'Nueva ley entra en una zona que nadie había querido tocar'

La nueva Ley 153 del 8 de mayo de 2020, de contrataciones públicas, promete hacer una transformación al modelo actual de la administración del Estado para convertirlo en un sistema eficiente. Una mayor transparencia y un instrumento para enfrentar la corrupción y la crisis económica generada por la pandemia del SARS-CoV-2, son algunas de las ventajas a las que apunta esta normativa implementada desde el pasado 8 de septiembre. Raphael Fuentes, director general de Contrataciones Públicas, responde a La Estrella de Panamá para desvelar cómo será la fórmula que contiene esta nueva ley para colocar a Panamá a la vanguardia, como modelo en la región en las buenas prácticas a la hora de licitar con el Estado.

Hay muchos cambios. Hay quienes opinan que se trata de un cambio integral de la ley de contrataciones públicas. Está enmarcada en cuatro pilares: uno, el tema de transparencia; dos, el tema de eficiencia y eficacia; tres, el sistema de compras equitativo, y el último, y no menos importante, es la profesionalización y desarrollo. En cada uno de los pilares tenemos un sinnúmero de cambios, por eso es que decimos que es un cambio integral de la ley de contrataciones públicas.

El sistema de contrataciones públicas vendrá habilitando el tema de datos abiertos. Se tendrá la disponibilidad de toda la información que está en Panamá Compra en un formato sencillo, a través del observatorio de Contrataciones Públicas. Uno de los cambios medulares es la formación de las comisiones verificadoras o evaluadoras. Antes cada institución formaba su propia comisión. Entonces siempre se decía que a la larga la decisión de la comisión estaría enfocada a la dirección de la entidad que estaba licitando. En la modificación, en el sistema de Panamá Compra existirá una base de datos de posibles comisionados de distintas carreras. Además, estamos promoviendo una mayor participación de las empresas y para ello se elimina la fianza de propuestas hasta los $500 mil.

La medida era un documento que afianza la propuesta que el proveedor le presentaba al Estado. Lo que genera es un costo para la empresa que estaba ofertando. Obviamente, si te estoy pidiendo una fianza de propuestas de $2 mil y yo afianzador no te conozco, te voy a pedir una garantía, entonces lo que generaba era una limitación en la participación. Ahora no me das una fianza, pero tienes el compromiso de que al momento que te adjudique el acto público tienes que firmarlo. Si no firmas, se procede a una inhabilitación. Ha cambiado un poco la percepción, porque si me adjudiqué el acto público y no cumplo con la oferta, lo que va pasar es que te inhabilito.

Ha sido una tarea ardua. Lo que hemos estado haciendo desde hace mes o mes y medio, cumpliendo los lineamientos del Ministerio de Salud (Minsa), es hacerlo virtual. En ciertas instituciones, cumpliendo los distanciamientos físicos, estamos haciendo los procesos de capacitación. También vamos a comenzar a hacerlo con los proveedores y ciudadanía, entendiendo que son medulares, para toda esta implementación de esta nueva ley.

Lo más seguro es que sale el día de hoy (martes 8 de septiembre). Estamos haciendo las últimas modificaciones, entendiendo que la reglamentación se ha hecho en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La pandemia ha impactado las reuniones que se han hecho y obviamente hemos trasladado todo a través de vía Zoom, lo que nos ha retrasado un poco. Pero el compromiso es hacerlo lo antes posible.

Hay sanciones que van desde multas, por mal uso o no uso de la ley, hasta la destitución del funcionario. Lo que se busca que todos los funcionarios que trabajan en compras, hagan cumplir la ley de contrataciones públicas para que de una buena vez se pueda tener un sistema eficiente.

Son cuatro artículos. El primero es referente a las licitaciones para obras por hasta $5 millones, que van a estar dirigidas a empresas nacionales. Adicional, a eso están las compras locales. Por ejemplo, si yo estoy en el municipio y la entidad está haciendo la requisición, puedo darle incentivos a ese proveedor que está pagando impuestos. El tercero de los incentivos viene de la producción nacional, de bienes y servicios, que busca que se consuma lo nacional. Por último, están las compras menores de hasta $50 mil. La prioridad es que esas compras sean para las pymes.

Lo que dice la nueva ley es quienes celebren acuerdos de colaboración judicial o de pena, que hayan aceptado la comisión de un delito contra la administración pública, serán sancionados. Es decir, serán inhabilitados. Ese cambio no se había dado en ninguna de las leyes de contrataciones públicas. Eso quiere decir que esta nueva ley entra en una zona que nadie había querido tocar. Además, es importante porque son temas que actualmente se están viendo, que cualquier empresa que ha dejado una obra en estado de abandono, también se proceda a inhabilitarla.

No vamos a entrar a dar ejemplos de empresas. Pero sabemos que en estos momentos tenemos empresas que han dejado obras del Estado en abandono, y que ahora mismo en esta etapa de pandemia las estamos necesitando. Las empresas no eran sancionadas por esas causales. Por último, los accionistas, los directores, que fueron sancionados, no podrán contratar con el Estado, aunque hayan abierto otras empresas y quieran licitar con el Estado.

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