‘Hemos tenido acercamientos con las Naciones Unidas y con algunas agencias multilaterales para el acompañamiento’

El Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) aún analiza los pasos a seguir en el proceso de cierre de Minera Panamá. Ha pasado un mes desde que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y la empresa, pero como nos dice el ministro de la cartera, Jorge Staff, se estudia qué expertos conformarán el panel interinstitucional para asesorar en la materia y a qué empresas se va a contratar para que realicen las auditorías ambientales, económicas y fiscales, además de contar con el asesoramiento de la academia y otras organizaciones internacionales. Los acercamientos efectuados hasta el momento en materia ambiental han sido con las Naciones Unidas y algunos países con vasta experiencia en el tema, como Chile. Sobre los cálculos financieros del plan de cierre, el ministro estima que pueden ser unos $800 millones, pero no necesariamente tienen que salir del Estado, puede tratarse de un proceso mixto en el que la empresa se encargue de ciertas áreas.

¿Cuáles son los avances efectuados en el Mici desde que la CSJ declaró inconstitucional el contrato entre las partes?

La pregunta me permite dar un poco de contexto. El fallo de la CSJ fue el 28 de noviembre y la publicación en Gaceta Oficial fue el 2 de diciembre. Nosotros recibimos la notificación de la CSJ en el Mici el día 4 de diciembre y el día siguiente transmitimos una comunicación a la empresa Minera Panamá estableciendo el cierre y cese de operaciones en función del fallo. Con posterioridad hemos estado desarrollado una propuesta al país que presentamos hace algunos días de un esquema de un plan de acción para la transición postminería del país. Sin duda alguna el núcleo central de este plan de acción es la elaboración de un plan de cierre de la mina.

¿Cuál será el plan de acción?

Ese es el proceso que estamos llevando adelante en los últimos días y tiene una primera estrategia que es la elaboración de un plan de cierre, pero hay otras dos estrategias en paralelo que es la defensa de los intereses del país en los cuatro arbitrajes que nos han informado de forma oficial y el otro punto es el de repensar cómo sustituir y reemplazar ese 4.5% del Producto Interno Bruto que aportaba el proyecto minero.

¿Eso lo ha mencionado anteriormente, pero qué avances hay? ¿Se formó la Comisión Interinstitucional?

Es importante reiterar la hoja de ruta que debemos llevar adelante. El proceso técnico de elaboración de un plan de cierre de mina no se hace de la noche a la mañana. En condiciones normales, a nivel mundial, puede tomar entre seis y 18 meses. Pero ese no es el caso. Estamos tomando las medidas para llevarlo delante de una forma participativa. Estamos presentando la formación de un panel de expertos multidisciplinarios con representantes del gobierno, la academia y la sociedad civil. En este momento es importante tener un nivel de criterio de conformación de ese panel. En primer lugar debe haber representatividad del panel y la especialización técnica para llevar a cabo el trabajo.

¿Tiene nombres?

Todavía no.

¿Cómo los ha buscado?

Lo estamos conformando en función del perfil que necesitamos. Segundo, la composición de ese panel estará enfocado en los componentes de un plan de cierre de la mina para ir ubicando el campo de especialización de cada uno.

¿Cuál será la veeduría ciudadana de ese panel para recuperar la confianza en la ciudadanía?

Esa palabra es clave: la confianza. Por eso estamos planteando esa conformación alrededor del plan de expertos y contar con veeduría ciudadana. Para ello estamos convocando, y hemos tenido acercamientos y retroalimentación positiva de organismos internacionales que van a acompañar el proceso. También estamos convocando a instituciones educativas y sobre todo, resalto, el acompañamiento de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. En este último punto, el sistema nacional de investigadores, el talento científico del país.

¿Qué organizaciones internacionales son las que formarán parte de ese panel?

Hemos tenido acercamientos con las Naciones Unidas, con algunas agencias multilaterales para el acompañamiento. Hay algunos temas que validar con ellos, pero esperemos que en la primera semana de enero tengamos noticias concretas. Nosotros queremos que el plan de acción se convierta en un puente para tejer nuevamente redes de confianza en el proceso.

¿Cuánto tiempo falta para que pueda presentar al público la Comisión Interinstitucional?

En ese caso, como presentamos en el programa preliminar, en enero esperamos tener la propuesta de conformación de expertos interdisciplinarios. No solamente eso, queremos generar el espacio de veedurías y en las otras dos estrategias, espacios de participación. En la defensa de los arbitrajes hay una comisión asesora legal con expertos en arbitraje en nuestro país que acompañan el proceso al igual que en el proceso de reconfiguración económica. No quiero dejar de lado dos ejes importantes: garantizar la preservación ambiental y la gestión segura del proyecto en este momento e iniciar en paralelo las auditorías necesarias para establecer una línea base de cómo está la mina en este momento.

¿Quién va a hacer las auditorías? ¿cuánto van a costar y qué tipo de auditorías serán?

Son pocas empresas en el mundo que tienen la capacidad de generar auditorías técnicas o ambientales, o económicas fiscales en un proyecto como este. Es un proceso que estamos desarrollando, estamos pidiendo colaboración de gobiernos amigos con experiencia en este tipo de procesos. Con Chile, por ejemplo, estamos iniciando un proceso de recomendaciones de empresas que pudieran participar. Pero tanto en el proyecto como en el tipo de auditoría hay que tener en cuenta las condiciones particulares de Panamá, no es lo mismo tener una mina en un clima desértico, como lo tiene Chile que en el área mesoamericana. Pero lo importante es que tenemos ofertas de colaboración gratuita de gobierno a gobierno y de contratación de empresas.

¿Cuánto pueden costar ese tipo de auditorías?

Una auditoría de este tipo, en circunstancias normales, puede costar entre un millón y un millón y medio de dólares. Me refiero a una auditoría ambiental o técnica.

¿Han contratado a alguien?

No, aún no. Estamos evaluando las empresas que cumplan con la condición para ese trabajo.

Siento que ha pasado un tiempo y aún no hay nada concreto, ¿qué pasa en la mina mientras tanto, se efectúa el plan de cuido y mantenimiento?

Yo creo que es bueno resaltar que sin duda hay mucha expectativa sobre el tema, es importante decir que se ha cumplido un mes desde el fallo de la Corte, pero el proceso va a tardar meses. Quiero aclarar eso por el tema de la expectativa y los tiempos. Hemos trabajado sin descanso, se tiene una hoja de ruta, un plan de acción con líneas concretas para desarrollar que debe cumplir ciertos parámetros. Nosotros entendemos las expectativas que hay, pero recordemos que este es un proceso que tomará años y hay que tomar una serie de previsiones para que las decisiones que se toman en este momento sean las correctas. No por tratar de acelerar algunos tiempos, tengamos que echar para atrás después.

¿Cuál es el plan de cuido y mantenimiento que lleva a cabo la mina?

Hay que reiterar que en este momento no hay operaciones mineras en el proyecto. Lo que se tiene son una serie de actividades mínimas de preservación ambiental y gestión segura. Eso es lo que sucede en este momento. Nosotros desde el 5 de diciembre notificamos a la empresa que debía cumplir con estos parámetros y se le está ampliando una serie de riesgos que tenemos que atender para garantizar que no tengamos ninguna circunstancia científica ambiental específica que pueda afectar el proyecto como tal sino a las comunidades aledañas.

¿Cuántas auditorías pretende contratar el gobierno?

En este momento, mínimamente debemos tener la auditoría ambiental y la auditoría integral de procesos mineros. Esas son las que estamos planteando en este momento, pero también estamos planeando las auditorías fiscales y económicas que deben desarrollarse y el componente social.

¿Quién va a pagar el cierre de la mina y cuánto va a costar?

El tiempo de un proceso como este para una mina de estas características es de siete u ocho años que pudiera tardar, y se estima en alrededor de $800 millones.

¿Quién lo paga?

En condiciones normales los cierres de mina los paga la propia empresa concesionaria, pero eso se da cuando la empresa está produciendo ingresos. Este no es el caso. Eso es parte de esas definiciones que estamos haciendo.

¿Lo va a pagar el Estado?

No necesariamente. Es parte de lo que estamos viendo en este momento, pero hay dos alternativas, o lo paga la empresa o lo paga el Estado.

Me acaba de decir que la empresa lo haría en una situación normal, ¿cómo será en este caso?

Estamos definiendo en este momento las circunstancias jurídicas, operativas y comerciales para entender bien y determinar cuál será el costo, la línea base y de ahí ver qué componentes puede asumir la empresa y cuáles el Estado. Todavía no lo hemos definido y es parte de los temas que tenemos que aclarar.

Con una ley de moratoria minera, para hacer el cierre de la mina es necesario hacer extracciones, ¿cómo piensa manejar esta contradicción legal?

Precisamente en una situación normal la empresa minera lo que hace es que cinco o siete años antes del agotamiento del yacimiento empiezan a hacer reservas de sus recursos para financiar el cierre de la mina. Ese no es el caso, no hay posibilidad de extracción adicional de procesamiento o comercialización de material, por lo tanto, eso es parte de lo que estamos discutiendo para un caso tan único. El mundo minero a nivel internacional está mirando qué pasa y que va a pasar en Panamá.

¿Cuándo se tiene una definición sobre ese tema?

En el mes de enero ya debemos tener una claridad en paralelo del inicio de auditorías y de la conformación del panel de expertos.

El gobierno tiene reservados $570 millones que recibió de la mina, ¿para qué se va a usar ese dinero y cuándo?

Eso no se ha decidido.

¿Lo van a usar para cerrar la mina?

Sería una alternativa. Como te digo, hay que esperar las decisiones, pero ese dinero está ahí para decidir en el futuro su uso.

¿Cuáles son los reclamos que puso la mina en este momento?

En el tema arbitral hay inmensas y diferentes posibilidades. Ellos, la mina, podrían estar reclamando no solo el costo de su inversión, que supera los $10 mil millones, sino las pérdidas, lucro cesante. Ahí se habla de $40 mil millones o $50 mil millones que pudieran plantear. No hemos llegado a eso. Lo que hay son intenciones de iniciar un arbitraje formalmente por parte de la empresa y sus accionistas. Te puedo decir que hay cuatro procesos que han iniciado, tres fundamentados en los tratados comerciales entre Canadá y Panamá y un arbitraje comercial fundamentado en una de las cláusulas del contrato que fue declarada inconstitucional.

¿Ustedes pretenden llegar a un acuerdo con la mina para evitar el arbitraje y si es así, qué tipo de arreglo sería?

Es muy temprano para adelantar criterios sobre eso. Dependería mucho de lo que planteen los demandantes y los análisis que haga el gobierno. En este momento no se vislumbran arreglos, aunque no se descartan. En los arbitrajes, como primera fase, siempre hay la oportunidad para llegar a acuerdos, pero en este momento no se han analizado.

¿Qué reclaman los accionistas?

Las decisiones de Panamá por cancelar o dar por terminada la ley que daba vigencia al contrato entre ambas partes. Ellos reclaman sus inversiones y lucro cesante, básicamente es eso.

Su equipo legal, ¿qué pronósticos brinda sobre estos arbitrajes?

No solo el equipo legal, sino que hay que acompañar el proceso con firmas internacionales especializadas en arbitrajes de industrias extractivistas. Pero como planteamos en la hoja de ruta, no solo es el Mici, sino que tenemos el apoyo y acompañamiento del Ministerio Público, que por constitución tiene deber y responsabilidad en la defensa del país, y del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, la comisión legal consultiva que deberá dar asesoramiento en cada movimiento. Cada cosa que haga el país será vigilada por la mina,

¿De qué se están cuidando de no cometer?

En este momento lo importante es tener en cuenta la expectativa ciudadana para muchas de las decisiones y caminos que hay que tomar, pero hay que sopesar cada paso porque no solo afectan el proceso de inicio de cierre de la mina, sino que pueden ser utilizados por el reclamante en sus arbitrajes. El tipo de comunicación que hay con los representantes de la empresa y accionistas hay que tener cuidado con eso. Hemos recibido comunicados de la empresa manifestando que el gobierno no se ha sentado con ellos o ha dialogado, pero quiero aclarar que desde el punto de vista técnico de coordinación y comunicación hay una serie de intercambios con la mina, pero no hay un proceso formal de sentarse hasta que tengamos los instrumentos jurídicos para esa fase.

La mina reclama que los accesos están bloqueados, ¿qué tiene que decir?

Se ha estado permanentemente en la vía de la mina, hay algunas comunidades que han estado interrumpiendo el flujo de insumos y de personal, sin embargo, estamos arrancando un proceso de sensibilización con estas comunidades con el acompañamiento interinstitucional que permita demostrar que el flujo es para actividades mínimas. Ya lo estamos haciendo, es un proceso que viene de un momento de crisis social y de desgaste y que estamos recuperando poco a poco.

¿Cuánto tiempo tomarán las auditorías en realizarse?

Las que estamos considerando pueden tardar entre cuatro a seis meses.

¿Cuáles son los mecanismos que empleará el Mici para dar transparencia en el proceso y evitar sospechas o matar dudas?

Tenemos instrumentos tanto en la ley de Transparencia y mecanismos ambientales para desarrollar y mantener esos pilares. Te recuerdo que cuando presentamos el plan de acción hablamos de ejes transversales, el primero es la vigencia de los datos técnicos en la discusión que estamos haciendo. Eso es rendición de cuentas a través de un portal en el que se va a levantar información, no solo del proceso, sino información técnica para que todas las personas la puedan utilizar: qué son los procesos de cierre de mina, como son los procesos, cuáles son las condiciones y los costos para que con esta información podamos tomar decisiones entre todos.