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- 23/06/2024 01:00
- 22/06/2024 17:16
Por cada víctima que denuncia un caso de trata ante las autoridades, hay 20 a la espera de ser rescatadas. No es una película. Las cifras reflejan un incremento de víctimas nacionales que corresponden a niñas y adolescentes. En los últimos cinco años han rescatado a 97 víctimas, entre ellas niñas de seis a quince años. Como nos explica Dayra Campos, directora de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad, hay un subresgistro del 50% de los delitos. Entre las modalidades más frecuentes registradas están la trata con fines de explotación sexual y laboral.
Panamá sufre el mismo fenómeno que el resto de los países. El tema no es cuántos casos de trata se dan, sino el subregistro y la cifra negra del delito. En Panamá hemos identificado de manera plena 97 víctimas desde el 2019 a la fecha. Los estudios indican que por cada víctima que acude a la autoridad a poner una denuncia, hay 20 más esperando ser rescatadas. Es decir que tenemos que estar alerta. Tenemos casos de personas que han sido explotadas laboralmente y que por primera vez se han imputado cargos por prácticas análogas a la esclavitud, y esas personas estaban en Panamá por once años. Todo ese tiempo estaban siendo explotadas.
Estos espacios nos dan la oportunidad de explicar que necesitamos de la colaboración de todos. Si notan situaciones como, personas que constantemente entran y salen de un apartamento, que mueven a las chicas, muchos hombres acudiendo, movimiento de vehículos, son síntomas de que algo pasa en ese lugar. También si en un apartamento de tres recamaras entran más de una docena de colchones, algo está pasando. Estas víctimas ya no las encuentras en un bar, recordemos que la pandemia cambió el actuar de la delincuencia organizada. Los casos denunciados se estaban dando en apartamentos de cualquier edificio.
El 50% de las víctimas han acudido a buscar ayuda e interponer la denuncia ante las autoridades. Es decir, la mitad de los casos, lo que se ajusta a las cifras negras que ocurren en la clandestinidad. Por eso esperamos en esta nueva administración lograr compartir los protocolos que buscan capacitar al personal al momento de entrevistar a las personas y encontrar las rutas para derivar los casos de trata.
Nosotros tenemos más casos en los que las víctimas son niñas y adolescentes panameñas. Cuando ingresamos al despacho el porcentaje de víctimas panameñas alcanzaba un porcentaje del 6%. La gran mayoría de casos era de colombianas, principalmente cuando se trataba de víctimas de explotación sexual y de nicaragüenses cuando se trataba de explotación laboral. Sin embargo, para el 2022 se da un incremento de los casos con víctimas nacionales, niñas y adolescentes.
Esto lo indicamos porque para el 2019, 2020 y 2021 el porcentaje de niñas y adolescentes era muy bajo, no se detectaban tantos casos. Pero de ahí en adelante se ve un incremento sobre todo en casos de trata con fines de explotación sexual.
La edad más baja es de seis años. Encontramos a una niña de esa edad siendo víctima de trata de explotación sexual y las personas vinculadas eran familiares.
Pienso que se tiene que trabajar en la familia. En ese caso se trató de una operación conjunta con Costa Rica, denominada ‘Luz de Esperanza’, en la que se veía cómo los familiares de estas niñas las trasladaban a Costa Rica por la frontera.
En ese caso una unidad del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) nos contactó para dar la alerta que comunicó una señora quien refería que su hermana estaba trasladando a la niña a Costa Rica para explotarla sexualmente. En ese momento hicimos las averiguaciones con los estamentos de seguridad y el Ministerio Público. En la historia de este caso se entendía que se había realizado el acto con meses de anticipación sobre todo por el relato de la niña.
Había más niños, al momento de la operación se rescataron nueve en total. Luego pasó a una verificación y de estos se identificó de forma plena a cinco víctimas, entre ellas dos niñas de seis y 10 años, y dos adolescentes de 13 y 15 años.
Algunas sí, otras del mismo sector donde la población era de escasos recursos económicos. No necesariamente todas eran familia pero los tratantes sí eran todos familia.
Cuando rescatas a estas niñas el primer interviniente es la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) para ofrecer medidas de protección hasta tanto se pudiera verificar el nivel de responsabilidad de sus parientes cercanos y cuál era la alternativa familiar más conveniente. También las intervenciones psicológicas y evitar la revictimización. La comisión contra la trata está integrada por varias instituciones que intervienen, pero al reunirnos establecemos quiénes serán los especialistas y la forma en que van a intervenir.
La comisión contra la trata de personas cuenta con un equipo evaluador conformado por trabajo social y psicología. Ciertamente se necesitan más psicólogos, pero nos apoyamos con la oficina de fortalecimiento emocional del Ministerio de Seguridad para brindar seguimiento y terapias a la víctimas. En el caso de las niñas de Luz de Esperanza el equipo se ha trasladado a Chiriquí para verificar la situación de las víctimas.
Es verdad que existe poco personal, nuestra dirección cuenta con ocho personas a nivel nacional, se necesita más personal, pero el compromiso es amplio. Para expandir el conocimiento capacitamos a las distintas instituciones que conforman las distintas instituciones.
Le agradezco la pregunta. En este momento contamos con un borrador de proyecto que busca actualizar la ley 79 de 2011, de trata de personas y actividades conexas, porque necesitamos robustecer el financiamiento para dar respuesta a las necesidades. Se centraliza la atención de las víctimas en el Estado, a diferencia de otros países donde actúan oenegés. Estamos proponiendo dentro del tema de financiamiento contar con el .50 del impuesto de salida de los extranjeros del territorio nacional. Está establecido un dólar de este mismo impuesto para Conapredes, por eso procuramos que se sumen .50 adicionales para que pasen a la comisión contra la trata de personas.
Eso implicaría subir el impuesto de salida, pero estaría sujeto a las verificaciones y controles al momento de tomar la decisión. Necesitamos revisar la ley porque tenemos 10 años con ella.
Todavía no hemos avanzado a ese monto, pero es un impuesto que cobran otros países. Costa Rica maneja $3 millones, nosotros aspiramos contar con ese dinero para poder brindar el servicio.
Hacemos un estimado de la cantidad de extranjeros que salen del país. En este momento el presupuesto de la Comisión viene del presupuesto de Seguridad Pública para nuestro funcionamiento. Además, contamos con dos cuentas bancarias que suman en este momento un poco más de $30 mil. Eso quiere decir que la capacidad de las cuentas es muy baja para las necesidades existentes. Las cuentas se nutren del dinero aprehendido en operaciones de trata y que posteriormente por decisión judicial se ordena su comiso.
Aproximadamente dos años. Dependiendo si hay un acuerdo de pena cambia el tiempo.
Estamos frente a la explotación sexual.
Se trata del tercer delito más lucrativo de la delincuencia organizada, pero como es tan difícil la detección, cuando vas a una operación en los allanamientos se comisan, por ejemplo, $19 mil, o $13 mil. También se fortalecerían las operaciones para vincularlo al lavado de dinero porque sabemos que tiene relación con otros delitos.
En ese caso hay que ver cuando alguien intenta abordarla registrar su comportamiento, si hay algún adulto cerca y cuál es la relación con la víctima. A veces quieren aparentar ser los padres adoptivos, pero la relación es de hombre-mujer. Tal vez las niñas son muy retraídas, tímidas, esquivan la mirada, son indicadores. Procuramos que la ciudadanía detecte y llame al 104 de operación nacional, o ingrese a www.tupista.org totalmente anónimo.
Yo pienso que no debemos descartar una situación de trata. Recordemos que existe trata trasnacional y requiere de captación en un territorio y el traslado a otro lugar para poder explotar sexualmente a las personas, si es el caso. Vemos que Panamá ha centrado el foco en la frontera de Darién, sin embargo no tenemos casos para identificar posible trata, aunque no lo descartamos. En cambio, con la frontera con Costa Rica sí hemos tenido casos tanto de personas que están entrando a territorio nacional o de extranjeras que ingresan al país.
No siempre están ante la presencia de delincuencia organizada. También hay casos de tratantes individuales y dentro de ellos pueden haber familiares, que resulta un agravante para este delito.
Es un delito muy difícil de detectar y que en algunas ocasiones tiende a confundirse con el tráfico ilícito de migrantes. Se confunde trata con fines de explotación sexual con delitos sexuales, por esa razón hemos trabajado, no sólo con la ciudadanía para prevenir el delito, sino con los miembros de los estamentos de seguridad para que puedan detectar el delito y salvar a las víctimas.
Ciertamente puede haber similitudes, ambos son delitos contra la humanidad y tienen la misma sanción. Pero en el caso de trata de personas la víctima es el ser humano y en el tráfico ilícito de migrantes la víctima es el Estado porque se permite la entrada a una persona a un país en el cual no está autorizado. Para el traficante la finalidad es percibir un dinero, sin embargo, en el caso de las víctimas de trata la finalidad por lo general es la explotación del ser humano. En el caso de trata con fines de explotación sexual el delincuente sí va a recibir dinero, o cuotas diarias que oscilan entre $300 a $500 por ejemplo. Sin embargo también encontramos casos de explotación de servidumbre sexual, cuando el tratante va a utilizar al ser humano para su propia satisfacción. En 2021 se emitieron dos sentencias condenatorias en las que la finalidad era servidumbre.
Los delitos de trata requieren técnicas de investigaciones especiales. Por eso se han emitido protocolos trabajados con organismos internacionales para perfeccionar la manera de investigar el delito, porque es difícil su detección. Se dificulta el tema de la prueba cuando se trata de un extranjero, porque a veces quiere retornar a su país de origen y debemos acompañarle en ese proceso. Por eso hacemos la práctica de pruebas antes de retornar. En ocasiones las personas desisten de continuar porque les preocupan las amenazas a sus familiares. A veces el tratante conoce a la familia, sabe dónde viven. En una de las operaciones que trabajamos con Colombia el tratante sabía donde estudiaba el hijo de la víctima y lo sacó de la escuela. Lo que demuestra el nivel de coerción e intimidación que ejercen para evitar que interpongan las denuncias.