Tribunal sanciona a juez Ballesteros en millonario caso contra constructoras; es investigado por la Unidad de Integridad y Transparencia del Órgano Judicial

El Juez Séptimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, Guillermo Ballesteros fue sancionado por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por incurrir en desacato en una decisión de esta instancia superior en la disputa legal entre las empresas Sonama, S.A. y Sonama Panamá S.A., contra el consorcio MECO- ICA-FCC tras un contrato pactado incumplido dentro de los trabajos de ampliación del Canal de Panamá, y una pugna legal que ya tiene 13 años en la Corte Suprema de Justicia, sin un fallo definitivo.

La sanción se produce luego que Ballesteros ordenara levantar un secuestro millonario que había sido decretado contra el consorcio demandado conformado por las empresas MECO-ICA-FCC, pese a la decisión emitida por el Tribunal Superior.

Mediante resolución del 17 de julio de 2024, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial declaró probado un incidente de desacato presentado por Sonama S.A., y Sonama Panamá S.A., en contra del Juzgado Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, a cargo de Ballesteros y en consecuencia, lo sancionó con una multa de $500.001, compulsiva y progresiva por cada día que pase mientras insista en mantener el desacato, a partir de ejecutoriada la resolución.

Al respecto, Ballesteros en su reconsideración a la sanción interpuesta, sustentó ante la juez del Primer Tribunal Superior Civil del Primer Distrito Judicial de Panamá que mediante Auto N°2160 de 1 de diciembre de 2021, decide admitir la contra cautela presentada y ordena levantar el secuestro conforme al artículo 546 del Código Judicial.

Planteó que como la caución ya estaba constituida antes de la orden de esta Superioridad, su Tribunal, dentro de sus facultades como director del proceso, le asistía la facultad de ordenar el reemplazo, complementar o mantener la caución ya constituida, pues lo que prevé dicha norma no es la ejecución de una obligación procesal, sino, la facultad optativa que tiene el juez como director del procesо “а su prudente arbitrio”.

No obstante, la magistrada juez Melina Elisa Robinson Oro planteó sus diferencias del criterio esbozado por el juez Ballesteros, recordando que en la Resolución Judicial del 4 de agosto de 2022, se confirma en todas sus partes el Auto N°1910 del 18 de octubre de 2021, y en consecuencia, ordena mantener la cuantía del secuestro en la suma de $5 millones 714 mil 479.96.

”Para esta superioridad es evidente que, si se confirma la cuantía del secuestro, resulta necesario que se ajuste la caución dada, porque es insuficiente, y así fue ordenado por este Tribunal Superior. Siendo así, lejos de ello, el juez incidentado decide ordenar el levantamiento del secuestro, lo cual contraría la orden dada”, indicó la juez.

Ballesteros admite investigación de Unidad de Integrigad y Transparencia

En tanto, en una contestación ante la Juez del Juzgado Undécimo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, frente a un incidente de recusación interpuesto en su contra, por los apoderados judiciales de las empresas Sonama, S.A., y Sonama Panamá S.A., el juez Ballesteros señala que no se declaró impedido en este caso, toda vez que no tenía actualmente el conocimiento de los cuadernillos de secuestro, los cuales recalcó que se pidieron en calidad de préstamo para cumplir algunos requerimientos del Primer Tribunal Superior en relación al incidente de desacato también interpuesto por la empresa demandante.

Argumentó también que dichos cuadernillos se devolvieron al Primer Tribunal Superior, a fin de que continúen con la tramitación de los recursos de apelación.

El propio Ballesteros además admite en este escrito que es cierto que existe una denuncia en la Unidad de Investigación de Integridad y Transparencia “por lo que debo declararme impedido cuando el expediente regrese de las instancias superiores”.

La Unidad de Investigación de Integridad y Transparencia, es la encargada de investigar a los funcionarios judiciales en general, entre ellos Jueces y Magistrados, para verificar si cometieron actos contrarios a la ética o normas administrativas judiciales.

Tras la explicación que brinda a la juez, Ballesteros manifiesta estar de acuerdo en no seguir manteniendo el conocimiento del proceso con el propósito de evitar algún tipo de animadversión entre su persona y la firma de abogados demandante, por lo que pidió al Juzgado Undécimo de Circuito Civil, que acceda al incidente de recusación, se le declare impedido y, en consecuencia, se le separe del conocimiento del proceso ordinario promovido por los demandantes.

Las actuaciones de Ballesteros han sido puestas en duda en otros casos en los que ha actuado. En julio de 2012 en una vista fiscal elaborada por la Fiscalía Tercera Anticorrupción se determinó que el juez séptimo civil, Guillermo Ballesteros, se excedió en sus facultades al ordenar a una empresa, a través de una resolución del 17 de junio de 2010, que se abstuviera de ejercer acciones legales hasta que se resolviera una demanda en su contra por supuesto incumplimiento de contrato en perjuicio de otra sociedad.

Toda una odisea legal

Esta polémica legal es producto de una demanda civil, por $25 millones interpuesta por Sonama S.A. y Sonama Panamá S.A., contra el consorcio MECO-ICA-FCC, dos de ellas (MECO y FCC) confesas de haber cometido actos de corrupción en Panamá y representadas en este caso por una reconocida y poderosa firma de abogados panameña.

La demanda ya lleva 11 años de haber sido presentada, ya que fue interpuesta en 2013; sin embargo, un recurso final de casación presentado hace 4 años aún no ha sido resuelto por la Sala Primera Civil de la Corte.

Todo inició luego de que el consorcio MECO-ICA-FCC, a quienes se les adjudicó un proyecto de excavación y de movimiento de tierra del proyecto de expansión de Canal de Panamá, subcontratara a las empresas Sonama y Sonama Panamá S.A, representadas por el empresario español Manuel Valiente.

Valiente ha explicado que aunque el consorcio señalado les pagó los primeros trabajos o la primera fase del movimiento de tierra realizados, posteriormente no cumplieron con el pago de la segunda fase, argumentando un supuesto incumplimiento, que asegura, nunca existió.

“Tenemos toda la documentación notariada, peritada, presentada y admitida; lo que demuestra la veracidad de toda nuestra reclamación”, enfatiza Valiente.

Señaló que producto de este incumplimiento en los pagos, su empresa ha quedado prácticamente quebrada, y la maquinaria traída desde España ha estado por once largos años a la intemperie en un terreno en La Chorrera, porque no tienen el dinero para embarcarla de vuelta.

Destacó que a pesar de toda la documentación y las pruebas presentadas en el proceso legal, las dos primeras instancias de la Corte, que atendieron este caso fallaron a favor de sus empresas, pero no en la totalidad de sus reclamaciones, a pesar de haber demostrado que cumplieron con las dos fases del contrato.

Explicó que en la primera instancia, en el Juzgado Séptimo de Instrucción que atendió el caso en la Corte, los folios eran once mil, en los cuales estaban todas las pruebas aportadas, y el señor juez no valoró la documentación y las pruebas aportadas.

Detalló que después el caso pasó a la segunda instancia, en el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, y allí se dio cuenta que el abogado que inicialmente lo representaba, paralelamente también era abogado de FCC, algo que inicialmente desconocía.

En la segunda instancia prácticamente, explica Valiente, pasó lo mismo más o menos, esta vez a través de un fallo un poco más favorable que el de la primera instancia, pero que de igual manera no cubría en lo absoluto todas las reclamaciones.

Para Valiente todo está muy claro y plantea que “la justicia de Panamá tristemente tiene fallas. “Yo no digo que los jueces sean corruptos, yo creo que los más no lo son, pero unos menos, que son los corruptos, desprestigian todo el sistema judicial”, enfatizó.

Valiente recordó que directivos de las empresas MECO y FCC quienes forman parte del consorcio demandado, resultaron confesos y llegaron a acuerdos de pena con las autoridades de Panamá por el pago de millonarios sobornos a las autoridades del Gobierno de esa época para adjudicarse obras estatales.

Sala Civil aún no se pronuncia

El caso está -desde hace cuatro años- en la Sala Primera de lo Civil, luego de haberse interpuesto un recurso de casación.

Esta Sala Primera de lo Civil está a cargo de los magistrados Mirian Chen (ponente del caso), Ángela Russo y Olmedo Arrocha. La magistrada Russo también fue recusada en este caso.