Tribunal no admite amparo a Martinelli contra lo actuado por la jueza Marquínez

El Primer Tribunal Superior a través del edicto No. 23-3168 no admitió un amparo de garantías constitucionales al expresidente Ricardo Martinelli contra el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Martinelli presentó este amparo en contra de la juez segunda liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloisa Marquínez.

La defensa del exmandatario presentó el amparo contra Marquínez por la decisión que adoptó en la audiencia ordinaria celebrada el 25 de mayo de 2023 dentro del expediente del caso conocido como “New Business”, el cual se le sigue a Martinelli por el presunto delito de blanqueo de capitales.

El juicio del caso “New Business” comenzó el pasado 23 de mayo de este año. Durante el tercer día de la audiencia, es decir el 25 de mayo, los abogados defensores de este caso pidieron a la jueza Marquínez la suspensión del juicio por la ausencia de varios testigos.

Al declararse cerrada la sesión del jueves 25 de mayo los abogados defensores se quejaron ante la jueza por la ausencia de los testigos protegidos y recordaron que la teoría del caso se basa en sus testimonios.

El amparo fue presentado por el apoderado de Martinelli Alfredo Vallarino Alemán.

Para notificar este fallo del tribunal se fijó el presente edicto en un lugar visible de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia este 24 de julio, a las 3:00 p.m. y por un término de cinco días hábiles.

Martinelli, aspirante a la Presidencia de la República para un segundo mandato, fue condenado este 17 de julio a 128 meses de prisión (10 años y ocho meses) por el delito de blanqueo de capitales en calidad de autor por el caso conocido como “New Business”.

“New Business” era una sociedad canasta empleada para colectar fondos procedentes de contratos estatales manejados de manera irregular para la compra de un grupo editorial.

Marquínez también sancionó a Martinelli con el pago de $19.2 millones como pena accesoria por la compra del grupo Editora Panamá América (Epasa), el cual adquirió en diciembre de 2010 a través de interpuestas personas con dinero procedente de la comisión de delitos contra la administración pública.