Ulloa está obligado a investigar revelaciones de Janot: exprocuradores

Estamos ante revelaciones escandalosas que ameritan una inmediata investigación de parte del procurador general de la Nación, Eduardo Ulloa. A esta conclusión han llegado exprocuradores y exfiscales consultados por La Estrella de Panamá sobre las revelaciones que hizo el exprocurador de Brasil Rodrigo Janot en su libro “Nada menos que todo”.

Janot, en el capítulo 14, titulado 'La América en llamas', acusó a su homóloga en ese entonces, Kenia Porcell, de rehusarse a colaborar, durante un año (2015-2016), con las investigaciones de la operación Lava Jato que dio origen al caso Odebrecht, una trama de corrupción gigantesca que involucra a varios países de la región, en donde se pagaron sobornos a políticos y funcionarios a cambio de megaproyectos.

Para Ana Belfon, quien antecediera a Porcell en el cargo de procuradora, los señalamientos del exprocurador brasileño demuestran un escándalo de grandes proporciones que requiere de una investigación profunda porque se estaría ante un caso de concurso de delitos.

Según Belfon estas revelaciones involucran una vulneración a varios títulos del Código Penal, referentes a los delitos contra la administración pública y la administración de justicia, por consiguiente el actual procurador Ulloa tiene la obligación de investigar.

“De acuerdo con la información que se ha recibido, debe hacerse una profunda investigación y considerarse los elementos de juicio que existen para encontrar la verdad”, destacó Belfon.

Rogelio Cruz, quien también fuera procurador general de la Nación durante los primeros años de la era democrática en Panamá, asegura que lo dicho por Janot en su libro señala un delito de abuso de autoridad que amerita una investigación inmediata de parte del procurador Ulloa.

“Si fuera procurador, yo no espero un minuto en contestar a los medios y anunciar una inmediata investigación”, dijo Cruz, al ser consultado por La Estrella de Panamá en reacción a la publicación de este diario sobre las revelaciones del libro de Janot.

Este diario intentó obtener una reacción del procurador Eduardo Ulloa o del Ministerio Público a través de una solicitud enviada a la oficina de prensa, pero al cierre de este diario no se había recibido respuesta al respecto.

Roberto Moreno Obando fue fiscal superior y ha estado cerca de las investigaciones del caso Odebrecht en el rol de abogado defensor; él va mucho más allá en sus comentarios, porque si es cierto coincide con los exprocuradores que se debe iniciar una investigación de oficio, a través de la figura de la noticia criminis, reconoce que es necesaria la declaración del exprocurador Janot para que el caso pueda judicializarse.

“La información periodística no tiene la calidad de prueba, porque la prueba tiene formalidades, la fuente de prueba son testimonios y también documentos”, destacó Moreno Obando.

Explica el exfiscal que Janot tiene que declarar para que la investigación tenga la fuerza, ya sea por medio de programas de comunicación a distancia en caso de que no pueda viajar a Panamá.

La Estrella Panamá logró contactar al exfiscal y exprocurador brasileño Janot a través de un periodista en Brasil, y expresó lo siguiente: “Todo está en el libro, desafortunadamente no he dado entrevistas en un tiempo”.

El libro de Rodrigo Janot fue editado en el año 2019 y traducido al español el 14 de julio de 2020. Allí describe la reunión que sostuvo con la exprocuradora Kenia Porcell en octubre de 2016, con motivo de la asamblea general de la Asociación Iberoamericana de Ministerio Público, un año después de la solicitud de información que le hizo a su entonces homóloga para colaborar en la operación Lava Jato.

“Nerviosa, la mujer que estaban frente a mí sudaba frío y hablaba balbuceando. Era octubre de 2016, época de temperaturas amenas en Lisboa, Portugal, pero Kenia Porcell Díaz temblaba de la cabeza a los pies”, enuncia para describir el comportamiento de la exprocuradora al estar frente a su entonces homólogo, a quien por un año ni siquiera la contestaba las llamadas telefónicas.

“El objetivo era ponernos de acuerdo en los puntos después de un gran embrollo en la colaboración entre las autoridades brasileñas y panameñas en las investigaciones internacionales de Lava Jato”, señala en la obra.

La información del libro trae a la memoria el escándalo revelado por el portal de internet denominado Varelaleaks, donde se dio a conocer cómo a través de conversaciones de mensajería inmediata la exprocuradora Porcell intercambiaba información con el expresidente Juan Carlos Varela sobre el manejo de las investigaciones del caso Odebrecht.

Incluso se intentó sobreseer a Jaime Lasso, uno de los más cercanos colaboradores del exmandatario, argumentando que ya había sido investigado por la procuradora en ese entonces Ana Belfon. La exfuncionaria asegura que estas revelaciones demuestran el entramado oculto que había en el manejo del caso Odebrecht.

En noviembre de 2017 la fiscal Zuleyka Moore en audiencia solicitó el sobreseimiento de Lasso bajo el argumento de doble juzgamiento, asegurando que la exfiscal Belfon lo había investigado por este caso.

Tres años después, ante la renuncia de Kenial Porcell por las revelaciones de los Varelaleaks, la propia fiscal Moore retomó las investigaciones contra Lasso por recibir dinero de Odebrecht para el Partido Panameñista.

Los especialistas consultados por este diario, con experiencia en la administración de justicia y en la práctica del derecho penal, coinciden que el libro de Janot hace alusión a una serie de conductas que vulneran varios artículos del Código Penal, que se conoce como concurso de delitos.

Para Ana Belfon, este concurso de delitos implica la vulneración del Título X del libro segundo del Código Penal en la modalidad de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, además del Título XII que hace referencia a los delitos contra la administración de justicia en la modalidad de encubrimiento, y el Título IX contra la seguridad colectiva en su modalidad de asociación ilícita.

Mientras que Moreno Obando considera que se podrían aplicar claramente dos normas del Código Penal, el artículo 356 que castiga al servidor público que omita, rehúse o retarde un acto propio de sus funciones, y el artículo 391 que castiga el encubrimiento.