Congeladores de los escándalos

PANAMÁ. Cuando se hicieron de conocimiento público causaron escándalo, polémicas, críticas. Sin embargo, con el paso del tiempo, años de investigaciones no reflejan avances.

Pareciera que estos casos sin resolver están condenados a dormir el sueño eterno, al menos por parte de una de las entidades a las que les corresponde rendir cuentas.

No se trata de denuncias de corrupción de este nuevo gobierno, que ya ha empezado su colección con las denuncias sobre malversación de dineros del Fondo de Inversión Social (FIS) o las compras a sobreprecios en el Ministerio de Desarrollo Social.

Son también casos que datan de los gobiernos pasados, como el hundimiento del HP-1430, o qué pasó realmente con los dineros del Museo del Tucán, archivos del gobierno de Mireya Moscoso; o el desfalco millonario en dineros destinados para la excelencia de la educación (FECE), denuncia presentada en la administración de Martín Torrijos.

¿Qué ha pasado? ¿Por qué después de tantas investigaciones no se ha cerrado ninguno de estos procesos?

La Alianza Ciudadana Pro Justicia, en su último informe sobre casos de corrupción de alto perfil (enero 2010), reconoce al menos 17 procesos judiciales que aún esperan ser resueltos.

Y es que, según el documento, las autoridades encuentran un sinnúmero de obstáculos para poder llegar a la etapa de conclusión.

Por ejemplo, desde 2002 hasta diciembre de 2009, se identificaron 28 casos, de estos, algunos han sido archivados, otros están pendientes de audiencia, por resolver recursos o solicitudes, pendientes de decisión y los demás, apenas en investigación.

Audiencias suspendidas en repetidas ocasiones por recursos interpuestos por abogados defensores, presentando excusas como certificados médicos no permiten esclarecer estos hechos.

LA LISTA NEGRA

En la Corte Suprema de Justicia, están pendientes denuncias de alto perfil como la de Fundación Mar del Sur y el Museo del Tucán.

Tiene cinco años de estar en espera en la Corte, luego que los magistrados se declararan impedidos para resolver una solicitud de autorización de la procuradora Ana Matilde Gómez para investigar.

Igualmente el proceso que se sigue por enriquecimiento ilícito a la ex secretaria de la Presidencia, Dalvis Xiomara Sánchez (‘durodólares’) ocurrido en 2002. La audiencia, prevista a realizarse el 3 de junio, fue suspendida por un juez.

En el listado se incluye también las investigaciones contra el ex fiscal Arquímedes Saenz por el cobro de dinero para concesión de medida cautelar, el escándalo de corrupción en la Corte, vinculado al caso Carlos Jones; demanda contra el Banco Nacional (Prados del Este). Todas son investigaciones que llevan años y, entre recursos y apelaciones, no alcanzan ver la luz.

El CEMIS es el único proceso que después de ocho años de estar archivado, avanza, pero a paso de tortuga.

De parte del Ministerio Público están pendientes las investigaciones por el hurto de las piezas ‘Juegos de Antaño’, la resolución del caso fibra de vidrio, donde se arrestó a dos ex ministros de Educación. Mientras que el caso Ocean Pollution Control (OPC) y las denuncias de peculado en la Red de Oportunidades en el Ministerio de Desarrollo Social (2009) aún no pasan el proceso de investigación.

Pero lo más sorprendente es que casos como el de las escuelas rancho (2007) aún esperan el informe de auditoría de la Contraloría General de la República.

EL CUELLO DE BOTELLA

El estudio señala que uno de los principales obstáculos para las investigaciones de posible corrupción es el tiempo que demoran las auditorías de la Contraloría. Y las cifras parecen demostrarlo.

Según las estadísticas, la Contraloría remitió al Ministerio Público 471 informes de auditoría, correspondientes al periodo 2005-2009. De estos, 150 tardaron un año y meses en ser elaborados; 67 tomaron 2 años y meses; 22, tres años; 8, cuatro años; 3, cinco años; y 87 tomaron algunos meses.

El ex contralor José Chen Barría asegura que el tiempo que demora entregar un informe de auditoría depende más de la voluntad de quienes investigan que del tiempo. ‘No existe ninguna legislación que nos imponga un tiempo específico para terminar las auditorías. Eso depende de la voluntad que se tenga’, acotó.