Crece rechazo a los designados

PANAMÁ. Las designaciones del presidente de la República, Ricardo Martinelli, sobre José Abel Almengor y Alejandro Moncada Luna para magistrados de la Corte Suprema de Justicia siguen siendo criticadas y de sus dos magistrados suplentes Wilfredo Sáenz y Zaira de Latorraca.

Al menos, hasta ayer, se habían recibido 30 objeciones contra los escogidos a través del sistema vía correo electrónico que abrió la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional.

El período, que abrió el pasado viernes, vence hoy a las 5:00 de la tarde. Las objeciones se pueden hacer personalmente o a través del correo electrónico: transparencia@asamblea.gob.pa y en la Secretaría General.

Según Wigberto Quintero, secretario general del Legislativo, la que más ha tenido oposiciones es Latorraca, designada como suplente de Almengor. “Uno ha recibido dos en contra y hasta 8 correos a favor”, dijo Quintero, sin especificar.

Sostuvo que la Comisión de Credenciales irá citando a las personas para que den una explicación.

Más organizaciones ciudadanas se sumaron al apoyo del comunicado de la Alianza Ciudadana Pro Justicia que critica duramente las designaciones del presidente Martinelli.

Castillo, quien calificó la actuación de Martinelli como “un irrespeto” a todos los abogados que creyeron en su llamado y presentaron su hoja de vida, sumó el respaldo de más organizaciones gremiales a su voz de protesta.

El respaldo inicial de 9 grupos aumentó a 24. Se unieron al rechazo de estos abogados: el Consejo Nacional de Periodismo, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, Fundación para la Equidad de Género, Fundación Pro Víctimas del Crimen, Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá, Centro de Estudios y Capacitación Familiar, entre otras.

La Alianza Ciudadana denunció que queda clara la necesidad de una reforma constitucional “que le quite a un órgano político como lo es el Consejo de Gabinete la escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.

El comunicado señala que la designación de abogados vinculados al presidente y en otros casos funcionarios de gobierno, afectan el principio de independencia judicial y de separación de poderes del Estado.

En medio de la ola de críticas, el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, en un comunicado, abogó por un modelo de selección de magistrados que disipe la duda ciudadana en torno a la independencia de criterio e imparcialidad de los elegidos.

“Una propuesta que pudiera brindar respuesta, sería el establecimiento de un nuevo orden constitucional que establezca un mecanismo autónomo”, dijo Vargas.

El defensor del Pueblo aboga porque “la Asamblea Nacional, como órgano de contrapeso, permita a la ciudadanía el mayor escrutinio público posible”.