Diputados decidirán futuro de la Caja de Seguro Social

El rumbo sobre la discusión del futuro de la Caja de Seguro Social (CSS) está a punto de decidirse en la Asamblea Nacional, donde convergerán las decisiones adoptadas por los integrantes de las cuatro mesas temáticas que participan en el diálogo convocado por el gobierno, y el proyecto de ley que pretende modificar la Ley 51 que rige la CSS por iniciativa del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados (Conato), organización que decidió separarse de las conversaciones del diálogo.

La idea no genera expectativas tan positivas para Juan La Calle, representante del sector empresarial.

Según La Calle, el hecho de haber pedido desde marzo la presencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como técnicos especializados en el tema, como analistas de alternativas y asesores independientes, “pero que ni el gobierno ni la CSS hayan garantizado su presencia –que ni Conato ni Confederación Nacional de Unidad Sindical hayan insistido en ello–, advertidos por los 'académicos' de la Universidad de Panamá de que la OIT pudiera ser cómplice de cualquier intento de “privatización”, hace que “sospechemos que no se haga nada que no sea pelotear el desastre económico fiscal al que nos abocamos como país y como sociedad, con un sistema total y comprobadamente fallido”, advierte.

Este jueves finaliza el término acordado para la presentación de propuestas en las mesas temáticas del diálogo por la CSS (Invalidez, Vejez y Muerte; Riesgos Profesionales; Maternidad, y Administración).

La mesa plenaria ya se reunió con el presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, y “en ella brindó un avance de cómo se desarrolla este diálogo nacional y es la razón por la que se invitó, como parte del diálogo, a los partidos políticos vigentes para que como parte de este proceso se comprometan con informar a sus bancadas a la hora de tener que aprobar esta nueva ley de la CSS en la Asamblea”, explicó Joaquín Del Villar, moderador del diálogo.

Sin embargo, no hay garantía de que el documento consensuado que llegue a la Asamblea se respete en forma y fondo.

Los diputados han efectuado cambios a documentos consensuados en los que habían participado representantes de cada colectivo político, como el de las modificaciones al Código Electoral. El proyecto ingresó para su aprobación luego de un año de discusión entre las partes, pero a raíz de las modificaciones realizadas en la comisión de Gobierno, la propuesta tuvo que regresar a una mesa técnica con el Tribunal Electoral para nuevos cambios.

En este caso, el reto de los diputados se valorará en la capacidad de consensuar posiciones y aprobar una reforma que garantice no solo pensiones dignas y la sostenibilidad financiera del IVM, sino que contemple una entidad moderna, despolitizada, transparente y capaz de brindar un sistema de salud eficiente.

A partir del martes 5 de octubre empezará la fase IV del diálogo, que es el momento en que se incluyen todas las propuestas, sugerencias u opiniones de los comisionados de las 20 diferentes organizaciones, entre las que hay asociaciones, partidos políticos, gremios, y otros.

“Desde el 5 de octubre hasta el 5 de diciembre los comisionados de la mesa plenaria del diálogo (máxima autoridad de este diálogo nacional) deberán aprobarlas, rechazarlas o modificarlas para luego proceder a la escogencia de las propuestas definitivas y preparar el informe final del diálogo, que deberá ser presentado a la junta directiva, a la Dirección General de la CSS y al presidente de la República”, indicó el moderador de la mesa del diálogo. Después se entregará a la Asamblea un proyecto de reformas a la ley orgánica.

En el camino de las discusiones sobre las propuestas para reformar la CSS hubo varios escollos. El primero fue que los trabajadores se retiraron de la mesa, por desconfianza en la cantidad de participantes, y solicitaron al Ministerio de Trabajo la posibilidad de instalar una mesa tripartita para tal fin. La ministra de Trabajo, Doris Zapata, contactó a los especialistas de la OIT para explorar la ruta, pero sin éxito porque las propuestas de los trabajadores “eran de fondo y debían ser decididas por la mesa extendida del diálogo nacional, no por la mesa tripartita. Desarticular la mesa de diálogo que convocó el Gobierno Nacional en el mes enero pasado era como deslegitimar los acuerdos alcanzados hasta ahora, una inconsistencia”, explicó el viceministro de Trabajo, Roger Tejada. Ese fue el segundo obstáculo.

Los trabajadores dicen que fue el gobierno el que no convocó formalmente a dicha mesa tripartita.

“La Asamblea analizará si une los proyectos de Conato y los resultados de la mesa del diálogo o cómo trabaja ambos temas”, añadió el viceministro.

El último acercamiento que hubo entre el gobierno y los trabajadores con miras a la posibilidad de retornar a la mesa del diálogo también fracasó, entre otras razones porque ya faltaba poco tiempo para la fecha de cierre del diálogo. La mesa estaba adelantada y las exigencias de Conato, como cambiar al moderador, reducir los integrantes del diálogo a trabajadores, empresarios, jubilados y trabajadores de la Salud, parecían fuera de alcance para el gobierno.

En este escenario, la participación de la OIT se percibe más difusa y lejana. Tejada señaló que se debe esperar a que culminen las plenarias del diálogo, y analizar los resultados. El ministerio aún no ha analizado la propuesta legislativa de los trabajadores que recibieron informalmente. “Si viene la OIT es por interés de las partes; si el Conato presentó una iniciativa ante la Asamblea, no nos han expresado recientemente que tienen interés de que venga la OIT, pero la propuesta de ley es la última acción de los trabajadores y deben esperar a que sea discutida en la comisión correspondiente con las partes interesadas para debatir sobre la misma”, señaló Tejada.

El gobierno validará los aportes de la mesa del diálogo a la que se presentaron posibles soluciones a temas delicados como el reflote financiero del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

“Tenemos que ser respetuosos del espacio. Hay dos acciones, en resumidas cuentas, lo que produzca la mesa del diálogo y la propuesta de ley de Conato que ya es de orden del Legislativo. Nosotros estamos conscientes de la propuesta legislativa, pero eso le corresponde al Legislativo, aún no hay un concepto vertido al respecto por parte del Ministerio de Trabajo”, manifestó Tejada.

El informe actuarial en el que se basó la mesa del diálogo data de 2018, refrendado por la Contraloría, obvia las repercusiones de la pandemia de covid-19 que afectó más de 360 mil empleos. En las conversaciones con la OIT uno de las primeras observaciones consistían en iniciar un nuevo balance financiero capaz de determinar la realidad del estado de la entidad. En el pasado la OIT emitió concepto sobre el informe actuarial proporcionado por la directiva de la CSS en el que halló inconsistencias.

Estas deficiencias se traducen en falta de información; datos desactualizados; inconsistencias que podrían alterar el valor de la reserva y posibles subregistros en el sistema. Es decir, algunos datos se plasman en el informe actuarial mientras que otros no existen, o tal vez no se recolectaron como se debía. Hechos que se podrían esclarecer cuando se efectúe un estudio integral de la situación de la CSS.

La Confederación de Trabajadores de la República de Panamá, que forma parte de Conato, ha centrado sus aspiraciones en un único sistema de pensiones, el solidario, que cuenta con reservas hasta el año 2024. La solución financiera que proponen, entre otras alternativas, es alimentarlo con los fondos del subsistema mixto creado en la reforma de 2005, que según los trabajadores daría suficientes recursos hasta 2040, aunque la documentación actuarial que sostiene la propuesta no se ha dado a conocer.

En este aspecto, los empresarios representados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) presentaron ante la mesa del diálogo un modelo de tres pilares, en el que converge un pilar no contributivo, destinado a las personas que no cotizaron en toda su vida; un segundo pilar obligatorio y de contribución definida; y un tercer pilar voluntario, en el que trabajadores y empresas hacen aportes en igualdad de condiciones.

En la mesa de Riesgos Profesionales se planteó la posibilidad de implementar la notificación en tiempo perentorio del accidente laboral y de la incapacidad médica del trabajador con incapacidad temporal por riesgo profesional, a través de la creación de una plataforma tecnológica, lo cual debe generar que el trámite sea efectivo y expedito para el pago del subsidio en tiempo oportuno, y que a su vez cuente conjuntamente con la capacitación permanente a las empresas por parte de la Caja de Seguro Social.

En caso de accidentes laborales graves, el Programa de Riesgos Profesionales, en coordinación con los servicios de atención, ante las evidencias o información que se les haya suministrado, iniciará de oficio la investigación del mismo, con la finalidad de agilizar la prestación económica a la que tiene derecho el trabajador.

Mientras que en la mesa de Administración se trabajó en lo relacionado a la adquisición y compra de medicamentos; el fortalecimiento de algunas figuras como la oficina de transparencia, y la creación de una posible junta de relaciones laborales para la CSS.

La pandemia azotó el sistema laboral que nutría a la CSS, y dejó miles de informales. El reto de la mesa de independientes es buscar fórmulas para que este sector tenga la oportunidad de ingresar al régimen de seguridad social.

Para tal efecto, se analizaron distintas propuestas como la presentada por la subcomisión en la que se insta a la CSS a que entre a revisar las clasificaciones de las ocupaciones, que contempla el Instituto Nacional de Estadística y Censo, con el propósito de establecer estrategias para captar más cotizantes del sector informal a la seguridad social.

Para Villar, el principal logro ha sido haber realizado “un trabajo a conciencia de todos los convocados en la búsqueda de una solución transitoria o definitiva a la problemática de la CSS para la tranquilidad de los cotizantes, asegurados y de la comunidad en general”.