfo Sabonge, exdirectivo del Canal, quien supuestamente proporcionó un informe confidencial a Carlos Urrutia, ejecutivo de una empresa que participaba en la licitación del puerto de Corozal.

Como máximo dirigente del CNA, Juan Carlos Araúz, sostiene que es obligación de los funcionarios denunciar la posible comisión de un acto delictivo del cual tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Lo que amerita en este momento, señala el dirigente de los abogados ‘es una investigación'. El abogado detalla que en primer lugar hay que acreditar si hay omisión por parte de los funcionarios de la ACP, al no comunicar la posible comisión de un acto delictivo que guarde relación con el ejercicio del cargo, y entonces poner en conocimiento de los hechos a los funcionarios de instrucción correspondientes.

Además, dijo que esto no libra a los posibles responsables de una sanción administrativa.

Sabonge, que se acogió a una jubilación voluntaria en 2013 poco anes de que se conociera que había sido sometido a una investigación interna por la ACP, se comunicó este lunes con La Estrella de Panamá para responder a los señalamientos, pero indicó que por recomendación legal hará llegar un escrito y después de pasar la revisión de sus asesores.

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