Investigación especial | Planillas maquilladas, cuentas sin saldar en la Asamblea

¿Más o menos? Desde que el 1 de julio de 2024 la diputada coclesana Dana Castañeda llegó a la presidencia de la Asamblea Nacional ha hecho gala del estribillo “Esta es una nueva Asamblea, comprometida con la transparencia”, pero las cada vez más evidentes contradicciones en la planilla, pagos secretos a los suplentes y la reactivación de una nueva partida presupuestaria, durante su gestión, parecen dar al traste con su repetitivo discurso.

“La Asamblea no puede ni debe ser las planillas”, reiteró Castañeda, diputada por el circuito 2-3 de la provincia de Coclé (La Pintada, Olá y Natá), en su más reciente discurso del 2 de enero durante la instalación de la segunda legislatura del primer periodo de sesiones ordinarias (2024-2025), ocasión que aprovechó para destacar acciones que considera ayudan a transparentar la gestión.

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Para su administración, dijo haber recibido la planilla “001”, o de personal fijo, en “3.300” funcionarios, y que la había reducido a “2.500 funcionarios”, según una pasada entrevista en Eco Tv en septiembre de 2024, es decir, 800 menos, porque los trabajadores “no estaban físicamente o no tenían un lugar de trabajo”, aunque reconoció que había tenido que restituir a “algunos” de ellos debido a leyes especiales que los amparaban.

En su discurso de instalación de la segunda legislatura, Castañeda, quien está próxima a cumplir 57 años, repitió que además de cumplir con su meta de no utilizar la polémica partida 172, o de servicios profesionales, había desvinculado a gran parte del personal, pero la cifra que detalló en enero fue menor: “600 funcionarios”.

En cambio, los datos de la Contraloría General de la República (CGR) reportan que en la Asamblea Nacional hay 2.921 servidores permanentes y 1.861 eventuales, para un total de 4.782 personas.

La cifra supera los ministerios con mayor presupuesto, entre permanentes y eventuales. El Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, tiene un total de 1.711 funcionarios, mientras que el de Economía y Finanzas 2.620 de acuerdo con el reporte de la planilla de la Contraloría de enero de este año.

Por otro lado, en el portal de la Asamblea no sólo no se publica el personal eventual, sino que reporta una planilla menor de 2.804 funcionarios permanentes, número que no coincide con el de la Contraloría.

Las matemáticas no cuadran

Si solo ingresaron 36 funcionarios a la planilla permanente desde septiembre 2024, según el reporte de la Asamblea Nacional, fecha desde la cual se podrían considerar las restituciones según el anuncio de Castañeda y de 3.300 empleados fijos se redujo a 2.500, ¿por qué las cifras oficiales reportan entre 2.800 y 2.900 permanentes, como se dijo anteriormente?

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Justamente, la partida 01 de personal fijo o permanentes, de la que Castañeda dijo haber hecho los despidos descritos, tuvo una ejecución de $70 millones el año pasado mientras que en 2023 fue de $66 millones, según un informe presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) entregado a La Estrella de Panamá el pasado 21 de enero con base en la Ley de Transparencia.

Es decir, que pese a sus auditorías que conllevarían destituciones, se gastaron $4 millones adicionales en la planilla de personal fijo.

Y es que más allá de los comunicados de prensa, entre el 4 de julio de 2024 cuando se efectuó el recorrido en las instalaciones de la Asamblea para la supuesta auditoría de las planillas, al 9 de septiembre, fecha cuando se anuncia la reducción de 700 y la restitución de “algunos”, no hay documento que evidencie los resultados de esta auditoría ni siquiera en la sección de transparencia de la institución.

En una entrevista telefónica con La Estrella de Panamá, Castañeda indicó que no recordaba a cuántas personas había despedido o restituido.

De ‘auditoría’ a ‘monitoreo permanente’

Abordada sobre la mecánica de este proceso, Castañeda explicó que era un “monitoreo” en el sitio, con lista en mano para verificar si las personas están en sus lugares de trabajo y detalló una novedad: no había terminado la auditoría sino que eran “auditorías permanentes”.

“Yo misma he tenido que ir a los pasillos a verificar y contrastar con listas, y preguntar quién eres tú, dónde trabajas tú”, relató Castañeda sobre la dinámica.

Además, agregó que no se había publicado en el portal porque era un proceso administrativo interno de la Asamblea. Tampoco se entregó a la Contraloría ni mucho menos contó con el personal verificador de esa entidad fiscalizadora, pero aseguró que “nos dio resultados”, aunque como se dijo, no se reflejan en las cifras presupuestarias oficiales porque el gasto en la planilla 01 fue mayor.

En este mismo sentido, el diputado independiente Roberto Zúñiga le solicitó dos veces en julio pasado a Castañeda, la información de todas las planillas, con el detalle del personal que tenía la Asamblea Nacional al 30 de junio de 2024, un día antes de su gestión como presidenta.

Zúñiga requirió la cantidad de personas permanentes, el reporte de los cesados y el personal bajo evaluación. Debido a la falta de respuesta, desde septiembre espera que la Corte Suprema de Justicia falle su habeas data.

“He sido la única presidenta de esta Asamblea que se ha atrevido a asumir la responsabilidad de eliminar el uso de la planilla 172”, o de servicios profesionales, reiteró en su discurso al iniciar el segundo periodo de sesiones, afirmación recalcada en más de cuatro ocasiones.

Partida de sueldos se engrosa

Pero si bien esa polémica partida, utilizada por los diputados para crear contratos ficticios y esquilmar fondos públicos ya no figura en el renglón de los servicios personales de la Asamblea Nacional, hay otra partida de la que nada se había dicho y que repuntó justo en el periodo de Castañeda.

Se trata de la partida “091” que se llama “créditos reconocidos por sueldos” que en los últimos dos años, es decir, 2023 y 2022, apenas rondaba el medio millón de dólares, pero en 2024 todo cambió.

Según el presupuesto ley la partida tenía $650.000, luego en octubre se modificó a $9.5 millones y su ejecución durante todo el año pasado fue de $10 millones, siempre de acuerdo con el MEF.

En esta partida 91 se registran todas aquellas obligaciones por servicios personales que quedaron reconocidos, pero su pago fue diferido para gestiones fiscales posteriores. Se incluyen también los pagos a funcionarios, describe el manual de clasificaciones presupuestarias del gasto público del MEF.

Esto quiere decir que con esta partida, que es parte de los servicios personales, se pagan sueldos. Expertos en el manejo de planillas y presupuesto del Estado explicaron que una partida de servicios personales puede pagar todo tipo de planillas y la ventaja de tener un monto cuantioso es que se puede trasladar a lo interno de la institución.

Con ella se pueden efectuar contratos personas naturales e instituciones públicas, indica el manual presupuestario.

Finalmente, pese a que durante su gestión -que se inició en julio 2024- no utilizó la partida 172 de contratos de servicios, que tenía un monto de $6 millones, con el gasto de la partida 91 o de sueldos, los gastos de personal que suman todas las partidas fue mayor que en 2023 (ver gráfica). Para 2024 se ejecutaron $145 millones en gastos relacionados a servicios personales mientras que en 2023 el gasto fue de $142 millones.

Castañeda dijo a La Decana que no recordaba en qué se usaba esta partida 91 y desde el pasado jueves se comprometió en averiguarlo.

“Yo te digo que sí hay muchas cosas que hacer en la Asamblea y espero que la persona que me siga a mí siga en la misma línea mejorando todas las cosas para tratar de recobrar la confianza en la población. Me he ganado enemigos, pero hemos tratado de hacer las cosas diferentes y corregirlas. No soy perfecta pero estoy tratando de hacer algo para transparentar la institución”, aseguró Castañeda.