Cancillería niega salvoconducto al expresidente Martinelli

La Cancillería de Panamá denegó el salvoconducto solicitado por la embajada de Nicaragua para trasladar al expresidente Ricardo Martinelli a Managua. El exmandatario se encuentra asilado en la sede diplomática de este país desde el martes. El viernes la Cancillería citó a la representante de misión en Panamá, Consuelo Sandoval Meza, para comunicarle la decisión basada en el artículo 1 de la Convención sobre el Asilo de 1928 y la Convención sobre el Asilo Político de 1933.

Así mismo, se lee en el comunicado emitido por la Cancillería, se recordó a la embajadora la obligación de preservar las obligaciones que está llamado a cumplir, según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, por lo que la misma no debe ser utilizada de forma incompatible. En otras palabras, “toda acción, declaración o comunicación que realice el expresidente desde la embajada y repercuta o impacte en la política doméstica de Panamá, será considerada una injerencia en los asuntos internos del país, y por lo tanto, generará consecuencias diplomáticas”, se lee.

La comunicación advierte dos cosas: que Martinelli tendrá una larga estancia en la embajada, y que Panamá estará atento a la conducta del asilado. Recientemente Martinelli fue entrevistado por la cadena CNN en Español, conversación en el que manifestó que el gobierno de Laurentino Cortizo era una “dictadura civil” y que el caso judicial que le mereció una condena de más de 10 años de prisión, es producto de una persecución política.

Ayer también hubo un pronunciamiento oficial por parte del gobierno de Estados Unidos. Brian Nichols, Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de ese país, indicó que el asilo otorgado por Nicaragua al expresidente Ricardo Martinelli “socava el Estado de derecho y la justicia”. El mensaje lo emitió este viernes en un mensaje por la red ‘X’, tres días después de que Managua notificó a Panamá sobre la decisión. “La concesión de asilo por parte de Ortega-Murillo al ex presidente panameño Ricardo Martinelli en Nicaragua es otra medida más para socavar el Estado de derecho y subvertir la justicia. Los funcionarios gubernamentales que traicionan la confianza pública deben rendir cuentas”, se lee en el mensaje en la red X.

Washington ha restringido la visa a más de mil funcionarios nicaragüenses por ataques a las libertades y represión a organizaciones de la sociedad civil. Este jueves el Departamento de Estado comunicó a este diario que estaba “al corriente que el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli solicitó y obtuvo asilo del gobierno de Nicaragua a través de su embajada en Panamá”.

El pronunciamiento del Departamento de Estado ocurre el mismo día en que el Órgano Judicial desfijó el edicto, que anunció por cinco días calendario, la no admisión de la casación que interpuso la defensa en contra de la sentencia por blanqueo de capitales que condenó al exmandatario a 128 meses de prisión, una multa de $19.2 millones y el decomiso de la acciones de las sociedades dueñas del grupo editorial Epasa, por el caso New Business. Martinelli tiene un porcentaje como dueño de las acciones del grupo editorial, bien que lo llevó a juicio por haberlo adquirido, según la sentencia, con fondos provenientes del Estado.

El procedimiento de notificación a las partes en el que se indica que la sentencia se encuentra en firme, o ejecutoriada, debe ocurrir una vez el expediente baje al Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, a cargo de la juez Baloisa Marquínez. Y eso fue este viernes. Ahora la juez debe colgar otro edicto y notificar al Tribunal Electoral (TE) sobre la sentencia. A pesar de que la defensa del expresidente ha agotado casi todos los recursos legales para dilatar la notificación al TE, y los que tiene no van a revertir la sentencia, el abogado Carlos Carrillo manifestó a La Estrella de Panamá que interpondrá una aclaración de la sentencia, además que evalúan otras alternativas locales e internacionales.

Una vez presentado el recurso de aclaración, explicó el abogado Carrillo, corre un periodo de tres días para emitir la aclaración y después el expediente debe ser remitido a la Sala Penal. “El juzgado lo único que puede hacer es el reingreso del expediente”, indicó Carrillo. Esto, según la defensa del exmandatario, evita que la sentencia “quede en firme” o que la juez notifique al Tribunal Electoral donde también se vislumbra otro controvertido proceso para inhabilitar a Martinelli.
Mientras tanto, en la casa que aloja a la embajada de Nicaragua en Panamá siguen llegando muebles y visitas. Este viernes lo visitó su esposa Marta Linares y dos de sus hijos en horarios diferidos. Martinelli también conversó con su copartidario Sergio Gálvez, candidato a la alcaldía capitalina quien abrió la posibilidad de que la esposa del exmandatario pueda acompañar a Mulino como la representación de Martinelli en la campaña. “Ella va a ser la representación viva de Martinelli, va a ser prácticamente su vicepresidenta, va a reemplazar a su esposo”, reveló Gálvez.

También fue a verlo su compañero de alianza electoral, José Muñoz presidente del partido Alianza, quien evitó hablar a los medios del caso judicial y reafirmó su apoyo al candidato a la vicepresidencia José Raúl Mulino. “No vamos a tener descanso en Carnavales, vamos con todo”, dijo Muñoz.

Este viernes también se vio a algunos trabajadores entrar con muebles, las adecuaciones para la estancia del exmandatario abarcan también la fachada exterior de la habitación en la que Martinelli mandó instalar una especie de tolda para evitar el sol.

Por otro lado, Gilberto Cruz, abogado de Epasa, indicó a este medio que se encuentra a la espera de que la Sala Civil resuelva un Amparo de Garantías que presentó con el propósito de dilucidar “la falta de legitimidad que el control operativo de Epasa por parte del gobierno, ya que no fue llamada a responder durante el juicio”, explicó.

Hasta el momento de escribir esta nota los abogados de Epasa manifestaron que no habían sido notificados por el Estado acerca del control de los diarios, obedeciendo a la sentencia que obliga el paso de las acciones de las sociedades anónimas que controlan los periódicos. Con respecto al futuro laboral de los empleados, el jurista dijo que el “Estado debe respetar los tratados en materia laboral y tendría que asumir los activos y pasivos en ese renglón”. Pero mientras no notifique, “les toca administrar los pagos con los recursos que hay en el momento producto de la actividad comercial”, indicó. ¿Cuánto tiempo puede aguantar? Cruz no tiene respuesta para eso.