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- 07/06/2010 02:00
- 07/06/2010 02:00
PANAMÁ. Sólo un pequeño porcentaje de los miles de estudiantes que ingresan a las licenciaturas de la Universidad de Panamá (UP) obtiene el diploma. Gran parte de estos alumnos vegeta hasta por más de diez años, mucho más del periodo estimado en los planes de estudio para el término de una carrera y, en términos económicos, un despilfarro de recursos estatales.
Las estadísticas más actualizadas de la Dirección General de Planificación y Evaluación de la UP revelan que durante los últimos catorce años —de 1994 a 2008— se matricularon 989,495 bachilleres en los programas de licenciaturas, casi un millón. En ese mismo periodo se graduaron 101, 876; es decir, aproximadamente uno de cada diez.
El rezago, es decir, los estudiantes que no se gradúan en el tiempo previsto sino que se van quedando en el sistema, es uno de los factores que causa la baja titulación de licenciados, aspecto considerado como una pérdida para el estudiante, para la universidad y para el país. Así lo planteó la profesora Vielka Escobar, autora el último informe sobre este tema, que data de 2005.
Las autoridades universitarias consultadas por el estudio consideran este rezago como un fenómeno relacionado con la formación media y que aún no se ha estudiado debido, entre otras cosas, a la carencia de sistematización de la información que permita medir la magnitud del problema para tomar decisiones.
ENTRAN, PERO NO SALEN
Pese a esta situación, el secretario general de la Universidad de Panamá, Miguel Ángel Candanedo, considera que la UP tiene una eficiencia en la titulación del 80% anual; es decir, que comparando el número de estudiantes que ingresa cada año, quienes se gradúan representan el 80%. Sin embargo, en opinión de varios expertos, esta comparación no es adecuada, pues ignora el ya mencionado ‘rezago’, es decir, cuántos años ha permanecido en la universidad cada uno de los graduados, 11 años en 2003, según un estudio de la Dirección de Planificación.
La doctora Mariana de McPherson, secretaria del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria de Panamá (Coneaupa), considera que la UP tiene que buscar alternativas para lograr que los estudiantes se gradúen en un periodo promedio de cinco años.
‘El tiempo de estudios es un asunto de eficiencia. La mayoría debe graduarse en cinco años y no en siete ni en diez’, advierte la experta. Recomienda que de la misma forma que se elaboran los perfiles para los docentes se exija un perfil a los estudiantes. ‘Muchos jóvenes, por falta de orientación, deciden estudiar una carrera para la que no son buenos. Si se tiene un buen plan, buenos docentes y un adecuado perfil de quienes ingresan, los estudiantes deben graduarse a tiempo’, asegura.
ENTREN QUE CABEN MÁS
Otro problema tiene que ver con el ingreso. A pesar de que se habla de escasez de plazas en la enseñanza universitaria, este año la UP tenía a la disposición 16,121 cupos. Sin embargo, solo se inscribieron 12,888 estudiantes en el campus central y los centros regionales. De los inscritos, solo 6,751 obtuvo un índice mayor de uno y el resto —6,137— quedó por debajo del índice promedio de ingreso.
Ante el dilema de dejar las aulas vacías o eliminar las barreras, las autoridades universitarias adoptaron la mediana que utilizan los profesores como tabla de salvación cuando los estudiantes no pasan los ejercicios. Fue así como —aplicando una mediana de 0,7— se permitió el ingreso de 3,152 estudiantes más.
Además, la rectoría de la UP eliminó algunos exámenes de admisión, como la prueba sicológica para la mayoría de las carreras, con lo cual aspira a elevar el número de matrículas en estos tiempos, cuando un bajo porcentaje de bachilleres cumple con el puntaje mínimo de ingreso (1) y la curva de matriculados viene cayendo desde 2001.
Al respecto, McPherson señala que la ley respeta la autonomía de las universidades sobre los mecanismos de ingreso. Sin embargo, el Estado debe garantizar que las personas que salen de esas universidades cumplan con el perfil que la sociedad requiere.
Sin embargo, distintos sectores han cuestionado la conveniencia de esta decisión por considerar que implica nivelar por lo bajo el ingreso a la universidad, en lugar de hacerlo cada vez más exigente para tener mejores resultados.