Una contienda electoral con eliminación de candidatos

La contienda electoral de 5 de mayo de 2024 se ha convertido en una carrera con eliminación de candidatos a distintos cargos de elección popular a través de procesos judiciales, que podrían inhabilitarlos y dejarlos fuera de la jugada.

El caso más sonado, es el del expresidente y aún candidato presidencial por los partidos Alianza y Realizando Metas, Ricardo Martinelli, quien sólo está a la espera de que el Juzgado Liquidador de Causas Penales envié al Tribunal Electoral la documentación formal que contiene la sentencia ejecutoriada de 128 meses de prisión y una multa de $19.2 millones por blanqueo de capitales por el caso “New Business”.

La actual diputada del Partido Revolucionario Democratico (PRD), Zulay Rodríguez, quien aspira a tres cargos de elección popular (presidente de la República, diputada y alcalde) también se enfila en la lista de posibles aspirantes que podían ser inhabilitados y quedar fuera de la contienda.

Rodríguez deberá enfrentar audiencia de imputación de cargos el próximo jueves 29 de febrero por la presunta comisión del delito contra el patrimonio económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir y contra la administración de justicia en perjuicio de José Luis Penagos Hernández (q.e.p.d).

Para Zulay Rodríguez, la Corte Suprema de Justicia intentará una vez más pisar el acelerador “tal como lo hicieron hace pocos días con otro candidato presidencial que fue velozmente sancionado por esta misma magistrada Ariadne García, que ahora busca impedir mi participación en las elecciones”.

“Estos eventos marcan un momento crucial en la historia de nuestra democracia y ponen en riesgo la confianza en el proceso electoral”, sostuvo.

Para el abogado Miguel Antonio Bernal, este escenario es la crónica de una inhabilitación anunciada “una vez imputada quieren acusarla para que no presente pruebas y, así, sentenciarla e inhabilitarla...la otra semana van con audiencia ente el Pleno para solicitar medidas cautelares y ponerle casa por cárcel para que no pueda salir a caminar para pedir sus votos”.

Otra de las aspirantes que pueden quedar inhabilitados, es la actual subsecretaria de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda quien busca nuevamente una curul por el circuito 2-3 por el Partido Revolucionario Democrático, el Movimiento Republicano Liberal Nacionalista, Alianza y Realizando Metas.

El Juzgado Segundo Administrativo del Tribunal Electoral fijó para el próximo martes 19 de marzo, acusada de no haber renunciado dentro de los cinco días siguientes a la publicación, en base al artículo 33 del Código Electoral que establece que no son elegibles para cargos de elección popular los servidores públicos que hayan ejercido, en cualquier tiempo, desde seis meses antes de la elección, cargos entre ellos secretario general y subsecretario general de las entidades autónomas y semiautónomas y empresas públicas.

Como un gran riesgo para la democracia de este país califica el Asesor de Campañas Políticas Julio Villalobos, el hecho de que estos procesos judiciales sean en medio del periodo electoral y a tan pocos días de las elecciones generales.

“Emplear el brazo judicial con fines políticos en pleno torneo electoral, no puede ser obra de quien no ostenta el poder ni el control de los tres Órganos del Estado. Panamá atravesó gran parte del siglo XX con ejemplos como estos y el saldo fue negativo para la nación. No se debería volver a repetir estas situaciones que atentan contra la democracia, más aún, si hubo tiempo de sobra para juzgar estos casos y por conveniencia fueron dilatados en el tiempo como factor de negociación política”, acotó.