¿Una oportunidad para el ambiente nacional?

Las designaciones recientes de las próximas autoridades administrativas de la Autoridad del Ambiente (ANAM) han calado bien en la pequeña comunidad de los ambientalistas, en términos generales.

Frente a lo existente, se trata de un cambio radical en las expectativas respecto a la manera en que se enfocará la administración del ambiente, no como un tema colateral, esperamos, sino central en las relaciones entre el ser humano y el ambiente y, por tanto, en las decisiones políticas del país.

EL PASADO RECIENTE

En 1990, el nuevo gobierno de Guillermmo Endara estableció una categorización de las instituciones públicas según el grado de beneficios que brindaban al país.

Así, las instituciones fueron ubicadas de la A a la C, respecto a los ingresos y utilidad que generaban en la economía.

Instituciones como el INAC e INRENARE (hoy ANAM), fueron ubicadas en la categoría C. Ambas instituciones administran patrimonios considerados abstractos en el modelo de ganar, ganar. El discurso ambientalista apenas si dejaba colar algunos conceptos fundamentales contrarios a este planteamiento, como el de desarrollo sostenible en el pensamiento economicista de los líderes políticos.

No pocos ambientalistas debieron inventar justificaciones y demostraciones sobre la importancia económica del ambiente en los términos de conservación, cuando en el paradigma dominante del desarrollismo (léase crecimiento económico), conservación implicaba impedimento al desarrollo.

De hecho, el concepto de desarrollo sostenible fue en la jerga del ambientalismo internacional una transacción entre desarrollo y conservación que debía facilitar el diálogo interrumpido décadas antes.

El Plan Bruntland mostraba un camino. Paralelamente, los 7G habían decidido favorecer al sector civil frente al estado en sus financiamientos para el fomento del desarrollo. Esto incrementó el número de organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas al ambiente, como receptoras de fondos. En esta relación de fuerzas opuestas opera el movimiento ambiental internacional como nacional.

La reunión sobre el ambiente en Rio, 1992, coincidente con el V aniversario de la llegada de los europeos a América, generó debates a varios niveles y creó compromisos, particularmente con las poblaciones indígenas del mundo, custodios de recursos pero marginados por el crecimiento económico.

En Inrenare, contrarrestando el mínimo apoyo del Estado, el director de entonces, Stanley Heckadon, logró atraer fondos mediante 56 proyectos del Plan de Acción Forestal de Panamá creando una mesa de donantes internacionales y poner casi al día a la institución, rescatando 20 millones congelados del programa Marena, con proyectos ejecutados en no menos de una década, creando las bases de la institucionalidad legal que finalizó en la creación de ANAM, varios años después de su salida.

Desafortunadamente, el modelo desarrollista siguió impregnando las decisiones del Estado durante los varios gobiernos que siguieron al de Endara. Las concesiones que hizo el Estado al movimiento ambiental internacional estuvieron condicionadas por los recursos que debían contribuir al presupuesto nacional en una fase de recuperación económica crítica, después de los años del embargo. Fue una concesión al discurso formal del desarrollo sostenible, pero renuente a ceder espacio en el control de las decisiones básicas de la economía.

EL MOVIMIENTO AMBIENTAL BAJO PRESIÓN

En los tres últimos gobiernos, el ataque al movimiento ambiental ha sido frontal, hasta reducir su potencial de supervisor y crítico de las decisiones del Estado, con acusaciones como las de impedir el desarrollo, volviendo al viejo modelo de lucha, agregándole el mote de izquierdista, etc.

Ciertamente, la izquierda percibió en el movimiento ambiental un nicho de lucha necesario frente al neoliberalismo, ahora convencido de no tener trabas en su programa de dominio total sobre la economía.

Los fondos internacionales, pasados por la estructura del Estado, convertido en supervisor de las ONG, dividen al movimiento ambiental o lo neutralizan.

No pocos de los antiguos funcionarios pasan a las ONG, manteniendo lealtades políticas partidarias en situación de gobierno y repitiendo algunos de los defectos criticados al Estado, cuyos gastos de planillas eran mayores que el beneficio a las comunidades.

DESARROLLO SOSTENIBLE VS MALAS PRÁCTICAS INSTITUCIONALES

Los funcionarios nombrados en los últimos gobiernos se caracterizaron no por su respeto a los principios del desarrollo sostenible, sino por su incondicionalidad frente al poder.

En situación de crecimiento económico exponencial, no debía haber trabas, por lo que los estudios de impacto ambiental se convierten en meras formalidades para garantizar el mínimo de la transparencia en las decisiones. Este elemento ha sido el talón de Aquiles en la institucionalidad de la ANAM.

No hablemos de malas prácticas, un factor de vieja data en la misma institucionalidad, hasta los extremos del gobierno saliente.

¿MUY TEMPRANO PARA CREER?

La esperanza despertada en el movimiento ambiental no es incondicional. Sus expectativas son altas como alta ha sido la corrupción en la administración de los recursos naturales del país, al punto que parecía irreversible.

Lo interesante es que algunos de los designados son líderes en el movimiento ambiental, críticos de los factores negativos en el tema ambiental.

Hasta ahora, lo ambiental, a partir de lo ecológico, su fundamento científico, sigue siendo una moda de una clase media, romántica, como la criticara el expresidente Ernesto Pérez Balladares, cuando impuso cambios en la ley del parque Metropolitano, afectando parcialmente su conectividad.

Sin embargo, creemos que algo ha madurado en la sociedad, moviendo el eje de la economía política hasta integrar algunos de los postulados del movimiento ambiental a los modelos de la economía.

No es suficiente todavía. Apenas si se cree que el cambio climático es un producto de la acción humana y no un fenómeno cíclico natural.

Ni siquiera el principio de cautela estimula el pensamiento de los políticos para evitar mayores desastres que los que se han observado recientemente, como los de Nueva Orleans, donde el huracán Katrina tuvo efectos enormes por la pérdida de los resguardos naturales y artificiales o los que hubo en Juan Díaz hace pocos años, o como los de Colón, en el reemplazo de los manglares que protegen la ciudad y la costa por mega-proyectos multimillonarios. O el más reciente del río La Villa.

Se abre un espejo de oportunidades que el movimiento ambiental debe aprovechar, reforzándose con el empoderamiento de las comunidades de base. Esperemos que así sea. Aunque nadie espera que sea fácil.