Deficiencias antidemocráticas en la elección de alcaldes

Entretenidos como estamos con la “polla” presidencial, no prestamos atención a las otras elecciones que se realizan el mismo día. No caemos en cuenta de lo antidemocrático que es el sistema electoral panameño, creado a la medida del partido de la dictadura, cuyo efecto es darle a la mayor de las minorías carta blanca para abusar del poder durante cinco años, sin controles de ningún tipo.

En columnas anteriores (13 y 27 de marzo) vimos los antidemocráticos resultados de las elecciones para presidente y diputados. Veamos hoy los desenlaces en los comicios municipales, igualmente antidemocráticos.

Hasta 1968, los alcaldes panameños eran nombrados por el presidente de la República. Solo en 1948 fueron escogidos mediante votación popular.

En 1984, durante la dictadura militar, hubo elección directa de ejecutivos municipales, con el triunfo del oficialismo (PRD) en casi todos los distritos. En 1989 no hubo votación para alcaldes, por lo cual el presidente Endara, una vez asumió el poder en 1989, pudo nombrar a los jefes municipales en todo el país.

En el distrito capital, inicialmente nombró a Guillermo Cochez, quien pertenecía al Partido Demócrata Cristiano. En 1991 lo reemplazó por Omaira (’Mayín’) Correa, quien había sido legisladora del PALA (1984-1989). Finalmente, en 1993 designó a Mercedita García de Villalaz, panameñista de larga trayectoria.

Desde 1994 se eligen alcaldes por votación popular cada quinquenio, al mismo tiempo que se escogen presidente, diputados y representantes de corregimiento.

En 1994 fue elegida Omaira (’Mayín’) Correa, quien fue nominada por Molirena. En 1999 y 2004, Juan Carlos Navarro (PRD); en 2009, Bosco Vallarino (panameñista); en 2014, José Blandón Figueroa (panameñista); y en 2019, José Luis Fábrega (PRD)

Mediante el sistema de mayoría simple, imperante en las elecciones para alcaldes (como en las presidenciales), el partido de la dictadura ha triunfado en 3 de los 6 comicios celebrados en el distrito de Panamá, a partir de 1994. En toda la república, los resultados también han sido favorables al PRD; para muestra, un botón: las estadísticas electorales de 2019.

Ese año, el PRD recibió el 32% de la votación para alcaldes a nivel nacional. Evidentemente se trata de una minoría de los votos recibidos en todo el país.

Pero ese minoritario 32% le sirvió para obtener 38 de 81 alcaldías, lo cual equivale al 47% de los ejecutivos municipales. Entre ellos están 5 de los 6 distritos más poblados del país, los cuales, por supuesto, tienen los mayores presupuestos: Panamá (José Luis Fábrega), Arraiján (Rollyns Rodríguez), Colón (Alex Lee), La Chorrera (Tomás Velásquez) y David (Antonio Araúz).

San Miguelito está también entre los 6 más grandes. Allí triunfó el experredista Héctor Carrasquilla, quien, después de su triunfo, abandonó CD para volver al partido de los cuarteles (La Estrella de Panamá, 8 de octubre de 2022).

Ninguno de estos candidatos consiguió una mayoría absoluta de votos. En todos los casos, las preferencias expresadas a favor de cada uno fueron minoritarias, como se muestra a continuación, indicándose, entre paréntesis, el porcentaje de la votación válida que recibió cada uno: Fábrega (38%), Rodríguez (28%), Lee (22%), Velásquez (34%), Araúz (37%),

A Carrasquilla, como abanderado de CD en 2019, le sirvió tan solo un 23% de la votación total para convertirse en alcalde de San Miguelito. Ahora aspira a repetir su hazaña, como candidato del oficialismo.

Estos individuos, quienes llegan al ejecutivo municipal apoyados por una minoría de los votantes, ejercen el poder y manejan presupuestos millonarios sin frenos de ninguna clase, porque en Panamá, tanto a nivel nacional como municipal, el sistema republicano es inoperante.

Los votos de una minoría sirven para entronizarlos como tiranuelos en sus distritos, con consecuencias cada vez más negativas para la población, incluyendo el aumento de la narcopolítica, que ha ido penetrando hasta las profundidades de la administración municipal.

Este abuso de poder está ampliamente difundido en todo el país y adquiere, en ocasiones, ribetes macabros. Meses atrás, la alcaldía de Chepigana, en manos del PRD, dispuso desalojar el exceso de cadáveres de la morgue de La Palma, enterrándolos en una finca privada.

No se tomó en cuenta ninguna de las disposiciones vigentes sobre la materia. Se abusó flagrantemente del derecho a la propiedad y a un ambiente sano, consagrados en la Constitución.

Se violentó la dignidad de los fallecidos, en vulneración de lo que impone la normativa vigente sobre entierros de solemnidad. Ni siquiera se tuvo la decencia de comunicar a los propietarios o a la comunidad aledaña la decisión unilateral del ejecutivo municipal.

De nada han servido las quejas presentadas al Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Salud y el Ministerio Público. Como se ha dicho varias veces, la elección, con un mínimo de votos, permite a los alcaldes sobrepasarse en el ejercicio de sus funciones, sin que nadie ponga coto a sus tropelías y atropellos.

No perdamos de vista la magnitud de los recursos financieros que estos individuos manejan a su antojo. En 2024, el presupuesto del distrito de Panamá asciende a $325 millones; el de San Miguelito, $42 millones; el de Arraiján, $27 millones; el de Colón, $48 millones, y el de La Chorrera, $16 millones. El de David fue de $12 millones en 2023.

Entre tanto, los consejos municipales, llamados a fiscalizar la administración municipal y enrumbarla conforme a las necesidades ciudadanas, tampoco funcionan para estos propósitos, porque muchos de sus integrantes –los representantes de corregimiento– llegan a sus cargos a punta de clientelismo, financiados por los presupuestos municipales arriba indicados y por recursos de otra procedencia (incluyendo el crimen organizado). Estos cargos también se eligen mediante un sistema de mayoría simple, por lo que muchos acceden a sus posiciones con ínfimas votaciones en sus respectivos corregimientos.

Ante este panorama, la primera y más básica reforma que se impone es introducir una segunda vuelta electoral en las elecciones para presidente de la República e, igualmente, para los alcaldes. De lo contrario, seguiremos teniendo ejecutivos con poca o ninguna representación y respaldo, facultados para abusar de sus cargos en detrimento de la democracia y el interés nacional.